Garoña: el extraño caso de la nuclear que (casi) nadie quiere reabrir
Garoña tiene el visto bueno del CSN para operar aunque sus dueños dudan de la viabilidad económica. De fondo está el debate sobre el futuro de todo el sector nuclear
Es la más pequeña y más antigua de España. En el último año en el que estuvo enganchada a la red, 2012, apenas generó el 6% de la electricidad de todo el sector nuclear. Hasta sus dueños dudan de que sea rentable volver a ponerla en marcha y la mayoría de partidos en el Congreso rechaza que la central de Garoña (Burgos) opere de nuevo. Pero el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha informado esta semana favorablemente sobre su reapertura.
¿Reabrirá?
Una vez que el pleno del CSN ha informado favorablemente —cuatro consejeros votaron sí y uno no— su reapertura depende de una decisión política y de su viabilidad económica. El Ministerio de Energía es el encargado de conceder o denegar la licencia. La propietaria, Nuclenor —Iberdrola (50%) y Endesa (50%)—, pidió en 2014 que pudiera operar hasta 2031.
El ministerio abrirá un proceso de consultas antes de decidir. Tiene seis meses. El departamento de Álvaro Nadal ha anunciado reuniones con sindicatos, comunidades —Castilla y León, donde está Garoña, apoya la reapertura; y País Vasco, vecina de la central, la rechaza—, partidos, empresas, ecologistas... Suponiendo que Energía concediera la licencia, tampoco está claro que fuera hasta 2031. El ministerio puede fijar el horizonte temporal que estime. En 2009, Garoña recibió el visto bueno del CSN para diez años más, pero el ministerio decidió entonces concederle solo cuatro. Nuclenor no esperó a agotar ese plazo y cerró en 2012, alegando que los nuevos impuestos hacían que no fuera rentable mantenerla abierta.
¿Qué harán los dueños?
El plazo de la licencia —en el caso de que Energía la conceda— sería clave para conocer su viabilidad. Endesa e Iberdrola, oficialmente, dicen que tienen que estudiar el informe del CSN, donde se fija un paquete de inversiones como requisito para que vuelva a funcionar. El pasado abril se filtró una conversación del presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, con los sindicatos en la que aseguraba que la reapertura no era viable. El consejero delegado de Endesa, José Bogas, ha sostenido esta semana que la decisión no está aún tomada y que deben estudiar el informe del CSN. Pero fuentes del sector eléctrico apuntan a la dificultad de poder rentabilizar las nuevas inversiones que se les piden en poco más de una década de funcionamiento con una central tan pequeña.
¿Cuánto cuestan esas inversiones? El CSN, que ha fijado las obras necesarias, rechaza dar una cifra. Argumenta que el organismo no se encarga de analizar los costes, sino la seguridad. La horquilla que fuentes del sector eléctrico dan va de los 150 a los 200 millones. Las fuentes más partidarias de la reapertura se quedan en la parte baja, y las más reacias, en la alta.
¿Por qué ha sido polémica la decisión del CSN?
Porque el supervisor ha incumplido las reglas que él mismo fijó para emitir su informe. En la primavera de 2015, la dirección del CSN se dirigió a los propietarios de Garoña por escrito para comunicarles que, antes de emitir su informe, debían acometer cuatro grandes obras, planteadas ya en la licencia de 2009. Son actuaciones en el sistema de gases de reserva, en la red eléctrica, protección antiincendios en el edificio de turbina y modificaciones en el aislamiento de contención. Ninguna está completada, lo que no ha impedido que el CSN informe a favor de la reapertura.
En octubre de 2016, el presidente del CSN, Fernando Marti, reiteró en el Congreso que esas obras eran necesarias antes del pronunciamiento del supervisor. Pero, en cuatro meses, la posición ha variado. Los consejeros del CSN que han votado a favor de la reapertura argumentan ahora que esa condición no era "vinculante". Añaden que, en todo caso, las obras pendientes se deben acometer antes de la reapertura, si es que vuelve a funcionar Garoña. El CSN ha pasado así la patata caliente al ministerio.
¿Y si no se reabre?
Comenzaría entonces un largo proceso de desmantelamiento. La primera fase sería la retirada del combustible gastado, que duraría tres años. Luego vendría el desmantelamiento, que duraría siete, según un informe de 2014 de Enresa —la empresa pública encargada de gestionar los residuos radiactivos—. A la hora de establecer el coste del desmantelamiento, hay otra vez un baile de cifras en el sector que va desde los 200 millones a los más de 450 millones. Este coste lo asumiría Enresa, que se financia con los impuestos que pagan las centrales. Además, habría que añadir los más de 100 millones que las eléctricas Iberdrola y Endesa tienen ya reservados para el desmantelamiento.
Enresa, que se tiene que encargar de todo el proceso, sostiene a través de un portavoz: "No podemos dar un coste estimado del desmantelamiento de Garoña porque no hay un proyecto de detalle". Pero en 2011 esta empresa recibió un estudio titulado Desmantelamiento y Descontaminación de la C.N. Santa María de Garoña, que Enresa encargó a Iberdrola Ingeniería. Ese análisis, que no se hizo público, fue traslado por Enresa al Gobierno en diciembre de 2011.
¿Inaugura un camino para el resto de centrales?
"Sienta un precedente", han coincidido la mayoría de los partidos respecto a la posibilidad de que el resto de nucleares españolas —cinco en activo— puedan funcionar más allá de los 40 años, la vida para la que fueron diseñadas en principio. En el CSN, los consejeros favorables a su reapertura argumentan que no es un precedente porque Garoña ya operó hasta los 42. Pero el proceso de análisis de la reapertura de esta central ha servido para que el CSN cambie su normativa y suprima el apartado por el que hasta ahora la renovación de las licencias se concedía por un periodo de diez años. Esto permitirá que las centrales en activo puedan solicitar licencias para irse directamente a los 50 o 60 años, como quieren sus propietarios. El plazo de vigencia de las licencias dependerá ahora del Gobierno.
La central más potente de España, Almaraz (Cáceres), solicitará en mayo renovar su licencia para ir más allá de los 40 años, algo que ya ha causado un choque con Portugal. Almaraz genera casi el 30% de la electricidad del sector nuclear.
¿Qué pasa con los residuos?
Al margen de hipotéticos accidentes, el principal problema de la energía nuclear son los residuos, que permanecen activos miles de años. El vigente plan nacional de residuos radiactivos, de 2006, está desfasado. Primero, porque contemplaba que en 2010 España contaría ya con un Almacén Temporal Centralizado, un proyecto que está paralizado. Y, segundo, porque el horizonte que se establecía era de "40 años de vida" para las centrales.
El Tribunal de Cuentas alertó en un informe de fiscalización sobre Enresa que se estaba gestando un grave problema de financiación. Señalaba que, con el modelo actual de financiación, quedarán "sin cubrir el 28% de las necesidades de financiación estimadas por Enresa para hacer frente al flujo de costes previstos en el periodo 2010-2085 por la gestión de los residuos radiactivos y el combustible nuclear gastado". Y alertaba del riesgo de que ese desfase —1.800 millones— lo acaben pagando "generaciones futuras", en vez de las centrales que es lo que prevé la normativa europea y nacional.
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