Archivada la querella del exministro Soria contra la juez Rosell
La exdiputada de Podemos renunció a repetir como candidata tras su imputación
El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha archivado la querella por delitos de prevaricación, cohecho y retardo malicioso de un proceso penal presentada por el exministro José Manuel Soria contra la juez Victoria Rosell, exdiputada de Podemos, que abandonó la política tras su imputación en esta causa. Según han informado fuentes de la defensa, la decisión se ha comunicado verbalmente, pero las partes aún no han recibido el auto debido a un fallo informático en el sistema de notificaciones.
La instructora del caso ha tomado esta decisión días después de interrogar a Rosell y a Miguel Ángel Ramírez, propietario del grupo Ralons y presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, el empresario al que la juez supuestamente benefició, según la denuncia de Soria.
El asunto que da origen a esta querella se remonta a la campaña de las elecciones generales de diciembre de 2015, a las que Rosell se presentó como candidata de Podemos al Congreso. Entonces, la Fiscalía de Las Palmas hizo público que había abierto una investigación "disciplinaria" a la magistrada tras recibir en un sobre anónimo la copia de un contrato por el cual la Unión Deportiva Las Palmas compraba al periodista Carlos Sosa, pareja de la juez, los derechos de una licencia de FM por 300.000 euros.
El Ministerio Público pretendía averiguar si la juez había incumplido su deber legal de abstenerse de instruir una causa penal por fraude a Hacienda y a la Seguridad Social abierta contra Miguel Ángel Ramírez, a sabiendas de que este hacía negocios con su pareja. Pero, en las semanas siguientes, la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC anuló esa investigación de la Fiscalía por falta de competencias y por vulnerar los derechos constitucionales de Rosell como candidata al Congreso. El Consejo General del Poder Judicial archivó el caso en el plano disciplinario.
Sin embargo, el entonces ministro de Industria y candidato del PP por Las Palmas en aquellos comicios, José Manuel Soria, llevó el asunto a la Sala de lo Penal del Supremo, inicialmente para denunciar que Rosell le había calumniado al acusarle de estar detrás de la investigación de la Fiscalía y de haber manejado el caso.
El intrincado proceso judicial
En esos momentos, el sustituto de Rosell en el Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria volvió a tomar declaración al empresario Ramírez en el caso de fraude fiscal y este le dijo que había financiado durante años negocios periodísticos dirigidos o participados por la pareja de la juez.
Soria recogió el contenido de esa declaración para ampliar su querella contra Rosell y acusarla formalmente de delitos de cohecho, prevaricación y retardo malicioso de la Justicia. Aunque en esta ocasión la Fiscalía consideró que no había indicios para sostener esos cargos, el Supremo admitió la querella y Rosell se vio obligada, por el código ético de Podemos, a no repetir como candidata.
Con el pleito ya en el TSJC, porque Rosell había dejado el Congreso, el caso dio un nuevo giro cuando el empresario Ramírez denunció que el juez Salvador Alba se había reunido en privado con él antes de tomarle declaración y le había dicho lo que tenía que manifestar para, presuntamente, perjudicar a la exdiputada de Podemos. Y, además, aportó una grabación de la charla.
Ese audio ha dado lugar a otro caso penal contra el juez Alba, al que la Fiscalía acusa ahora ante el TSJC de negociaciones prohibidas a funcionarios y al que el Poder Judicial ha abierto un expediente disciplinario por faltas muy graves.
