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Ofensiva del comisario Villarejo para evitar el banquillo por el ‘caso Nicolás’

El polémico policía ha desenterrado viejas historias que afectan al rey Juan Carlos y al CNI

José Manuel Villarejo, tras prestar declaración en un juzgado.
José Manuel Villarejo, tras prestar declaración en un juzgado. Efe

El comisario jubilado José Manuel Villarejo ha iniciado una dura ofensiva, ayudado por un grupo de policías y periodistas de su órbita, para evitar ser procesado en una de las piezas separadas del caso Nicolás, según fuentes judiciales. El polémico policía ha desenterrado viejas historias que afectan al rey Juan Carlos y al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y se ha ocupado de que se publiquen en la prensa, mientras envía el mensaje de que eso no es nada comparado con lo que puede filtrar si no le sacan del proceso en el que está acusado de los delitos de revelación de secretos y organización criminal.

Durante años, Villarejo ha amenazado con sacar a la luz un terabyte de documentación que asegura que ha ido acumulando durante varias décadas en las que compaginaba su actividad de policía con sus negocios privados, entre los que figuraban una agencia de detectives y un despacho de abogados. Pero, recientemente, varios policías de su entorno han confirmado que parte de ese material está dispuesto para ser publicado en caso de que el polémico comisario y el que fuera su jefe, Eugenio Pino (anterior director adjunto operativo), lleguen a ser procesados por el Juzgado de Instrucción número 2 de Madrid.

Esta clara amenaza ha llegado a ser publicada por el diario digital Público, que incluía una grabación al comisario Enrique García Castaño y al propio Pino, que afirmaban sin pudor que Villarejo ya ha entregado un material muy sensible contra el rey Juan Carlos y el CNI a los periodistas con los que trabaja habitualmente y que lo lanzarán cuando él dé la orden.

Este conflictivo policía ha desarrollado durante muchos años una red de intercambio de favores con periodistas, editores, policías y expolicías que trabajan en grandes empresas. Forman parte también de esa red algunos magistrados y fiscales, que dan conferencias bien pagadas y con cierta frecuencia en Schola Iuris, un instituto de práctica jurídica del que Villarejo forma parte.

El propietario oficial del instituto es Ángel Benseny, socio del policía en varias empresas, entre la que destaca Cenyt Argo, dedicada a la investigación. En su día, el ex fiscal anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo denunció la actividad de esta escuela de práctica jurídica y otra similar apadrinada por Ausbanc (cuyo presidente, Luis Pineda, está en la cárcel acusado de extorsión) por considerar que era una práctica ilegítima que fomentaba la connivencia entre abogados, fiscales y magistrados.

En fuentes policiales se asegura que esa red le ha servido para salir indemne durante años de varias investigaciones y procedimientos en los que se habían visto afectados él, su familia o policías de su entorno. Los más recientes, el caso Gao Ping y, sobre todo, la denuncia de la médico Elisa Pinto, que le acusó de intimidación, amenazas y de agresiones.

Según la dermatóloga, Villarejo fue contratado por el empresario Javier López Madrid para presionarla y que retirara las denuncias de acoso contra él (López Madrid también había acusado a Pinto de acoso). La denunciante llegó a acusar al comisario de un apuñalamiento por arma blanca que sufrió el 10 de abril de 2014 en presencia de su hijo. El juzgado 39 de Madrid archivó el procedimiento, que está pendiente del recurso ante la Audiencia Provincial.

En la mayoría de los casos, José Manuel Villarejo ha recibido el máximo apoyo del anterior ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y del director adjunto operativo (DAO), Eugenio Pino. El exministro le defendió públicamente cuando EL PAÍS informó sobre la trama de empresas que controlaba el comisario (46 sociedades en los últimos 30 años, de las que al menos 12 siguen en activo con más de 16 millones de euros de capital), afirmando que “había realizado importantes servicios para el Estado”.

Conspiración

Al poco tiempo volvió a estallar el caso de la llamada policía patriótica, tras la divulgación de una grabación entre Fernández Díaz y el director de la Oficina Antifraude de Cataluña, Daniel de Alfonso, en la que ambos supuestamente conspiraban para incriminar penalmente a dirigentes de los partidos secesionistas de Cataluña.

El caso más escandaloso de la policía patriótica fue el de la acusación al ex alcalde de Barcelona, Xavier Trías, de tener una cuenta bancaria en Suiza. El informe, realizado presuntamente por Villarejo según confirman varios policías, incluía unos pantallazos de la supuesta cuenta y fue filtrado a un medio de comunicación para forzar una investigación judicial. La operación fue un fracaso, ya que ningún juez admitió esos pantallazos como prueba para abrir un procedimiento. Lo mismo ha sucedido con otros informes igual de chapuceros; alguno incluía párrafos enteros copiados de la Wikipedia.

La etapa de impunidad con la que ha actuado el polémico comisario acabó hace dos años, cuando su nombre apareció en varios documentos incautados en el domicilio de Francisco Nicolás Gómez Iglesias, conocido como El Pequeño Nicolás. En medio de la investigación, realizada por el comisario Marcelino Martín-Blas, el diario digital Información Sensible (en el que participa Villarejo y dirige su esposa, Gemma Isabel García Alcalá) informó sobre el contenido de una conversación grabada entre Martín Blas, otro policía y dos miembros del CNI, celebrada en sede policial.

Tanto los investigadores que fueron grabados como el juez que instruía el caso, Arturo Zamarriego, y el fiscal Alfonso San Román consideraron que la grabación, manipulación y difusión de la citada conversación tenía como objetivo anular el procedimiento y que podía ser constitutivo de los delitos de descubrimiento y revelación de secretos. El fiscal encargó una investigación a la comisión judicial de la Policía Nacional, dirigida por el comisario Martín Blas.

A partir de ese momento, el aparato del Ministerio del Interior hizo todo lo posible para frenar unas pesquisas (los investigadores realizaron varias quejas formales ante el juez) que concluyeron con un amplio informe de la Comisión Judicial en el que pedía la imputación de Villarejo, su esposa, el periodista de Información Sensible Carlos Mier, otros tres policías encabezados por Eugenio Pino y media docena de periodistas que presuntamente habían participado en la operación.

El informe de diligencias previas, además de citar a declarar como investigados a los 12 imputados, solicitaba registros y detenciones para asegurar que no se destruyeran pruebas, así como información sobre llamadas telefónicas y correos electrónicos de varios policías. El Ministerio del Interior se opuso frontalmente a esas medidas y el fiscal San Román, que hasta entonces había apoyado todas las diligencias del juez Zamarriego, empezó a recurrir la mayoría de las medidas, llegando a impugnar varias veces la actividad de la comisión judicial y a pedir su anulación.

Red de favores

Sin embargo, por primera vez en mucho tiempo, la red de favores mutuos tejida por Villarejo no ha conseguido sacarle del procedimiento. El magistrado Arturo Zamarriego sigue firme, apoyado por la abogada del Estado Lucía Pedreño y por la investigación de la comisión judicial, que considera probado que el comisario diseñó la operación para grabar, manipular y distribuir la citada conversación con intención de anular el procedimiento. La Audiencia Provincial de Madrid tiene sobre la mesa el último recurso del fiscal y dictaminará en breve si la comisión judicial puede seguir investigando.

En fuentes judiciales tienen el convencimiento de que las últimas filtraciones de asuntos relacionados con el anterior jefe del Estado y el CNI forman parte de una ofensiva para presionar al Gobierno y al Poder Judicial para que evite el procesamiento de Villarejo, Pino y otros policías. El propio comisario Villarejo acudió el 29 de noviembre pasado a la toma de posesión del nuevo fiscal general del Estado, José Manuel Maza Martín e intentó abordarle, sin éxito, en el acto que se celebró en la sede del Tribunal Supremo de Madrid.

De artistas a parques de recreo

Las inquietudes empresariales de Villarejo le han llevado a tener intereses en empresas de todo tipo. En 2015, cuando empezó a investigarse, participaba en 12 empresas, y había otras seis dirigidas por familiares o personas cercanas a él.

Entre las que figura como administrador, las había de representación de artistas (Toc Hepoca), parques de recreo (Ciudad Al Mansur), explotaciones ganaderas (Sociedad Hípica Andaluza), agricultura (Corporación Agroganadera Andaluza) y marroquinería (Escuela Ecuestre Cordobesa).

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