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El Senado pide “intensificar vínculos” con Israel pero condena los asentamientos

PP y PSOE pactan un texto con motivo del 30 aniversario de las relaciones diplomáticas

Un policía israelí durante la demolición de un asentamiento judío en Amoná (Cisjordania). EFE

Una de cal y otra de arena. En plena polémica internacional por la ley israelí que pretende legalizar retroactivamente medio centenar de colonias en tierras propiedad de palestinos, el Senado aprobó ayer una moción en la que insta al Gobierno a “intensificar los vínculos entre España e Israel”. La iniciativa, presentada por el PP, salió adelante con el apoyo del PSOE, después de que los populares aceptaran incluir una “condena de los asentamientos ilegales”.

La moción del PP resultaba extemporánea, pues aludía a la celebración del 30º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre España e Israel, que se cumplió el año pasado. Con tal motivo, instaba al Gobierno a “continuar trabajando para intensificar los vínculos entre España e Israel, dinamizando nuestras relaciones en los principales campos de la economía, el comercio, la innovación y la cultura”. El PP quiso mantenerla y llevarla a la Comisión de Exteriores de la Cámara alta, donde tiene mayoría absoluta.

Sin embargo, aunque podía haberla aprobado en solitario, el Grupo Popular admitió una enmienda del PSOE en la que se instaba al Gobierno a “trasladar a Israel el firme compromiso de España con la existencia de dos Estados y, por tanto, su condena de los asentamientos ilegales en los territorios ocupados promovidos y autorizados por el actual Gobierno de Israel”.

Casi a la misma hora en que esta moción se aprobaba en el Senado, la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores declaraba que la ley que legaliza las ocupaciones de tierras privadas palestinas por colonos israelíes “constituye un motivo de grave preocupación, ya que implica un salto cualitativo en la política israelí en materia de asentamientos y aleja la perspectiva de la solución de los dos Estados, la única que puede traer una solución justa y permanente al conflicto”. Numerosos países europeos —Portugal ayer mismo— ya habían condenado esta ley.

De 'macrodirector' general a embajador en Tel Aviv

M. G.

El actual director general del Ministerio de Asuntos Exteriores para el Magreb, África, Mediterráneo y Oriente Próximo, Manuel Gómez-Acebo, será el nuevo embajador de España en Tel Aviv, según fuentes diplomáticas. Gómez-Acebo dirigía desde mayo de 2013 esta macrodirección general (que el ministro Alfonso Dastis quiere trocear, para crear un dedicada al África Subsahariana). Anteriormente había sido subdirector general de África del Norte y embajador en Guinea Ecuatorial. Gómez-Acebo sustituirá a Fernando Carderera, embajador en Tel Aviv —casi ningún país reconoce a Jerusalén como capital de Israel, lo que ha prometido hacer Trump— desde junio de 2012.

La Comisión de Exteriores del Senado aprobó también, en este caso por unanimidad, una moción del PNV que reproducía textualmente la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU de diciembre pasado que calificaba de ilegales y contrarios al derecho internacional los asentamientos israelíes en territorio palestino. Todos ellos, incluso los que Israel considera legales.

El portavoz del PP, Carlos Aragonés, aseguró que apoyaría la moción “gustosamente”, aunque admitió que, en todo caso, “no tendría más remedio que hacerlo”, pues la resolución se aprobó bajo la presidencia española del Consejo de Seguridad y con el voto del embajador español. La resolución, que salió adelante gracias a la abstención de la Administración de Obama, a un mes de la toma de posesión de Trump, provocó una airada reacción de Israel, que tomó represalias contra Senegal y Nueva Zelanda y suspendió los contactos con las Embajadas de los 14 países que la votaron en el Consejo de Seguridad, incluida España.

Pese a los reproches, la moción del Senado tiene una ventaja para Israel: el llamamiento a “intensificar los vínculos” entre ambos países supone un rechazo implícito a la campaña BDS (Boicot, Desinversión, Sanciones) que busca presionar a Israel para que ponga fin a la ocupación, apoyada por más de medio centenar de Ayuntamientos e instituciones locales españolas.

 


 

 


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