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Rajoy acepta incluir la dependencia en la financiación autonómica

Todas las autonomías menos Cataluña y Euskadi han cerrado ya los acuerdos y la agenda de la próxima Conferencia de Presidentes

Soraya Sáenz de Santamaría junto a Cristóbal Montoro. Ampliar foto
Soraya Sáenz de Santamaría junto a Cristóbal Montoro.

El Gobierno de Mariano Rajoy aceptó este miércoles la propuesta de los consejeros autonómicos socialistas para incluir los gastos en políticas de dependencia en el nuevo modelo de financiación autonómica. En el actual sistema no estaban contemplados y cada comunidad recibe unos fondos estatales y los distribuye según su criterio. El ejecutivo y todas las autonomías menos Cataluña y Euskadi han cerrado ya los acuerdos y la agenda de la próxima Conferencia de Presidentes.

“Ha ido muy bien”, “ha habido un nivel de acuerdo amplísimo” y “estamos muy satisfechos”, fue como resumió el secretario de Estado de Administraciones Territoriales, Roberto Bermúdez de Castro, el sentido de la reunión preparatoria este miércoles entre el Gobierno central y las autonomías de la Conferencia de Presidentes autonómicas convocada para el próximo martes en el Senado. El ejecutivo de Rajoy se mostró incluso algo sorprendido del tono del encuentro y de la cantidad de acuerdos ya cerrados o casi cerrados: diez.

No habrá sorpresas en el desarrollo de esa reunión, que empezará el martes con un desayuno informal con el rey Felipe VI y luego contendrá un discurso inicial de 10 minutos del presidente Rajoy e intervenciones de entre siete y 10 minutos de los presidentes presentes. No acudirán el presidente catalán, Carles Puigdemont, y el vasco, Íñigo Urkullu, a los que este miércoles la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, volvió a invitar a que reconsideren su rechazo a acudir por reclamar a cambio una negociación bilateral. Santamaría remachó que los asuntos en discusión serán relevantes y entre los mismos destacará la puesta en marcha de la negociación para un nuevo sistema de financiación de las autonomías. La palabra “nuevo” fue otra exigencia.

Ni los consejeros que representaban a las comunidades gobernadas por el PSOE, ni tampoco los del PP, ven válido reformar el modelo actual, aprobado en 2009 y que tendría que haberse modificado en 2014. Quieren otro, con otros factores a tener en cuenta. Ahí estará la discusión clave del martes en el Senado y de los próximos meses en España.
Uno de los cuatro puntos de los 10 previstos en la agenda de la conferencia de Presidentes que queda por cuadrar es precisamente el que alude al sistema de financiación.

La demanda extremeña


Representantes de los gobiernos socialistas en Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana y Extremadura incidieron en el “incumplimiento flagrante” del Estado en la financiación de la dependencia, que reclaman que sea compartida a partes iguales con las autonomías. La voz cantante en esa denuncia la llevó la consejera de Hacienda extremeña, Pilar Blanco-Morales. Y se pusieron varios ejemplos. El Estado asume el 16% del coste actual de la dependencia en Aragón cuando debería ser el 50%. En Andalucía, Castilla-La Mancha o Extremadura se mueven en niveles similares de entre el 15 y el 20%. El Ejecutivo andaluz de Susana Díaz cifra en 500 millones el agujero que le provoca la falta de dotación por parte del Gobierno de Rajoy. En el caso del gobierno de Emiliano García-Page en Castilla-La Mancha serían 350 millones.

El secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya, aceptó la novedad de introducir ese factor gasto en dependencia en el nuevo modelo y así quedará en el acuerdo. Pero no se comprometió a cifrar ningún porcentaje. El Gobierno mantiene que se computará esa partida pero también otras que ahora se aplican en vivienda social, discapacidad, sanidad o educación. El consejero gallego, Alfonso Rueda, reclamó la misma importancia para el gasto sanitario.
El ministro Montoro y los consejeros cuadraron además la hoja de ruta del nuevo sistema. En un mes se convocará otra cita con un experto de cada región para añadir ideas al estudio que tienen ya en reserva hace meses con los datos de balance del anterior modelo los técnicos del Ministerio. La ley que regulará el nuevo modelo deberá ser aprobada por mayoría absoluta del Congreso.
Los representantes del PSOE también destacaron que Montoro aceptaría eliminar la tasa de reposición para ofertas públicas de empleo, marcada por la ley de Presupuestos estatal en vigor y que solo permite cubrir las jubilaciones. El vicepresidente de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, fue el que reclamó un mayor margen de maniobra para convocar plazas públicas y contratar más en los sectores educativos, sanitarios y de servicios sociales. Desde el PSOE también subrayaron, más allá del “escollo” de la dependencia, su presión para incluir en la conferencia un punto sobre la necesidad de crear más empleo.

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