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Las asociaciones de jueces critican el intento de los manifestantes de “intimidar” al tribunal

“No nos cabe duda de que la independencia y profesionalidad de los tribunales no se deja intimidar por nadie", señala el colectivo mayoritario

Concentración a las puertas del tribunal superior catalán en apoyo a Mas. Ampliar foto
Concentración a las puertas del tribunal superior catalán en apoyo a Mas. EFE

Las principales asociaciones de jueces españolas han rechazado la manifestación celebrada este lunes en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en apoyo al expresidente de la Generalitat, Artur Mas, y sus consejeras Joana Ortega e Irene Rigau, juzgados por desobediencia por la organización de la consulta independentista del 9 de noviembre de 2014 desobedeciendo el veto del Constitucional. Las asociaciones consideran que la concentración trata de “presionar” o “intimidar” al tribunal presidido por el magistrado Jesús Barrientos, presidente del Tribunal Supreior de Justicia de Cataluña, algo que consideran “inadmisible” e “intolerable”.

Celso Rodríguez Padrón, portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), mayoritaria en la carrera y de carácter conservador, recuerda que los manifestantes están en su derecho de solidarizarse y mostrar su apoyo a los acusados, pero que “rodear un tribunal no son condiciones óptimas en un estado de derecho”.

“No es concebible en un estado de derecho ningún tipo de manifestación que intente influir de algún modo en el ejercicio de la jurisdicción que lleva a cabo con normalidad cualquier tribunal”, ha afirmado Rodríguez Padrón. Este magistrado añade, no obstante, que el tribunal del caso 9-N, como cualquier otro, es inmune a las presiones: “No nos cabe duda de que la independencia y profesionalidad de los tribunales no se deja intimidar por nadie”.

Los fiscales: "No se judicializa un problema político"

Jesús Alonso, portavoz de la Asociación de Fiscales, también mayoritaria en el ministerio público y de signo conservador, afirma que “esa concentración o reunión lo que pretende es presionar de una manera clara al tribunal”, y considera “llamativo” que “las instituciones catalanas se posicionen cuando deberían ser las primeras en mantener la equidistancia y separación de poderes”.

“No compartimos la idea de que se esté judicializando un problema político sino que se enjuicia determinadas personas que han sido políticos, y se les juzga por la presunta comisión de hechos que se presumen ilícitos (…) El político no se puede excusar de cumplir la ley porque defiende una ideología. Tiene un plus de responsabilidad por razón de su cargo, y tiene que demostrar que respeta al Poder Judicial, a sus representantes y a las resoluciones que emanan de ellos”, señala Alonso.

Rodríguez Padrón ha recordado, asimismo, que “cualquier acusado y por supuesto los de este juicio, gozan de un derecho constitucional de presunción de inocencia que el tribunal conoce sobradamente y aplicará” y que “el proceso se celebra con todas las garantías”. El portavoz de la APM pidió “respeto” a las decisiones de los tribunales “que son quienes en exclusiva tienen atribuida la función de juzgar”.

En un comunicado, la sección territorial catalana de la APM, ha rechazado que la Generalitat utilice una "posición de preeminencia" sobre los empleados públicos para pedirles que participen en la concentración ante el alto tribunal.

Por su parte, Raimundo Prado, portavoz de la asociación Francisco de Vitoria, una tercera vía entre los conservadores de la APM y los progresistas de Jueces para la Democracia, que no ha querido entrar en este debate, afirma: “Hay un intento de presionar con este tipo de actitudes, pero una cosa es lo que se quiere y otra lo que se va a conseguir”.

“No es tolerable en un estado de derecho que se produzcan este tipo de circunstancias , no es admisible; cada vez que existe algún procedimiento o paso judicial relacionado con el procés organizan una especie de romería”, se lamenta Prado, que reclama al Consejo General del Poder Judicial que envíe algún tipo de “apoyo moral o institucional” a los magistrados que son objeto de esta supuesta presión.

Por su parte, la presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, Victoria Ortega, ha optado por la prudencia a la hora de calificar la manifestación de este lunes a las puertas del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. “Si la manifestación estaba autorizada, no tengo nada que decir. Los órganos judiciales son absolutamente independientes y van a actuar con independencia e imparcialidad al margen de que haya una manifestación más o menos nutrida. Estoy absolutamente convencida de ello”, ha dicho.

Ortega ha señalado que el proceso independentista catalán más que generar una preocupación al colectivo de abogados sí les “crea un cierto margen de reflexión”. Según la máxima representante de los colegios de abogados “siempre es bueno el tratar los problemas y el dialogar, eso es positivo, reconociendo su dificultad”.

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