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Nueve empresarios confirman la financiación ilegal del PP de Camps

Los industriales pactan la confesión con la fiscalía ante el juicio de la rama valenciana de Gürtel

El expresidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps.
El expresidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps.

Todos los empresarios imputados por financiar ilegalmente al PP valenciano durante las elecciones municipales y autonómicas del año 2007 y en las generales de 2008 han reconocido los pagos en dinero b a cambio de reducciones de condena. Seis nuevos empresarios han seguido los pasos del constructor alicantino Enrique Ortiz y de los industriales Alejandro Pons y José Francisco Beviá y han reconocido ante la Fiscalía Anticorrupción que realizaron abonos bajo cuerda por 1,2 millones a la mercantil Orange Market, del líder de la Gürtel Francisco Correa, que se encargaba de realizar los actos electorales del PP valenciano durante la presidencia de Francisco Camps. El partido, al mismo tiempo, desde su caja b valenciana, abonó a Orange Market durante aquellas campañas electorales un total de 2,2 millones, según la investigación.

Los nuevos empresarios que han alcanzado un pacto con Anticorrupción son Vicente Cotino Escribá (sobrino del expresidente de Les Corts Valencianes Juan Cotino), Enrique Gimeno Escrig, Tomás Martínez Berna, Rafael Martínez Berna (expresidente de la patronal alicantina), Antonio Pons Dols y Gabriel Alberto Batalla Reigada.

Para encubrir los pagos —prohibidos por la legislación electoral—, los constructores firmaban con la empresa de Correa contratos presuntamente falsos, "que no tenían una sustantividad real al modo de la contraprestación de servicios". Según ha adelantado la Cadena Ser, está previsto que este viernes los empresarios acudan a la sede de la Fiscalía Anticorrupción para rubricar el acuerdo, con el que esperan una reducción de las penas solicitadas inicialmente y que variaban entre los cuatro y los seis años de cárcel, por delitos electorales y de falsedad documental.

La ley de régimen electoral impide que empresas contratistas de la Administración financien campañas electorales y, en todo caso, el importe máximo que cada persona física o jurídica puede aportar a la cuenta electoral de cada partido político es 6.012 euros.

Según el juez De la Mata, "con el propósito de obtener mayor despliegue en el proceso electoral, tanto en las elecciones de 2007 como en las de 2008, los acusados integrados en el Partido Popular de la Comunidad Valenciana (...) contrataron a la mercantil Orange Market SL servicios que abonaron de modo irregular, en parte en efectivo y en parte a través de terceros". El magistrado recuerda que en ambos casos "tales pagos no quedaron reflejados en facturación ni en contabilidad".

La empresa de eventos Orange Market fue la que sirvió al líder de Gürtel, Francisco Correa, para refugiarse en la Comunidad Valenciana después de que el PP nacional rompiera su relación con él a partir de 2004, cuando Mariano Rajoy llegó a la presidencia de la formación conservadora.

El juez De la Mata abrió el pasado 26 de febrero juicio oral contra cinco altos cargos del PP de Francisco Camps y contra diez empresarios –al décimo, José Enrique Fresquet, solo le acusa el PSOE- por la trama valenciana del caso Gürtel. Ortiz, dueño del 70% del suelo urbanizable de Alicante, se sentará en el banquillo junto con los cabecillas de la trama Gürtel (Francisco Correa y Álvaro Pérez, el Bigotes, entre otros), por pagar a la empresa Orange Market actos de campaña del PP que luego se camuflaban supuestamente con facturas falsas.

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