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El Congreso abre la puerta a reformar la ley franquista de Secretos Oficiales

La proposición de ley del PNV establece la desclasificación automática de documentos a los 25 años

Acto Solemne de Apertura de la XII Legislatura del Congreso de los Diputados. Ampliar foto
Acto Solemne de Apertura de la XII Legislatura del Congreso de los Diputados.

Salvo sorpresas, el Parlamento abrirá este martes la puerta a la reforma de la vigente Ley de Secretos Oficiales, que data del franquismo (1968) con retoques preconstitucionales (octubre de 1978). El pleno del Congreso votará la admisión a trámite de una proposición de ley del PNV que, por vez primera, fija un periodo de desclasificación automática (25 años para materias secretas y 10 para reservadas) y atribuye en exclusiva al Consejo de Ministros la facultad de clasificar secretos.

La propuesta no debería tener problemas para prosperar, pues el pasado 27 de abril el pleno de la Cámara baja ya votó a favor de admitir a trámite la proposición de ley del PNV por 219 votos a favor y 111 en contra, con el apoyo de todos los grupos salvo el PP. La disolución anticipada de las Cortes hizo que aquella iniciativa decayera, como todas las demás en trámite, por lo que el PNV ha vuelto a presentarla.

El único partido que ha dado signos de poder cambiar su voto es Ciudadanos. Miguel Ángel Gutiérrez, secretario general de su grupo parlamentario, expresó este lunes a EL PAÍS sus reservas ante la propuesta, alegando que lo que necesita la ley de Secretos Oficiales es una revisión en profundidad y no modificaciones puntuales como las que propone el PNV. Además, se mostró partidario de que una reforma de este calado se base en un proyecto de ley del Gobierno o el trabajo de una ponencia parlamentaria, antes que en la propuesta de un grupo minoritario. No obstante, aunque Ciudadanos y PP votaran en contra —el partido de Albert Rivera no había definido ayer su posición— la iniciativa saldría adelante si todos los demás grupos la apoyan.
Mikel Legarda, diputado del PNV, admite que la Ley de Secretos Oficiales requiere una profunda revisión y que algunos consideran su propuesta un parche, pero alega que “si la oposición no se mueve el Gobierno no lo hará nunca, porque al final todos los gobiernos están cómodos con una legislación que les deja manos libres”.

La prueba, alega, es que en 40 años no ha habido ningún intento serio de cambiarla, más allá de las promesas. Además, recuerda, la admisión a trámite de la proposición de ley no impide que los demás grupos puedan enmendarla durante su tramitación.

El texto del PNV atribuye en exclusiva al Consejo de Ministros la capacidad de declarar materias secretas —ahora puede hacerlo también la Junta de Jefes de Estado Mayor, pese a que este órgano militar ha perdido todas sus facultades ejecutivas— y establece la desclasificación automática de todos los documentos secretos a los 25 años y de los reservados a los 10, “salvo que el Consejo de Ministros disponga su prórroga excepcional y motivada [...] por un nuevo periodo máximo de diez años”.

España es uno de los pocos países democráticos que carece de un periodo de tiempo cumplido el cual, salvo excepciones, se desclasifican automáticamente los secretos: en el Reino Unido 30 años; en Estados Unidos entre 25 y 50; y en Francia, 50. En España el secreto es eterno, para desesperación de los investigadores, que deben bucear en archivos extranjeros para documentar la historia de España. El entonces ministro de Defensa, Pedro Morenés, paralizó en 2012 la desclasificación de 10.000 documentos secretos de entre 1936 y 1968 cuya salida a la luz había preparado su antecesora Carme Chacón, argumentando que “podían dañar las relaciones diplomáticas” y que difundirlos no era una prioridad.

Guerra civil, no; OVNIS, sí

La situación del Ministerio de Asuntos Exteriores es peor si cabe: en octubre 2010 se aprobó un acuerdo, secreto a su vez, que clasifica como secretas prácticamente todas las materias, lo que convirtió en un vía crucis el acceso a cualquier documento.

“La opacidad de España es mayor que la del Vaticano, paradigma del secretismo, que acaba de desclasificar documentos sobre la actividad de la Iglesia argentina bajo la dictadura”, se lamenta Juan Carlos Pereira, catedrático de Historia de la Universidad Complutense de Madrid,
La paradoja estriba en que, mientras Defensa alega que no tiene medios para desclasificar documentos sobre la guerra civil o los campos de trabajo de la dictadura, acaba de digitalizar 1.900 páginas de informes desclasificados sobre avistamientos OVNI (Objetos Volantes No Identificados) cuyo interés histórico resulta cuando menos dudoso.

La penuria de medios obliga a cerrar archivos

No se puede amar aquello que se ignora y los responsables políticos nunca han mostrado excesivo interés por conocer la historia de España. La última noticia que ha alarmado a los investigadores es el cierre del Archivo de la Armada en El Viso del Marqués (Ciudad Real), cuyos 14 kilómetros de legajos atesoran la memoria de la Marina española desde el siglo XVIII hasta la Guerra Civil.

De sus fondos salieron, por ejemplo, las pruebas que sirvieron a España para ganar el litigio por el tesoro del Odyssey. El traslado de la directora técnica, sumado a la baja de un administrativo y un archivero, cuyas vacantes no se han cubierto, han obligado a suspender, al menos temporalmente, el servicio de atención personal, aunque desde el Museo Naval, del que depende, se asegura que se seguirán respondiendo las consultas por teléfono o correo electrónico en la medida de lo posible, ya que solo quedan dos marineros y un archivero.

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