Los rectores echan de su cúpula al compañero acusado de plagios
El presidente de la CRUE pide al responsable de la Rey Juan Carlos que deje el puesto en una de las comisiones para "no perjudicar el prestigio" de la institución
El rector de la Universidad Rey Juan Carlos, Fernando Suárez, tuvo que dejar el jueves su puesto de vocal de la conferencia de rectores, la CRUE, por el escándalo de los supuestos casos de plagio que le acorralan. La conferencia le pidió que se marche para “no perjudicar el prestigio” de la institución. La universidad pública madrileña no ha iniciado ninguna investigación pese a que el primer caso saltó en octubre y hay ya más de una docena de plagiados.
El pronunciamiento oficial de la CRUE sobre un asunto sin precedentes en la Universidad española llega dos meses después de que se conociera el primer caso, publicado por El Correo Gallego. También es posterior a la condena de la conferencia de rectores madrileños, de la que forman parte cinco campus más el que preside el propio Suárez Bilbao. Durante este tiempo, el asunto ha alcanzado incluso trascendencia internacional después de que un campus estadounidense anunciara que va a retirar un texto del rector de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) tras comprobar que copió a seis autores en un artículo de 13 páginas.
Una universidad en silencio
Los estatutos de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid contemplan la opción de una moción de censura, que solo puede prosperar si lo pide un tercio del claustro del campus, formado por 300 miembros, y si lo respaldan al menos dos tercios. Y es el rector el que convoca el claustro o, de nuevo, un cuarto de sus miembros. Pero cuesta creer que eso suceda.
Los decanos afrontaron en Consejo de Gobierno el 25 de noviembre el plagio como un ataque a la Universidad; y cuentan los alumnos que, cuando se pregunta a los profesores por el asunto, declinan opinar o defienden a Fernando Suárez. En este escenario la movilización de los estudiantes, separados en seis campus de cinco localidades y en semanas de exámenes, se ha limitado a una recogida de firmas en una plataforma reivindicativa. A la vuelta de Navidades, si el rector continúa en el cargo, tratarán de organizarse.
La crítica entre los profesores y el personal de administración y servicios es cero. “Nunca habrá una moción de censura. De 300 miembros del claustro, solo se animarían a presentarla 10 trabajadores y los alumnos, que son unos 30”, calcula un profesor que pide anonimato. “Es una Universidad con una red clientelar muy fuerte”, prosigue. Una idea en la que ahondan los alumnos: “Hay un corporativismo muy claro, se piensa en el beneficio propio y no en la pérdida del prestigio de la Universidad”.
Suárez Bilbao se reunió ayer por primera vez desde que estalló el caso con el presidente de la CRUE, Segundo Píriz (rector de la Universidad de Extremadura) y con uno de los vicepresidentes, Roberto Fernández (Lleida). Píriz le pidió personalmente que renunciara al puesto de vocal en el comité permanente, el órgano que “gestiona y representa los intereses de la institución”. Ese comité lo forman el presidente de la CRUE, dos vicepresidentes, un vicepresidente ejecutivo, cuatro vocales y la secretaría general.
Tras la reunión, la conferencia emitió un comunicado en el que indicaba que, “con el acuerdo de todo el comité permanente”, Píriz y el propio afectado tomaron la decisión para “no perjudicar” su prestigio. El texto, de dos párrafos, añade que “rechaza plenamente el plagio en cualquier institución universitaria y científica, donde la generación de conocimiento es un valor que debe defenderse y garantizarse”.
Hay al menos once afectados por los supuestos plagios del rector. Cinco profesores que han pedido su dimisión en una carta y los seis detectados por la Universidad de California-Santa Bárbara en una de sus publicaciones.
La Universidad Rey Juan Carlos ni siquiera ha puesto en marcha la comisión de investigación que anunció cuando salieron los primeros casos. El rector no ha hecho declaraciones sobre este asunto ni ha respondido a las peticiones de este periódico para conocer su versión. En un texto que leyó ante el Consejo de Gobierno de su Universidad, atribuyó las denuncias públicas por sus supuestos plagios a una campaña “de difamación y acoso”. No obstante, Suárez admitía: “Es posible que se hayan podido producir disfunciones, porque soy humano”.
Pese al rechazo del PP, la Asamblea de Madrid le ha convocado el 21 de diciembre para que dé explicaciones sobre este asunto. El rector aún no ha confirmado si asistirá o no.
Aunque se trata de un campus sostenido con fondos públicos, la Comunidad de Madrid y el Ministerio de Educación se mantienen al margen de momento. La presidenta regional madrileña, Cristina Cifuentes, apeló a la autonomía universitaria para evitar valorar el asunto. “Mientras que la universidad no se pronuncie no vamos a opinar, no es un asunto de gobierno”, dijo el pasado domingo en una entrevista en LaSexta.
