El expresidente andaluz Manuel Chaves ha pedido su absolución en el caso de los ERE porque "ni conoció, ni pudo conocer, las supuestas irregularidades vinculadas" a la concesión de ayudas sociolaborales, tal y como se recoge en el escrito de defensa presentado este jueves en el Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla. Chaves se enfrenta a una petición de la Fiscalía Anticorrupción de 10 años de inhabilitación por los supuestos delitos de prevaricación y asociación ilícita. El juez Álvaro Martín dictó auto de apertura de juicio oral el pasado noviembre contra 26 ex altos cargos de la Junta, entre ellos, Chaves y el también expresidente andaluz José Antonio Griñán.
El abogado Pablo Jiménez de Parga alega que Chaves, como presidente, "desconocía los procedimientos concretos por los que se canalizaban las ayudas sociolaborales, así como las ayudas concedidas en cualquier otro ámbito". En la misma línea de los argumentos esgrimidos por los otros ex altos cargos, el expresidente defiende que "no pudo conocer las supuestas irregularidades vinculadas a la concesión de las ayudas sociolaborales puesto que nadie le advirtió de ello y el interventor general tampoco consideró oportuno utilizar el mecanismo del informe de actuación".
Entre 2000 y 2009, el Consejo de Gobierno presidido por Chaves aprobó 18 modificaciones presupuestarias relacionadas con los ERE de 1.271 modificaciones aprobadas durante ese mismo periodo por el Ejecutivo andaluz. Esas 18 modificaciones, según su escrito de defensa, fueron tramitadas contando "con todos los documentos e informes preceptivos, las memorias justificativas y explicitaron el impacto en los objetivos de los programas de actuación, inversión y financiación afectados". "Todas estas modificaciones presupuestarias contaron con el preceptivo informe, favorable en todos los casos, de la Intervención General de la Junta de Andalucía", añade el escrito, que reitera que Chaves se limitó "a participar en la formalización de la aprobación, por parte del Consejo de Gobierno que él presidía, de unas modificaciones presupuestarias que habían seguido todos los trámites legalmente exigibles y que contaban con todos los informes preceptivos favorables".
Chaves ha presentado su escrito de defensa dos días después de que lo hiciera su sucesor en el cargo, José Antonio Griñán, quien también se enfrenta a un supuesto delito de malversación por el que la fiscalía solicita seis años de prisión. En su escrito, el abogado de Griñán, José María Mohedano, rebate la acusación por este último delito al recordar que ya el juez del Tribunal Supremo aseguró que no existían, "a menos a día de hoy datos, indiciarios incriminatorios" en este asunto. "Desde entonces, no se ha acreditado por el juzgado instructor de Sevilla ninguna nueva investigación en relación con la posible participación de Griñán en un delito de malversación, puesto que nunca intervino en la concesión concreta de ayudas ni se ha acreditado que conociera el presunto uso irregular de fondos públicos dado que no era de la competencia de su departamento de Hacienda", defiende el magistrado. Antes de ser presidente, Griñán fue el consejero del ramo entre 2004 y 2009.
