Lobistas en precario
El Congreso debatirá en febrero una regulación que persigue normalizar la actuación de los grupos de interés
Durante las semanas en las que los dirigentes del PP, PSOE y Ciudadanos negociaban el decreto sobre acuerdo extrajudicial de las cláusulas suelo de la banca, algunos de los más conocidos lobistas españoles entraban y salían del Congreso de los Diputados o de las sedes de los partidos para afinar el borrador legal. Un texto que pasó tres viernes seguidos por el Consejo de Ministros y que solo se aprobó cuando contó con la aprobación de los tres partidos políticos y los comentarios de media docena de profesionales de asuntos públicos.
Varios centenares de agencias de lobby actúan en España sin regulación alguna, interviniendo en la elaboración de leyes, aprobación de decretos o incluso en disposiciones judiciales. Son despachos de abogados, consultorías, agencias de comunicación, ONG, patronales, sindicatos y todo tipo de grupos de presión, que intentan influir sobre los legisladores o los gobernantes en beneficio de sus clientes.
Después de varios intentos de regular su función (al menos tres desde la Constitución de 1978), el grupo parlamentario de Ciudadanos defenderá en el Congreso la regulación de los lobistas y los lobbies, dentro de una Proposición de Ley Integral de Lucha contra la Corrupción y Protección de los Denunciantes. El texto fue presentado en septiembre de 2016 y ha sido ya calificado por la Mesa.
Ignacio Prendes, vicepresidente del Congreso y portavoz de Justicia de Ciudadanos, explica que esta regulación es muy necesaria “para acabar con la imagen de que el lobby es una serie de procesos oscuros de los grupos de presión hacia el poder; existe en todos los países y es imprescindible que se haga con la máxima transparencia”. El texto está incluido en los acuerdos de gobierno con el PP y, según Prendes, “está hablado con los representantes del PSOE y en principio se muestran favorables a su regulación”.
El proyecto de ley, que podría quedar aprobado a lo largo de 2017, establece la creación de un registro único en el Parlamento en el que los lobistas se tendrán que registrar y declarar anualmente sus actividades. Incluye también un código ético sobre los requisitos de actuación de estos grupos de presión. Este registro sustituirá a todos los que funcionan en la actualidad.
Registros
Hasta ahora, existen en España varios registros diferentes en donde se inscriben los lobbies. El más activo es el de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), en el que hay registrados 380 entidades que realizan actividades de asuntos públicos. De ellas, 212 pertenecen al sector empresarial (asociaciones y empresas), 85 a servicios de consultoría, 69 a organizaciones no gubernamentales (ONG), 10 pertenecen al sector público y las 4 restantes a otros sectores. Además, el Parlamento de Cataluña tiene su propio registro, así como algunos Ayuntamientos.
En la mayoría de los países occidentales la actividad de los lobbies está regulada y las entidades se tienen que registrar y declarar anualmente su actividad. Son Estados Unidos y Reino Unido los que tienen más tradición en esta actividad. Estos dos países se disputan el origen de esta actividad.
En Washington se cuenta que el presidente Ulysess S. Grant (elegido en 1869) visitaba con frecuencia el hotel Willard, junto a la Casa Blanca y allí en un salón (lobby, en inglés) charlaba con los ciudadanos mientras se fumaba un puro. De allí dicen que surgió la palabra lobby como relaciones con el poder. Por el contrario, los británicos aseguran que ya dos siglos antes los diputados recibían al pueblo en los pasillos del Parlamento británico. De hecho, el Oxford English Dictionary recoge el uso de la voz lobby en 1640 para referirse a los pasillos de la Casa de Comunes donde los ciudadanos podían hablar con sus representantes.
Sea como fuere, Washington es la ciudad en la que actúan mayor número de lobistas (más de 14.000 registrados), cuyas oficinas se encuentran en su mayoría en calle K. En su declaración anual, estas entidades tienen que declarar quiénes son clientes y que cantidades dedican a su actividad. También en Bruselas actúan una multitud de grupos de interés frente a las instituciones europeas; en total, hay registradas 5.496 organizaciones.
En España, la última oportunidad perdida para regular esta actividad fue en 2013, cuando se aprobó la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno. Por entonces, Transparencia Internacional publicó un informe en el que señalaba que “cuando el lobby es realizado con integridad y transparencia es una fuente legítima de influencia para los grupos de interés que están afectados por decisiones públicas; el problema surge cuando el ejercicio del lobby es opaco y no está regulado”.
Joan Navarro, director de Asuntos Públicos de la agencia de comunicación Llorente y Cuenca, afirma que “las propuestas para la creación de un registro de grupos de interés, la formulación de un código de conducta, así como el establecimiento de un régimen de información pública de las agendas de los altos cargos y los parlamentarios, trasladaría a España las mejores prácticas de las instituciones europeas”.
