El Gobierno deja en manos de Bruselas el choque con Portugal por la central de Almaraz
Dastis defiende la obra, que ha provocado la irritación de las autoridades portuguesas
El ministro de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis, ha admitido este jueves que no ha sido posible llegar a un acuerdo con Portugal en el choque por la central de Almaraz (Cáceres). El Gobierno ha concedido la autorización a la nuclear para que construya un almacén para su combustible usado en sus instalaciones, que están a 100 kilómetros de Portugal. El Ejecutivo luso ha pedido a la Comisión Europea que frene su construcción. Dastis confía en que Bruselas dé la razón a España y no se bloquee este almacén, al que se recurre por el parón del de Villar de Cañas.
España tiene un problema con la gestión de los residuos de sus cinco centrales nucleares en activo, que aportan el 20% de toda la electricidad del país. Y el problema ha saltado ya las fronteras.
Portugal ha presentado una queja ante la Comisión Europea por la autorización que el Gobierno de España ha concedido a la central extremeña de Almaraz para que construya un silo para guardar sus residuos dentro de sus instalaciones, principalmente el combustible ya gastado. Ese combustible se almacena ahora en unas piscinas, pero las dos que tiene Almaraz —una por cada reactor— están cerca del 85% de su capacidad. La del primer reactor estará completa en 2018 y la del segundo en 2021. Si quiere seguir operando a partir de ese momento necesita ese almacén de residuos al que ha autorizado el Gobierno, según argumenta la central, que es propiedad de Iberdrola, Endesa y Unión Fenosa.
En teoría, este silo no sería necesario si no estuviera bloqueado —por el conflicto entre el Gobierno y Castilla-La Mancha— el Almacén Temporal Centralizado (ATC) de Villar de Cañas (Cuenca), que estaba previsto para albergar los residuos de todas las centrales españolas. Pero, ante el parón de estas instalaciones, que como mínimo supondrá un retraso en su puesta en funcionamiento, las centrales se han lanzado a construir sus propios almacenes.
Portugal llevaba meses mostrando su rechazo a la construcción del silo de Almaraz, que costará unos 24 millones y que está previsto que se levante este año.
El Gobierno autorizó en diciembre el silo y esta semana Portugal ha presentado una queja en Bruselas. El Ejecutivo luso pide que se paralice la obra. Portugal argumenta que en la evaluación del proyecto no se han tenido en cuenta "los impactos transfronterizos". Si se hubieran tenido, el Gobierno portugués tendría que haber participado en la evaluación ambiental del proyecto.
La oposición de Portugal se sustenta en gran medida en el temor de que la autorización del almacén individual sea un paso previo para permitir que Almaraz —la central en activo más antigua de España— pueda seguir operando más allá de los 40 años de vida. El Gobierno del PP es partidario de ampliar más allá de esas cuatro décadas la vida de las centrales a pesar de las dudas que ha planteado ya la mayoría de la oposición en el Congreso español.
“Buenos vecinos”
Dastis, en un desayuno organizado por Nueva Economía Fórum, se ha mostrado convencido de que Bruselas dará la razón a España. En su opinión, el almacén respeta la legislación europea y no tendrá "efectos transfronterizos sensibles", dada la distancia de la frontera portuguesa y el diseño del almacén. Almaraz se encuentra a unos 100 kilómetros de Portugal, pero utiliza para refrigerarse las aguas del río Tajo, que desemboca en el país vecino. No obstante, Dastis se mostró dispuesto a modificar el proyecto si así lo determinara la Comisión y a tratar el asunto con Portugal "como buenos vecinos".
No opina igual el Parlamento portugués, que aprobó por unanimidad el 6 de enero una resolución de "condena" a la construcción del almacén de Almaraz. El Parlamento entiende que tiene "evidentes impactos y riesgos transfronterizos" e ignora "a la población de Portugal".
“El riesgo nuclear es enorme”
El presidente de la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento portugués, Pedro Soares, ha visitado este jueves el Congreso y se ha reunido con el presidente de la Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital del Congreso, Ricardo Sixto. Soares justifica el rechazo de su país al almacén en que el proyecto puede "causar impactos ambientales transfronterizos, incluso a través del río Tajo". "El riesgo nuclear es enorme", ha declarado a EL PAÍS. Además, Soares sostiene que este almacén supone un paso a "la extensión de la vida central de Almaraz".
Soares, del Bloque de Izquierdas portugués, critica que España no haya consultado a su país durante el proceso de evaluación del silo. "El Gobierno español inició la evaluación de impacto ambiental en 2015 y no involucró a Portugal en el proceso". El 12 de enero se reunieron los ministros de Medio Ambiente de ambos países. "España se negó a que participe Portugal [en la evaluación], lo que provocó la queja a Bruselas", ha añadido Soares.
