El Gobierno intenta vetar la subida de las pensiones que quiere la oposición
La Mesa del Congreso tendrá que decidir si tramita la proposición de ley
El Gobierno ha abierto un nuevo pulso con el Congreso de los Diputados, esta vez para evitar que la oposición le imponga una subida de pensiones en contra de su criterio. La Moncloa ha notificado a La Mesa de la Cámara su veto a la proposición de ley que firmaron todos los grupos, salvo el PP y Ciudadanos. El Gobierno no quiere que se someta siquiera a debate con el argumento de que afecta a los Presupuestos porque costaría 1.150 millones de euros.
La actividad parlamentaria del inicio de la legislatura y, previsiblemente de los próximos meses, se basa en el pulso del Gobierno con la mayoría que forman la oposición en el Congreso. El Ejecutivo intenta evitar que se tramiten siquiera iniciativas de los demás grupos que afectan a su política, especialmente la económica, y el Pleno da pasos aún mínimos para desmontar el legado normativo de la mayoría absoluta del PP. Este martes ha sido una moción del PSOE para derogar la ley de seguridad ciudadana o ley mordaza, que ha tenido solo el rechazo del PP y la abstención de Ciudadanos.
La Moncloa ha vuelto a acogerse este martes al artículo de la Constitución que le permite vetar proposiciones de ley que supongan un aumento de gasto o disminución de ingresos. Esta vez, el Ejecutivo ha comunicado a la Mesa que veta la proposición de ley de todos los grupos, salvo PP y Ciudadanos, para subir en un 2,1% todas las pensiones desde el 1 de enero de 2017. “El coste de la medida superaría los 1.150 millones de euros que, según la proposición de ley, tendrían que ser financiados por el Estado sin que se proponga una fuente de financiación”, asegura el escrito del Gobierno.
Por eso, sostiene que no puede tramitarse porque afectaría a los Presupuestos y se remite al Pacto de Toledo. Ahora tendrá que ser la Mesa la que decida si acepta o no el veto. En principio, PSOE y Unidos Podemos están por rechazarlo, pero Ciudadanos se ha limitado a asegurar este martes que debe pedirse a los proponentes que la reformulen, reconociendo el derecho del Gobierno al veto.
Es decir, los votos de PP y Ciudadanos podrían dar por bueno ese veto. El Ejecutivo ya quiso hacerlo en el trámite de toma en consideración de la proposición para paralizar la LOMCE. Y está pendiente la tramitación de la iniciativa de Unidos Podemos para subir el Salario Mínimo Interprofesional, que el Gobierno no ha podido parar. Ya son 16 las proposiciones de ley promovidas por la oposición y distintos parlamentos autonómicos que ha vetado el Gobierno. El Ejecutivo tiene previsto llevar el conflicto al Constitucional si, como parece, la Mesa del Congreso persiste en la decisión de levantar vetos cuando estime que no están justificados.
Los letrados del Congreso han entregado a la Mesa un informe no vinculante sobre los vetos, con un contenido contradictorio. Por un lado, señala que, según el Constitucional, la Mesa puede rechazar los “arbitrarios o manifiestamente irrazonables”. Por otro que “en todo caso la Mesa no puede sustituir al Gobierno en el ejercicio de la prerrogativa constitucional y reglamentaria”. Explica que la Mesa puede pedir información adicional o explicación al Gobierno sobre sus vetos.
