El Consejo de Transparencia pide que las agendas de los altos cargos sean públicas
El organismo crea una nueva figura jurídica para facilitar el acceso a los datos
El Consejo de Transparencia comunicará al Gobierno en las próximas semanas que ha creado un nuevo concepto jurídico, las agendas para la transparencia, con el que quiere unificar la forma en la que se recogen los datos de las citas de los altos cargos y facilitar su acceso a los ciudadanos. La obligación de informar afectaría, entre otros, al presidente y sus ministros, según el criterio consensuado con la Agencia de Protección de Datos. Eso permitiría conocer citas como la que tuvo Jorge Fernández Díaz con Rodrígo Rato cuando era ministro del Interior.
“El consejo ha redactado una recomendación en base a sus competencias, en concreto el artículo 38.1 a) de la Ley de Transparencia, para centrar un nuevo concepto que no existía en el ordenamiento jurídico español: las agendas para la transparencia”, explican a este diario desde el organismo, que tendrá como interlocutor en el Ejecutivo el área de la secretaría de Estado de Función Pública. “Estamos esperando la consolidación de las estructuras ministeriales para dar un impulso definitivo a este asunto”.
Para “facilitar la rendición de cuentas en materia de toma de decisiones o adopción de criterios”, el Consejo quiere fijar las características de las agendas públicas, que ahora mismo no siguen un criterio común, por lo que varían desde las que consisten en apuntes a mano a las que están informatizadas o directamente se borran tras cada cita. Esa falta de unidad facilita que los altos cargos solucionen las peticiones de información alegando que no guardan registros. El consejo, además, quiere “abordar la posibilidad de elaborar un modelo común con soporte electrónico que facilite la búsqueda de la información”.
“La información que habrá de facilitarse será la referida a las reuniones o actos concretos o, en su defecto, al período temporal al que se refiera el solicitante”, establecieron el consejo y la Agencia Española de Protección de Datos en un documento conjunto de mediados de año.
“En cuanto a los sujetos, la información quedará limitada a las reuniones a las que asista un determinado miembro del Gobierno, alto cargo, directivo público profesional o empleado público”, añadieron antes de que el desarrollo de la iniciativa se viera frenado por la falta de Gobierno y su posterior reestructuración.
Congreso y Senado
Una vez renovado el mandato de Mariano Rajoy, tanto el Congreso como el Senado recibieron ayer la petición de comparecencia de Esther Arizmendi, presidenta del Consejo de Transparencia, con objeto de presentar el informe anual de 2015. La directiva denunciará en las Cortes que tras la entrada en vigor de la ley no hubo una campaña adecuada para fomentar que los ciudadanos pidan información y defenderá la necesidad de dotar a la norma de un reglamento.
“La transparencia sigue siendo molesta”, lamentó ayer Arizmendi durante un acto en el que se conmemoró el tercer aniversario de la ley. “No hay una cultura de explicarse”, completó José Luis Escrivá, el presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, que calificó de “inaceptable” las reticencias de políticos y Administraciones a divulgar datos, que describió como “enorme resistencia”.
Las decenas de recursos cruzados que se han interpuesto el Gobierno y el Consejo de Transparencia en los tribunales sustentan esa afirmación.
“No es deseable que el Gobierno impida la petición de información y recurra contra un órgano que depende del Parlamento”, argumenta Jesús Lizcano, presidente de Transparencia Internacional en España. “En algún caso puede ser justificable, pero que sea una acción recurrente, frecuente, no es algo adecuado”, subraya. “Esto va unido a situaciones difusas que tendría que aclarar un reglamento que no existe. Es chocante que no haya reglamento”.
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