Cuando se roban joyas de inocentes de la caja fuerte del juzgado (y otros disparates)
La odisea que sufren víctimas de decisiones judiciales para recuperar bienes decomisados por error
Juan Hernández Borja prestó a su amigo Juan Carlos Romero un medallón de oro valorado en 7.000 euros. La prenda tenía incrustada "la efigie de un conocido autor de música flamenca” y se lo prestó para que lo luciese en una fiesta. El juzgado número 1 de Castellón investigaba en 2009 a su amigo por un supuesto tráfico de drogas. En 2009 registró el domicilio de Romero y, entre otros efectos, requisó el medallón, que aún no lo había devuelto. Aunque nada tenía que ver con la investigación, según reconoce el Consejo del Poder Judicial en un informe, Hernández nunca más supo del medallón. Pidió al juez que se lo devolviera reiteradas veces e incluso exhibió fotos antiguas suyas con él puesto para que no quedara duda de su auténtico dueño. Alguien lo robó de la caja fuerte del juzgado. No es el único caso de robo de joyas de inocentes guardadas en cajas fuertes de jueces.
Los obstáculos con que se topan las víctimas de estas desapariciones cuando (unas, totalmente ajenas al pleito, y otras absueltas tras largos procesos judiciales) pretenden que les devuelvan sus bienes decomisados acaban minando la estabilidad emocional: se pasan años reclamando infructuosamente al juez la devolución de bienes que erráticamente les han intervenido (aviones, barcos, joyas...) o inexplicablemente desguazado (coches y otros enseres). Y, cuando el artículo dejó de existir, vuelta a empezar con otro proceso para ser resarcidas por el Estado. Años y años de pleitos inciertos. La apisonadora judicial a veces se torna ciega y sorda.
El reloj de 41.000 euros que se esfumó. Niels Henrik Vester señala en su escrito al Ministerio de Justicia que fue detenido en 2015 por orden del Juzgado de Instrucción 4 de Marbella y que se le intervino, entre otros objetos, un lujoso reloj de oro de pulsera "con correa blanca y esfera negra, de la marca Hublot, con número de serie 167/250”. Concluida la causa años después, otro juzgado, el 8 de lo Penal, ordenó devolver a Vester los efectos intervenidos. Era inocente. Le devolvieron todo, salvo el reloj. Vester acudió al juzgado 4 y la secretaria judicial le dijo que el artículo había sido robado de la caja fuerte. El Poder Judicial, a quien el Ministerio de Justicia pide un informe sobre si debe indemnizarse el error, considera que "se ha producido un funcionamiento anormal de la Administración de Justicia”, y que sí debe ser resarcido. El juzgado responde de la custodia de estos bienes, argumenta. Recuerda que se abrieron diligencias para averiguar quién robó el reloj, pero luego se archivaron por "falta de autor conocido". Según el justificante de compra aportado por su dueño, el reloj cuesta 40.936 euros.
Cuatro millones anuales
El Ministerio de Justicia paga anualmente unos cuatro millones por graves errores de los juzgados, bastante menos de lo que reclaman las víctimas. Hay que distinguir lo que es un funcionamiento anormal del juzgado (dilaciones indebidas de procesos, testigos que viajan para ir a juicios que se suspenden sin antes avisarles, objetos extraviados, embargos injustos...) y lo que son equivocaciones del juez a la hora de aplicar la ley (por ejemplo, encarcelamientos injustos) que solo pueden ser reprochadas, no por el ministerio, sino por tribunales superiores de los jueces que yerran. Pero en ambos casos quien paga es el Estado. España genera al año unos seis millones de pleitos (3,3 de índole penal y 1,9 civiles) y las denuncias por funcionamiento anormal del juzgado son casi testimoniales (unos 10.000 usuarios han presentado denuncias desde 2000 por funcionamiento anormal de la justicia; solo se estiman en torno al 17% de ellas). Antes de tomar una decisión recaba informes no vinculantes del Poder Judicial y del Consejo de Estado.
Aviones destrozados. Andrew Anthony Mattacks reclama 330.00 euros al Estado español “por el deterioro y daños” que sufrieron dos aeronaves de su propiedad debido a la actuación del Juzgado de Instrucción 1 de Jerez de la Frontera, explica. Tenía en venta sus avionetas Píper Navajo N191AM y Píper Azteca N747WW, cobijadas previo pago de alquiler en un hangar de Trebujena (Sevilla). Resulta que el juez investigaba al dueño del hangar y precintó el hangar y su contenido. Andrew Anthony acreditó al juzgado que no tenía nada que ver con el dueño del hangar y reiteradamente pidió retirarlas de allí, y con más insistencia cuando vio que las habían sacado del hangar “y estaban expuestas a las inclemencias del tiempo”. El juzgado no solo rechazó dejarlas en manos del dueño, sino que ordenó que fueran cedidas al Centro de Formación de Alumnos ADA de Sevilla. Desoyó un informe de un experto que advirtió al juez de que el desmontaje de esas avionetas para su traslado a Sevilla en un camión les ocasionaría "daños irreversibles". Eso solo pueden hacerlo "los fabricantes, de Estados Unidos", expuso. No le hicieron caso. “Yo era un tercero de buena fe, no responsable del presunto delito ni imputado en esa causa, no habiendo en todo el sumario una sola referencia de que los aviones hayan sido utilizados con fines delictivos”. Años después logró recuperarlas, pero ya inservibles.
Embarcaciones desguazadas. El día 30 de julio de 2015, Alejandro Puche Sanz, en nombre de la firma Motovil Náutica, denunció ante el Ministerio de Justicia que por orden “del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 1 de Estepona” le fueron requisados tres embarcaciones y motores de otras 25. Cuando fue a recuperar sus bienes tras infructuosos escritos al juzgado durante 10 años, y una vez acabado el proceso, las embarcaciones habían sido destruidas y los motores estaban inservibles. El Consejo ha analizado este caso y concluye que los barcos fueron destruidos en virtud de una orden hecha por la Audiencia de Cádiz para descongestionar varios depósitos de objetos decomisados en el Campo de Gibraltar. Ordenó que se destruyesen aquellos bienes que por el paso del tiempo estuvieran deteriorados y no valiera la pena seguir teniéndolos en el depósito. El Consejo señala: “De los datos que obran en el expediente no resulta posible determinar en qué grado los daños y desperfectos de los bienes (falta de hélices o carcasas de los motores, motor rajado, mal estado en general…) son resultado del tiempo transcurrido desde el depósito (alrededor de 10 años) y/o de la inadecuada observancia del deber de custodia” del juzgado. El Consejo concluye, no obstante, que sí se ha producido un “quebrantamiento de los deberes de guarda y custodia que tiene la Administración de Justicia en relación con los bienes intervenidos en el curso de una causa penal”. Y que debe ser indemnizado.
Los inexpertos que desmontaron dos avionetas para subirlas a un camión con destino a Sevilla
Sin ruedas y sin motor. Cuando la Audiencia de Las Palmas ordenó en 2015 la devolución a Andrés Henriquez Pérez del coche que se le había intervenido ocho años antes, en 2007, se encontró con que estaba desguazado. Era un Volkswagen California, matrícula 6264-BTC. “Al ser intervenido estaba perfecto, cuando me lo devolvieron del depósito, ruinoso e inservible, con imposibilidad de circular dado que no contaba con motor ni ruedas, sino simplemente la carrocería, que también presentaba daños”, denunció el dueño. “Tales daños y desperfectos exceden de los que habitual y ordinariamente se producen por el transcurso del tiempo y de los inherentes y consustanciales al depósito del vehículo afecto al procedimiento penal”, señala el Consejo, que le da la razón.
Conducción ebria. Antonia Bravo Vicente pidió al juzgado de Totana (Murcia) que le devolviera el coche que conducía su hijo cuando fue parado en un control policial en estado ebrio. No era de su hijo, era suyo. El coche, marca Volkswagen Golf, MU-7306-AX, quedó inmovilizado en el depósito de la policía local de Mazarrón (Murcia). Tras numerosos escritos logró que el juzgado le autorizase a llevarse el coche, dos meses después. Los policías del depósito le dijeron que había sido destruido. Le explicaron que le enviaron una notificación para recogerlo y que al no presentarse lo desguazaron. “No recibí ninguna notificación. Por tanto, no pude tener conocimiento de haber sido requerida para retirar mi coche”. El Consejo también le da la razón.
Coches antidroga
Las quejas al Ministerio de Justicia de usuarios que denuncian desidia judicial y actuaciones absurdas que les acarrean graves perjuicios económicos (y el Consejo del Poder Judicial acaba dándoles la razón) son mayoritarias entre las casi 10.000 denuncias registradas desde 2000. Hay muchas referidas con la destrucción de coches decomisados. En unos casos porque el juez cede su uso a la policía mientras se sustancia la causa, si están vinculados a temas de drogas, y los agentes los destrozan o dejan inservibles haciendo servicios. Cuando el dueño va a recogerlo años después tras declarar los jueces su inocencia, se encuentran con que el coche no sirve.
Autor desconocido. También avala el Consejo a Manuel Jesús Gómez, que reclama 18.000 euros por las joyas que le decomisaron en 2006 en un registro en su casa. Fue absuelto del delito por la Audiencia de Salamanca, que ordenó tres años después que se le restituyera todo lo intervenido. "Solo me devolvieron el coche y 1.000 euros" requisados, explica en su queja. Pero faltaba "cuatro anillos de oro, un reloj de oro marca Cyma, dos solitarios con piedra blanca, dos pulseras grandes de oro, una de Versace, dos móviles y un monedero". También se perdió en el juzgado, La secretaria del juzgado número 3 le explicó que se habían abierto diligencias para aclarar el destino de esas joyas que se habían archivado después "por falta de autor conocido" del delito.
¿Y a mí quién me paga?
El dueño del depósito de vehículos y motores decomisos judiciales La Proa, de Jerez de la Frontera, tenía asignadas las zonas de Cádiz, Puerto Real, El Puerto de Santa María, Rota, Chipiona, Sánlucar, Trebujena, Jerez de la Frontera, San José del Valle y Sierra de Cádiz. Alli le mandaban los jueces de la zona todo tipo de decomisos. Ha denunciado ante el Consejo del Poder Judicial el impago de parte de sus servicios. Señala que “en múltiples ocasiones” ha pedido a la Junta de Andalucía que le abone los gastos, y que esta se ha opuesto. Asegura que se le adeudan, de varios ejercicios, 418.147 euros, a razón de siete euros diarios por vehículo depositado.
El Consejo señala que, en determinados procesos, suele derivarse el pago de estos servicios a los condenados en costas”. El problema es cuando el dueño del coche resulta absuelto y el tribunal ordena que se le devuelva el vehículo sin coste. A veces tras años de cobijo. El Consejo le da la razón en su reclamación y señala que “cuando la autoridad judicial ordena una medida perfectamente conforme a Derecho de depósito de unos vehículos (…) y se obliga a una sociedad a pechar con esa carga” debe ser el Estado el que la asuma.
