El juez que investiga la muerte del cabo Soria da un ultimátum a Israel
Andreu quiere que Justicia explique por qué no se responde la comisión rogatoria internacional
Dos años después de la muerte del cabo Francisco Javier Soria por un proyectil del Ejército israelí contra un puesto de la ONU en el sur de Líbano, el 28 de enero de 2015, el juez Fernando Andreu ha lanzado un ultimátum ante la falta de respuesta de las autoridades israelíes a la Comisión Rogatoria Internacional (CRI) remitida por las españolas.
El titular del Juzgado de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional ordenó el pasado 12 de enero librar un oficio a la Subdirección General de Cooperación Jurídica Internacional del Ministerio de Justicia en el que le insta a que “lleve a cabo, urgentemente, las gestiones” necesarias para informar del estado en que se encuentra la tramitación de la CRI, “debiendo poner en conocimiento de este órgano judicial, en su caso, de forma precisa, los motivos que puedan estar impidiendo su tramitación”. El objetivo de la CRI es saber si en Israel se sigue algún procedimiento por la muerte del cabo Soria, paso previo para admitir a trámite la querella criminal interpuesta por los padres del casco azul español.
El juez considera que ya ha transcurrido “un tiempo más que prudencial” desde que en octubre del año pasado se recordó a las autoridades israelíes su obligación de contestar a la comisión rogatoria, remitida por primera vez en enero de 2016.
Además, el auto recuerda que, en virtud de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal aprobada por el PP en la anterior legislatura, el plazo máximo de instrucción de los sumarios o diligencias previas es de seis meses, que pueden prolongarse hasta 18 en el caso de causas complejas. La causa por la muerte del cabo Soria se declaró compleja en abril del año pasado, ya que implica la realización de gestiones en el extranjero, “corriendo desde entonces el plazo para la finalización de la misma”, advierte el juez. Es decir, la instrucción debería darse por finalizada en octubre de este año, sin que haya sido posible avanzar en la investigación.
Para evitar que esta quede frustrada, el abogado Mariano Casado, que ejerce la acusación particular en nombre de los padres del cabo, ha pedido a Fernando Andreu que eleve una exposición razonada al Tribunal Supremo, para que sea su Sala Segunda la que decida la admisión a trámite de la querella, a la vista de que “la falta de interés [de las autoridades israelíes] por investigar los hechos resulta cada vez más evidente” y que la “demora injustificada en la investigación” tiene como objetivo evitar que los presuntos responsables respondan ante la justicia.
En su comparecencia ante el Congreso, en abril de 2015, el entonces ministro de Defensa, Pedro Morenés, aseguró que la muerte del cabo Soria se debió a una “cadena de errores y negligencias” del Ejército israelí, pero negó que este tuviese intención de matar al casco azul.
El Gobierno israelí pactó con el español indemnizar con 200.000 euros a la viuda y el huérfano del militar, pero los padres de este rechazaron el arreglo económico y exigieron una investigación independiente y exhaustiva sobre las circunstancias que rodearon la muerte de su hijo.
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