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La Audiencia de Palma notificará hoy la sentencia del ‘caso Nóos’

El tribunal dará a conocer el fallo a partir de las 12 del mediodía

Madrid / Palma de Mallorca

La Audiencia Provincial de Palma notificará este mediodía la sentencia a los 17 acusados del caso Nóosla trama de desvío de fondos públicos protagonizada por Iñaki Urdangarin, esposo de la infanta Cristina de Borbón. El tribunal presidido por la magistrada Samantha Romero ha trabajado durante casi ocho meses para tener uno de los fallos judiciales más esperados de los últimos años. El fiscal pide 19 años y medio de prisión para Urdangarin mientras que a la hermana del Rey solo la acusaba el extinto sindicato Manos Limpias.

Urdangarin y Cristina de Borbón. En vídeo, cómo empezó el caso Nóos. FOTO: T. R. / VÍDEO: ATLAS

El juicio por la trama de desvío de fondos públicos al Instituto Nóos, presidido por Iñaki Urdangarin y su socio, Diego Torres, quedó visto para sentencia el pasado 22 de junio, tras 61 sesiones que se iniciaron hace ya más de un año, el 11 de enero de 2016.

El fiscal anticorrupción Pedro Horrach insiste en que ambos socios están en la cúspide de la trama que permitió desviar a sus bolsillos 4,5 de los 6,2 millones de euros que costaron a las arcas autonómicas baleares y valenciana y al Ayuntamiento de Madrid los congresos Illes Balears Forum y Valencia Summit —entre los años 2003 y 2006—, organizados por el Instituto Nóos, y la colaboración de Urdangarin con la fallida candidatura olímpica Madrid 2016.

El fiscal solicita para el cuñado de Felipe VI —que este viernes conocerá la sentencia durante una visita al Museo Thyssen de Madrid— 19 años y medio de prisión por delitos de malversación, prevaricación, fraude, tráfico de influencias, delitos fiscales, falsedad documental, estafa y blanqueo de capitales. Para Diego Torres, la pata ejecutiva del Instituto Nóos, la reclamación del ministerio público es ligeramente inferior: 16 años y medio de prisión. Para su esposa, Ana María Tejeiro, Horrach pide dos años y medio por blanqueo, y para el hermano de esta, Marco Antonio Tejeiro, el contable que confesó al fiscal todo el entramado, pide la misma pena.

Urdangarin, defendido por el abogado Mario Pascual Vives, ha mantenido en todo momento su inocencia. En su declaración como acusado, el yerno del Rey emérito negó ser un comisionista y la única concesión que hizo al fiscal fue la existencia de empleos ficticios en Aizoon, la sociedad que compartía con su esposa y a la que supuestamente se cargaron gastos domésticos de la familia.
En el caso de la infanta Cristina, su horizonte penal también es una incógnita. La fiscalía nunca ha ejercido la acusación contra ella. De hecho, durante el juicio y durante la fase de instrucción, Horrach salió repetidamente en su defensa. A la menor de las hijas de Juan Carlos I y Sofía de Grecia únicamente la acusa el sindicato ultraderechista Manos Limpias.

La petición de penas

Iñaki Urdangarin. El fiscal pide para el esposo de la infanta Cristina 19,5 años de cárcel por la comisión de los delitos de malversación, prevaricación, fraude, tráfico de influencias, delito fiscal, falsedad, estafa y blanqueo. 

Cristina de Borbón. La fiscalía reclama a la Infanta la devolución de 587.000 euros como partícipe lucrativo de los delitos de su esposo. 

Diego Torres. El fiscal pode para el exsocio de Urdangarin 16,5 años de cárcel por malversación, prevaricación, fraude, tráfico de influencias, delito fiscal, falsedad, estafa y blanqueo. 

Jaume Matas. La petición para el expresidente balear es de cinco años de cárcel por malversación, prevaricación, falsedad y fraude. 

Marco Antonio y Ana María Tejeiro. El fiscal pide para el contable de Nóos dos años de cárcel y otros dos para Ana María Tejeiro por blanqueo de capitales. 

José Luis Ballester. Para el ex director general de Deportes balear, el fiscal pide dos años de prisión sustituibles por el pago de una sanción de 14.400 euros. 

Esta organización, que se dedicaba a interponer querellas para ganar notoriedad, sobre todo contra todo aquello que tuviera aroma a izquierdas, fue disuelta después del encarcelamiento de su líder, Miguel Bernad, en la Operación Nelson. En esta investigación de la Audiencia Nacional, centrada en la asociación Ausbanc, se descubrió que Bernad reclamó tres millones de euros a cambio de desistir de las acciones penales contra Cristina de Borbón.

Sin embargo, la Operación Nelson llegó cuando el juicio del caso Nóos ya estaba empezado y las acusaciones ya habían cobrado firmeza. Al final de la vista oral, el pasado junio, la abogada que representaba a Manos Limpias, Virginia López Negrete, mantuvo inalterada la petición de ocho años de prisión contra ella como cooperadora necesaria en los dos delitos fiscales que se atribuyen a su esposo a través de la mercantil conjunta Aizoon, en los años 2007 y 2008.

Aunque Bernad, ex secretario general de Manos Limpias, y antiguo dirigente de Fuerza Nueva, anunció su intención de disolver el sindicato y revocar los poderes de representación sobre la letrada López Negrete, antes de salir de prisión la pasada navidad, esta ha asegurado que sigue representando legalmente a la organización y que podrá interponer un recurso ante el Tribunal Supremo en el caso de que la sentencia no fuera de su agrado.

El caso Nóos es la 25ª de las 28 piezas, y la más conocida, del macrosumario del caso Palma Arena, la gran trama de corrupción en las Islas Baleares. El expresidente autonómico Jaume Matas es otro de los grandes protagonistas de la jornada. El político logró, con una confesión calculada al milímetro y la entrega de su palacete en el centro de Palma, una reducción en la petición de pena de la fiscalía que ha pasado de 11 a 5 años.

La confesión de Matas

En su declaración como acusado, el 11 de febrero de 2016, Matas reconoció que ordenó contratar a dedo al cuñado de Felipe VI, al que describió como un “conseguidor” y un “facilitador” de contactos por su condición de miembro de la familia del Rey. Sin embargo, descargó en su subordinado José Luis Ballester, el principal arrepentido de la trama, el peso de las irregularidades administrativas que se le achacaban.

Los otros cuatro acusados baleares, todos ex altos cargos del Gobierno autónomo del PP —Ballester, Gonzalo Bernal, Juan Carlos Alía y Miguel Ángel Bonet—, han logrado un acuerdo con la fiscalía que les permitirá no ingresar en prisión. Todos han pactado con Anticorrupción penas menores que pueden ser sustituidas por el pago de multas, han consignado dinero y han reconocido su culpa, cumpliendo las condiciones que siempre han exigido los fiscales Pedro Horrach y Ana Lamas para alcanzar acuerdos.

Se trata de una estrategia opuesta a la de los cinco acusados de la rama valenciana, que han defendido su inocencia y para quienes el fiscal pide entre seis y ocho años de prisión. Se trata del exvicealcalde de Valencia Alfonso Grau; el exsecretario de Turismo de la Comunidad Valenciana Luis Lobón; el ex director de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia José Manuel Aguilar; la exresponsable jurídica de este organismo Elisa Maldonado y el exdirector del Instituto Valenciano de Finanzas Jorge Vela.

También se ha aferrado a la inocencia la única acusada por parte del Ayuntamiento de Madrid. Mercedes Coghen, ex conssejera delegada de la fallida candidatura olímpica Madrid 2016, se enfrenta a una petición de pena de cinco años de cárcel por malversación, falsedad documental, prevaricación y fraude a la Administración.

A la espera de un fallo judicial en Ginebra

La infanta Cristina e Iñaki Urdangarin permanecen en Ginebra esperando a que este viernes se notifique la sentencia por el caso Nóos, según afirmó ayer el abogado del exduque de Palma, Mario Pascual Vives, que aseguró que espera "lo mejor".

"Alguien dijo que estamos preparados para lo peor, esperamos lo mejor y veremos qué sucede", indicó el letrado, que reconoció que no entra dentro de sus previsiones que se imponga una condena de prisión para su cliente. "Las notas siempre son al final de curso", indicó. Mientras que para Urdangarin el fiscal Pedro Horrach reclama 19,5 años de cárcel, a la Infanta solo le reclama la devolución de 587.413 euros como responsable a título lucrativo. Es decir, que, se benefició supuestamente del fruto de un delito sin saber del origen ilícito de esos fondos.

El fallo que se conozca hoy, en cualquier caso no es definitivo y se podrá recurrir ante el Tribunal Supremo.

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