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Transparencia Internacional pide proteger por ley a los denunciantes de corrupción

Los partidos no logran ponerse de acuerdo para empezar el trabajo legislativo

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Ana Garrido, en una imagen de archivo.

La delegación de Transparencia Internacional (TI) en España ha aprovechado que este viernes se celebra el día mundial contra la corrupción para pedir a los partidos que aprueben una ley de protección de los denunciantes y otras nueve medidas para mejorar la lucha contra esta lacra en el país. Las cuatro principales formaciones se comprometieron en sus programas electorales a legislar para evitar que los ciudadanos puedan perder su trabajo, sus ahorros o su prestigio social como consecuencia de que se atrevan a ir a los tribunales para denunciar casos de corrupción. Sin embargo, más de un mes después de la investidura de Mariano Rajoy, los trabajos parlamentarios no han comenzado.

"Los programas electorales nunca han estado tan cargados de medidas por la transparencia y la regeneración, pero otra cosa es que luego se pongan las pilas y avancen en la legislatura en estas cosas y alguna más", razona Jesús Lizcano, portavoz de TI. "Ha acabado la mayoría absoluta y eso abocará al pacto", argumenta. "Todos tienen que reconocer que esto es una cuestión de Estado, que no tiene que ver con la ideología, que los ciudadanos lo reclaman", subraya. "Esta legislatura podemos presionar y tenemos posibilidades, pero la voluntad política es difusa, se difumina mucho, porque se empiezan a perder en lo legal y no avanzan", lamenta sobre la ley de protección al denunciante. 

La Comisión de calidad democrática contra la corrupción y de reformas institucionales y legales, que debe impulsar esa normativa, aún no ha comenzado a trabajar. Con España alcanzando su peor puntuación histórica en el índice de percepción ciudadana de la corrupción (58 sobre 100, según TI), esa inacción ha provocado las protestas de la Plataforma x la honestidad, uno de los lobbies que promociona la medida.

"¿Qué sucedería si se convocasen elecciones anticipadas antes de los 6 meses que se están dando ustedes de plazo, señorías? ¿Vuelta a empezar?", se preguntan desde esta plataforma, que nació para apoyar a Ana Garrido, una de las denunciantes de la trama Gürtel, y que ahora ve con preocupación los problemas que están teniendo los partidos para decidir desde el formato de sus reuniones al calendario de temas a tratar.

No es el único escollo al que se enfrentan las principales formaciones para cumplir con las diez recomendaciones que les plantea TI para combatir la corrupción. Parece difícil que los partidos se pongan de acuerdo en cómo regular los grupos de presión o lobbies que se reúnen con los políticos, puesto que llevan posponiéndolo desde 2012, aunque los expertos consideran que la llegada de Podemos y Ciudadanos al Congreso puede espolear el proceso. Tampoco será sencillo que las formaciones pacten cómo reducir los cargos de libre designación.

¿Cuáles son los puntos en común? Todos los partidos están de acuerdo en la recomendación de promover la despolitización de los órganos constitucionales, pero no en cuál debe ser el mecanismo de elección de sus integrantes que solucione el problema. También coinciden en la posibilidad de reducir los aforamientos, eliminándolos para los diputados, los senadores y los miembros del Ejecutivo, pero eso requiere de una reforma constitucional que provoca profundas fricciones (Ciudadanos propone una reforma exprés de ese único punto para superar este escollo). La eliminación de los indultos por corrupción también agrada a todos y está recogida en el pacto de investidura que firmaron el PP y Ciudadanos, al igual que la tipificación penal del delito de enriquecimiento ilícito. Finalmente, el reglamento de la ley de transparencia, que TI pide aprobar "urgentemente", ya está en marcha.

Las diez recomendaciones de Transparencia Internacional a los partidos españoles

  1. Promover la despolitización de los órganos constitucionales y disminuir de forma significativa el excesivo y desequilibrado poder de los Partidos políticos en relación con la sociedad y los ciudadanos.
  2. Reducción del número de aforados (ningún país en Europa tiene tantos aforados como España), así como las características del aforamiento, limitándolo exclusivamente a las actividades y actuaciones relacionadas con el correspondiente cargo público.
  3. Eliminación de la posibilidad de conceder indultos por corrupción.
  4. Disminución sensible del clientelismo político, disminuyéndose a tal efecto la enorme cantidad de cargos de libre designación existentes en este país.
  5. Mejorar diversas disposiciones legales en el ámbito sancionador, incluyéndose a tal efecto la figura del delito por enriquecimiento ilícito, así como el desarrollo de un régimen específico de infracciones y sanciones en la Ley de Transparencia.
  6. Aprobación urgente del Reglamento de la Ley de Transparencia, todavía pendiente tres años después de haberse publicado la Ley.
  7. Publicación de una Ley de protección a los denunciantes: Para que los ciudadanos se sientan protegidos legalmente cuando conozcan hechos y deseen formular denuncias por fraude y corrupción.
  8. Regulación de los Lobbies: Es necesario que se regulen desde un punto de vista legal los lobbies, se propicie su transparencia social, y se establezca obligatoriamente la creación de Registros de grupos de interés en las distintas instituciones públicas y parlamentarias.
  9. Transparencia de las formaciones políticas: Es necesario que aumente la transparencia financiera de los Partidos y de las entidades perimétricas de los mismos (Fundaciones, etc.), siguiendo de esta forma las recomendaciones del GRECO (Grupo de países del Consejo de Europa contra la Corrupción).
  10. Educación: Los Partidos políticos y grupos parlamentarios han de fomentar medidas para que en los distintos niveles educativos se introduzcan conceptos y materias relacionados con la ética, los valores, la transparencia, la integridad y la prevención de la corrupción.