La detención de 269 estafadores de Taiwán provocó una estampida que causó heridos
China contrata un bufete jurídico para conseguir la entrega de la "trama mafiosa", que ha timado a 3.000 de sus ciudadanos
El múltiple registro policial del pasado 14 de diciembre efectuado en chalés de Madrid, Barcelona y Alicante atestados de taiwaneses (hasta 30 personas en algunos casos) que estaban estafando vía telemática a compatriotas chinos pareció recrear por momentos la popular escena del Camarote de los Hermanos Marx, pero a la inversa. Hubo heridos, entre ellos un detenido que saltó desde la primera planta al ver irrumpir a los agentes: tuvo que ser trasladado por el Samur al hospital La Paz, donde le diagnosticaron sendas fracturas de las vértebras "sexta y séptima del costado derecho". En otro de los chalés de Alicante en los que también irrumpió la policía por orden de la Audiencia Nacional, varios agentes sufrieron lesiones en tobillos y brazos al saltar las tapias buscando el factor sorpresa para las detenciones, según consta en atestados policiales de la macrooperación a los que ha tenido acceso EL PAÍS. China reclama ahora a España la extradición de 269 taiwaneses de los casi 300 detenidos.
Dentro de un chalé de Pozuelo de Alarcón (Madrid) había 30 taiwaneses, de los tres centenares que China seguía muy de cerca desde agosto pasado a través de los ip de sus ordenadores. El gigante asiático finalmente logró identificar a 269 de ellos, que se hacían pasar por "jueces, fiscales y policías" y que desde España y otros países han esquilmado en los últimos años los ahorros de casi 3.000 compatriotas chinos.
Uno de los estafados en China (hay víctimas de todas las edades, muchas de condición humilde) acabó quitándose la vida después de que la banda le saqueara los ahorros de sus estudios universitarios. Así se indica en las diligencias que tramitan los jueces de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz y José de la Mata. Este último magistrado tendrá que citar ahora a los 269 detenidos, uno a uno, para preguntarles si acceden voluntariamente a ser extraditados a China, que los está reclamando a España con contundencia para juzgarlos allí por sus fechorías ante el recelo de las autoridades de Taiwán. La última palabra, una vez resuelva el asunto la Audiencia Nacional, la tiene el Gobierno español.
Los estafadores se hacían pasar por "jueces, fiscales y policías" y han esquilmado los ahorros de casi 3.000 compatriotas chinos
Las autoridades chinas se han tomado muy en serio conseguir la extradición de los 269 taiwaneses que componen esta "banda mafiosa", como la define China en sus escritos a los jueces españoles. Hasta enviaron policías para ayudar a sus colegas españoles en los registros. Todos se hallan en la actualidad en distintas cárceles de las ciudades donde se les arrestó, con ayuda de policías provenientes de China. Fueron detenidos el pasado 14 de diciembre en la denominada Operación The Wall. En el escrito que dirigió el pasado 17 de enero la Embajada de China al Ministerio de Asuntos Exteriores, para que lo elevara al Ministerio de Justicia y desde aquí a los jueces de la Audiencia Nacional, China expresa su "respeto a las autoridades españolas". Pero a renglón seguido, según documentación del sumario que obra en poder de EL PAÍS, exige la entrega de "esta banda mafiosa" integrada por estafadores en su mayoría "de entre 18 y 20 años". Y cuyo modus operandi era contactar telemáticamente o por teléfono con ciudadanos chinos a los que engañaban haciéndose pasar por "jueces, fiscales o policías". Por ejemplo, les decían que investigaban sus cuentas bancarias por blanquear dinero a través de ellas. Asustadas, las víctimas accedían a facilitarles la clave y usuario de sus cuentas. Hay estafas de más de 30.000 euros. En sus apenas seis meses de delictiva andadura en España, la trama pudo timar más de 12 millones de euros a compatriotas chinos, según fuentes jurídicas.
La representación de Taiwán en Madrid, su oficina cultural, no quiere que sus conciudadanos sean extraditados a China. Quiere que, en su caso, sean llevados a Taiwán y cumplan allí las oportunas penas por delitos económicos, castigados con hasta cinco años de prisión, pero no en China, con la que las autoridades de la isla mantiene diferencias de identidad. China admite que las estafas que atribuye a esta trama están tipificadas "en el artículo 266" de su Código Penal y tienen como castigo "la cadena perpetua". Si son extraditados, en China les esperan casi 3.000 damnificados.
Las autoridades chinas se han tomado muy en serio conseguir de España la extradición de los 269 taiwaneses de esta "banda mafiosa"
Hubo que habilitar sobre la marcha muchas celdas el pasado 14 de diciembre para albergar a los detenidos, y también a tres jueces instructores de la Audiencia Nacional para interrogarles. Uno de ellos confiesa que acabó exhausto. No sólo es tomarles declaración: luego hay que redactar tantos autos como detenidos individualizando y acreditando las conductas punibles.
La "banda mafiosa" de la operación The Wall era itinerante. Lo mismo que hacían el pasado 14 de diciembre en chalés de Madrid, Barcelona y Alicante habían hecho antes en diferentes países europeos y africanos. Las cabezas pensantes de la organización criminal están en China, pero disponen de lugartenientes en cada centro de trabajo. El que hubo que trasladar a La Paz, Chen-Hao, se presentó ante la policía, y sus compañeros le señalaron, como el responsable del tinglado en el chalé de Somosaguas de Pozuelo de Alarcón.
Se lanzó desde la primera planta al ver llegar a los agentes al chalé maza en mano, mientras otros colegas hacían lo mismo por las ventanas. Había 30 taiwaneses en el chalé antes de la frustrada diáspora. Los agentes habían cercado la zona para taponar la huida antes gritar "¡policía, policía!" e irrumpir en las casas. Estaban sentados frente a sus ordenadores, conectados con sus posibles víctimas en China, alineados en mesas rectangulares alargadas... Y con una pizarra grande delante con las instrucciones de cómo estafar y los objetivos del día. La policía se incautó de varios cientos de ordenadores y teléfonos móviles. Los chalés eran auténticos calls center delictivos.
Bufete jurídico en España
El empeño en repatriarlos de las autoridades judiciales chinas, que ha contratado un bufete jurídico español para tramitar las extradiciones, se puso de relieve el mismo día de los registros simultáneos. China no escatimó horas de trabajo. Jueces y policías del país asiático fueron enviando frenéticamente a España las órdenes de detención internacional a medida que la policía les iba informando de la identidad de los detenidos en los chalés. Juan Carlos Mendoza, abogado de más de un centenar de los detenidos (su despacho cuenta con especialistas jurídicos en chino) entiende que puede haber una nulidad de actuaciones por cuanto muchos taiwaneses fueron detenidos antes incluso de llegar la orden de arresto de China. "Se les identificaba en los chalés y en muchos casos luego llegaba la orden de detención, pero no antes", describe.
Tras los fallidos intentos de fuga del chalé de Somosaguas, la comisión judicial reunió a los detenidos en el salón para informarles de los cargos. Varios estaban contusionados, y otro de ellos se quejó de que le dolían mucho sus extremidades: había saltado también desde la primera planta. Los agentes le ofrecieron, al igual que a Chen-Hao, trasladarle al hospital, pero al final rehusó tras ser atendido por el Samur. Como sucedió con otros accidentados.
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"Un Airbus de los grandes para trasladarlos a todos"
El magistrado Santiago Pedraz, decano de los jueces de instrucción de la Audiencia Nacional, abrió diligencias penales contra los detenidos para averiguar si habían cometido delitos en suelo español. Pedraz disponía de información de que, aparte de las estafas, podía haber delitos de trata de blancas: entre los detenidos había chicas supuestamente traídas a España a la fuerza. La decena de detenidos que acreditaron que estaban obligados en España quedaron en libertad. Inmediatamente se marcharon del país.
La fiscalía ha pedido el archivo de esta causa y lo previsible es que el juez lo valide. Si finalmente España y el juez De la Mata, que es el que lleva las extradicciones, acceden a entregar a los 269 reclusos taiwaneses, lo que pueden hacer poniendo restricciones a la aplicación de la cadena perpetua, "habría que fletar un Airbus de los grandes para trasladarlos a todos juntos a China", pronostican fuentes jurídicas.
