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El Congreso admite a trámite la renta mínima en contra del PP y Ciudadanos

La Iniciativa Legislativa Popular de los sindicatos pasa su primer escollo parlamentario

Joan Tardà (i) conversa con Fátima Báñez en presencia de Íñigo Méndez de Vigo. Uly Martín / ATLAS

El pleno del Congreso ha aceptado este jueves admitir a trámite la proposición de ley para establecer una renta mínima de 426 euros para personas sin recursos. Los votos en contra del PP y Ciudadanos no han sido suficientes para derrotar la Iniciativa Legislativa Popular promovida por los sindicatos UGT y Comisiones Obreras y avalada por 700.000 firmas. Todos los demás partidos han votado a favor de tramitarla.

A la proposición le queda aún un trámite parlamentario largo y difícil, porque estará sometida a enmiendas parciales y porque, por ejemplo, genera dudas en algunos partidos nacionalistas o independentistas, especialmente el PNV, sobre el respeto a competencias autonómicas. Y Unidos Podemos quiere extender la renta mínima aún más. Es decir, no está garantizado que finalice el trámite, que no acabara antes de final de año, pero el paso dado este jueves por el Parlamento ha sido comparado por varios portavoces con el que se dio en su momento con la aprobación de la Ley de Dependencia.

En defensa de la ley, el socialista Rafael Simancas se ha referido a aquella norma aprobada a iniciativa del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero para remarcar que la renta mínima puede ser la ley social más importante que se apruebe desde entonces.

Varios portavoces, como el de Compromís, Joan Baldoví, han utilizado expresiones como "rescatar a las personas" para justificar su aprobación. Segundo González, en nombre de Unidos Podemos, ha destacado la necesidad de atender a las personas abandonadas por la crisis y "por las políticas de recorte del PP". "España ya está rota con sus políticas", ha concluido dirigiéndose al Gobierno.

El Gobierno de Mariano Rajoy está en contra de la proposición de ley por considerarla imposible de financiar. Sin embargo, no ejerció en octubre su potestad de vetar proposiciones que afectan al Presupuesto por tener dudas legales de si es posible hacerlo sobre Iniciativas Legislativas Populares.

En nombre del PP, Susana López Ares ha asegurado que podría haber hasta ocho millones de beneficiarios, además de producir un "efecto llamada" en otros países, lo que llegaría a un coste de 50.000 millones de euros, inasumibles para España y por encima del objetivo de estabilidad. Ha repetido varias veces la palabra "demagogia" y ha recordado las declaraciones de José Carlos Díez, autor de la ponencia económica del PSOE, en las que se opuso reiteradamente a la renta básica con argumentos como que "haría falta instalar francotiradores en la frontera" para evitar ese efecto llamada.

Antonio Roldán, diputado de Ciudadanos, empezó con una "reflexión intelectual" sobre el debate de si debe cobrarse una renta independientemente de si "se está haciendo surf en el mar o si se está trabajando en una obra". Según ha dicho, "no se puede pagar" y ha lamentado que el PSOE "se podemice con propuestas que no se pueden cumplir y eso genera un campo de cultivo perfecto para el populismo". "Prefiero ofrecer oportunidades que pagas y evitar una sociedad rentista", ha concluido Roldán.

La renta mínima está concebida para más de 2,4 millones de personas sin recursos, que se prolongaría mientras el beneficiario carezca de empleo y de recursos económicos y supondría un gasto total de más de 11.000 millones de euros.

Los secretarios generales de Comisiones Obreras, Ignacio Fernández Toxo, y de UGT, Pepe Álvarez, han asistido al debate de la iniciativa tras haberla defendido hace dos semanas en la Comisión de Empleo del Congreso.

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