La juez deja libres a cuatro de los siete supuestos agresores de los guardias de Alsasua
La magistrada ve difícil que estos procesados puedan ocultar o destruir pruebas
La juez Carmen Lamela ha puesto este martes en libertad a cuatro de los siete agresores de dos guardias civiles y sus parejas en Alsasua (Navarra) que permanecían en prisión desde el pasado 15 de noviembre, un mes después de la agresión. La magistrada ordena su excarcelación después de tomarles declaración indagatoria por videoconferencia y comunicarles los hechos que se les imputan. Otros tres supuestos agresores, a los que la juez atribuye un “especial liderazgo y protagonismo” en la agresión, permanecen en prisión.
La decisión llega un día después de que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional decidiera mantener a los siete imputados en prisión tras la vista de apelación contra la decisión de la juez Lamela que los llevó a la cárcel el 15 de noviembre.
Los hechos ocurrieron en el bar Koxka de Alsasua en la noche del 15 de octubre. Los dos guardias, un teniente y un sargento, estaban tomando una consumición con sus parejas cuando uno de los jóvenes, Jokin Unamuno, les increpó. A continuación, entre 20 y 25 personas, según la investigación, rodearon a las dos parejas y les comenzaron a insultar y amenazar. Cuando intentaron abandonar el bar, el grupo comenzó a golpearles causándoles diversas lesiones. El teniente sufrió, entre otras heridas, una fractura en el tobillo que precisó una intervención quirúrgica en la que se le colocaron una placa y tornillos.
Los excarcelados, todos ellos imputados por un delito de terrorismo en concurso ideal con lesiones, atentado y delito de odio, son Aratz Urrizola, Julem Goikoetxea, Jon Ander Cob e Iñaki Abad. La juez considera “difícil” que estos cuatro procesados puedan ocultar, alterar o destruir fuentes de prueba o que puedan actuar contra bienes jurídicos de las víctimas una vez finalizada la investigación y dictado el auto de procesamiento. Todos ellos tienen obligación de comparecer en el juzgado más próximo a su domicilio dos días a la semana, prohibición de salida del territorio y retirada del pasaporte.
Los tres que permanecen en prisión son Jokin Unamuno, Adur Ramírez y Oihan Arnanz. La magistrada instructora afirma que no puede asegurarse que, de quedar en libertad estos no vayan a atentar contra bienes jurídicos de las víctimas o incluso puedan cometer otros hechos delictivos".
De ellos, la juez afirma que “tuvieron participación muy activa” en el ataque al teniente y al sargento del instituto armado en el bar Koxka de Alsasua. Según el auto, Jokin fue el primero que increpó a las víctimas y llamó por teléfono a otras personas, entre ellas Adur Ramírez, para que acudieran al establecimiento hostelero. Sobre Oihan Arnanz, la investigación ha puesto de manifiesto que fue el primero en encararse con el teniente cuando acudió al baño del bar y acercó la cabeza a ambos agentes en actitud desafiante como si les fuera a dar un cabezazo. Arnanz, que “tenía gran destreza de movimientos”, se ensañó con el sargento, dándole patadas y pisándole cuando estaba en el suelo.
Jokin Unamuno y Adur Ramírez se encuentra entre los principales promotores del movimiento Ospa! (¡Largo!), cuyo objetivo es la salida del País Vasco y Navarra de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Antes de la agresión de Alsasua ambos fueron identificados y denunciados por participar en una manifestación prohibida a favor de los presos de ETA enfermos en Etxarri-Aranatz el pasado septiembre. Además, los dos tomaron parte en encierros del movimiento Herrira de apoyo a los reclusos de la banda y cuyas actividades fueron suspendidas por la Audiencia Nacional.
Tanto Oihan Arnanz como Adur Ramírez están vinculados a Indar Gorri, grupo de aficionados radicales de Osasuna. Además, en el caso de Ramírez, sus huellas fueron recogidas en 2013 en siete carteles con fotos de presos de la banda y en dos pancartas con el anagrama de ETA.
Lamela ha tomado declaración indagatoria a los nueve procesados este martes. Después, elevará la causa a la Sala de lo Penal de la Audiencia para que la fiscalía, las acusaciones populares y particulares y las defensas emitan sus escritos de calificación. Los jóvenes se enfrentan a posibles penas de hasta 15 años de prisión.
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