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Solo el PP no firma el acuerdo para revertir los recortes en Dependencia

Todos los demás grupos apoyan la propuesta de la asociacón de directores de servicios sociales

Los portavoces de los grupos parlamentarios firman un pacto por la Dependencia. De izda. a dcha. Carles Campuzano, de PDCat, Ana María Oramas, de CC, Marta Martín, de Ciudadanos, Antonio Hernando, del PSOE, José Manuel Ramirez, presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales y del Observatorio Estatal de la Dependencia, Íñigo Errejón, de Ahora Podemos, y Pedro Quevedo, de Nueva Canarias.

El Congreso de los Diputados ha vivido esta tarde un hecho poco frecuente. A instancias de una organización independiente, la Asociación de Directores y Gestores de Servicios Sociales, todos los grupos parlamentarios firmaron un documento en el que se comprometían a revertir los recortes que han sufrido las prestaciones del servicio de atención a personas en situación de dependencia desde 2012. Solo no asistió el PP.

El texto, de cinco puntos, pretende recuperar el nivel de inversión por parte del Gobierno central de antes de la crisis, lo que supondría una aportación extra de 450 millones, según los cálculos de la asociación que presentó el director del Observatorio de la Dependencia, Juan Manuel Ramírez. En julio de 2012 un real decreto recortó en un 13% la aportación considerada mínima por la Administración central para el cuidado de dependientes, y anuló otra de las partidas (aunque la ley la mantiene). La aportación del Ministerio de Sanidad representa actualmente el 20% de los 8.500 euros que emplea el Estado en las prestaciones (el resto corre a cargo de las comunidades). Ello quiere decir que con ese aumento de 450 millones podrían dotarse casi 265.000 ayudas más, cuando aún hay 356.000 personas con una dependencia reconocida que no tienen prestaciones.

Dentro del apartado para revertir los recortes, está que los cuidadores (más del 90%, mujeres) vuelvan a cotizar. Antes del real decreto, había 170.000 personas que lo hacían, y actualmente solo quedan 10.000.

También intenta el acuerdo blindar el servicio, obligando a que cualquier cambio en las prestaciones las apruebe el Parlamento, y no el Gobierno mediante decretos.

Dos de los cinco puntos del pacto intentan asegurar el futuro económico de la aplicación de la ley, pidiendo un pacto entre la Administración General del Estado y las comunidades para que se comprometan a dotar suficientemente el servicio hasta que no queden personas con dependencia sin atender. Y, en esta línea, se pide que el Consejo de Política Fiscal y Financiera establezca un nuevo sistema de financiación autonómico que permita a las comunidades pagar los servicios.

Por último, se pidió transparencia en el sistema de información de la dependencia, para evitar, por ejemplo, que suceda como tras los recortes, cuando el ministerio presumió de que reducían las listas de espera y lo que ocurría era que las personas morían en ellas antes de recibir las ayudas.

Los representantes parlamentarios rehusaron a hacer declaraciones para darle protagonismo a la asociación.

El PP ha dado como explicación la misma que la diputada Marta González dio a ramírez cuando le pidió la firma. En ella, aparte de coincidir en la importancia de la ley, le informa de que "el Grupo Parlamentario Popular ha decidido apoyar la creación de una subcomisión en el seno de la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales, con el objetivo de estudiar el desarrollo de la ley en todo el territorio, y elaborar propuestas de mejora que permitan una aplicación efectiva y eficiente de la misma". "En ella podrán intervenir, a través de la propuesta de los diferentes grupos parlamentarios, representantes de todos los agentes y sectores vinculados al ámbito de la ley, como la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales". Y concluye que cree que "este será el mejor espacio para poder estudiar, debatir, y en su caso, asumir, el documento" del pacto de Estado que les había hecho llegar.

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