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Deportado a Paraguay un joven de 19 años que llevaba 14 en España pero no encontró trabajo

El joven estuvo varios años bajo la tutela de la Xunta porque su madre no podía hacerse cargo de él

Dos agentes de la Policía en una foto de archivo.
Dos agentes de la Policía en una foto de archivo. EFE

La policía española ha deportado a su país de origen, Paraguay, a un joven de 19 años que vivía en Galicia desde los cinco con su madre y un hermano menor, nacido en Santiago de Compostela. Los agentes detuvieron al joven el pasado martes para tramitar su deportación, porque, superada la mayoría de edad, no había encontrado trabajo en España. Desde el domingo se encuentra ya en Paraguay, en donde no conoce a nadie (ni siquiera al padre, que “se desentendió de él”) mientras su madre, que padece un cáncer y ha perdido su empleo de limpiadora, permanece en Santiago con el hijo menor, del que llegó embarazada a España. El Foro Galego da Inmigración reclama el retorno del joven deportado, de la misma forma que el alcalde de Santiago, y cuestiona el procedimiento de su detención. El Ministerio del Interior no ha querido comentar ni valorar el caso.

“No conoce más país que España; él es gallego, es de Santiago”. Con estas palabras, Miguel Fernández, portavoz del foro (un colectivo que aglutina a 80 entidades sociales, culturales, humanitarias, políticas y sindicales) protesta en contra de una deportación “que debía haberse evitado”.

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Desde que con apenas cinco años llegó a Santiago, el joven no había salido de allí. Este fin de semana hizo un viaje hacia el abismo. Un retorno forzado a un lugar de origen al que no le vincula más que la Ley de Extranjería.

El joven ha pasado más de 14 de sus 19 años en Santiago con su madre y su hermano y en los últimos años, hasta la mayoría de edad, bajo la tutela de la Xunta de Galicia, “no por motivos de delincuencia, ya que no tiene antecedentes penales, aunque sí alguna diligencia por pequeños hurtos, sino porque la madre no podía hacerse cargo de los dos hijos”, sostiene Fernández. Para sus dos familiares, puntualiza el portavoz del foro, “habría sido bastante mejor que lo metieran aquí en la cárcel; al menos lo tendría cerca, con las necesidades cubiertas y podría visitarlo”, mientras que ahora se encuentra “desamparado en un país desconocido” por más que haya nacido en él.

La policía española lo introdujo el sábado en un avión que lo dejó en la capital paraguaya. “Allí ha podido contactar con un familiar lejano y también podría buscar a su padre, pero este siempre se desentendió de él”, explica el portavoz del foro de la inmigración la compleja situación del deportado.

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El chaval no encontró, “como la práctica totalidad”, según el portavoz del foro, trabajo en España cuando el año pasado, alcanzada la mayoría de edad, perdió su condición de menor tutelado por la Xunta, con lo que no pudo regularizar su situación. Se le abrió entonces un procedimiento de expulsión que la policía convirtió en resolución firme al ejecutarla de inmediato. “Había la posibilidad de demorarla, considerando la vía del arraigo social en España porque él realmente es gallego, él es de Santiago”, insiste el portavoz del foro, que cuestiona no solo la deportación del joven, sino el procedimiento en la que esta se llevó a cabo.

“Estuvo detenido en Galicia desde el martes pasado hasta el sábado, día en que fue trasladado a Madrid”, asegura el colectivo. En la capital española fue introducido el mismo sábado en un avión con destino a Perú. El joven llegó a Asunción, la capital paraguaya, en la mañana del domingo.

“Creemos que su detención sobrepasa el tiempo límite”, denuncia el colectivo que no se explica “el ensañamiento que supone haber hecho efectiva la expulsión cuando se podía regularizar su situación”. “Su única familia, que además depende de sus cuidados, son su madre y su hermano menor y viven en Santiago. Es tremendo”, lamenta Fernández. El Ministerio de Interior no ha querido pronunciarse.

El Foro Galego da Inmigración no solo reclama el regreso del joven a su casa, sino también la derogación de la Ley de Extranjería. A sus peticiones se ha sumado Esquerda Unida, que ha calificado de “brutal e inhumana” esta deportación, mientras el alcalde de Santiago, Martiño Noriega (de En Marea), ha pedido, igualmente “indignado”, el retorno del vecino expulsado, algo que califica de “inaceptable”.

La responsable de la concejalía de Política Social del Ayuntamiento de Santiago, Concha Fernández, se ha sumado a las críticas a "una Ley de Extranjería que favorece la desprotección de los más vulnerables". La edil sostiene que el joven deportado fue escolarizado desde los cinco años en Santiago de la misma forma que su hermano, de nacionalidad española. La familia estaba recibiendo además ayuda municipal.

"El joven es un vecino a proteger y claro que la deportación no es ilegal, pero esta es la demostración de que se trata de una ley inadmisible", ha sostenido la concejal del ayuntamiento pionero en España en la aprobación de una ordenanza que ofrece prestaciones sociales municipales que incluyen una renta básica a sin papeles en situación de vulnerabilidad.

Las deportaciones se producen mediante orden judicial después de que la policía proponga esta sanción al Gobierno (en este caso, al subdelegado del Gobierno en A Coruña) que abre un proceso de alegaciones de 48 horas. El joven compostelano alegó a través de un abogado de oficio pero sus justificaciones no fueron tenidas en cuenta y el representante del Gobierno autorizó a la policía la expulsión.

El Ayuntamiento de Santiago conoce la trayectoria del joven que fue escolarizado en esta ciudad y formó parte de sus programas socioeducativos. “Mucho hablamos de las intenciones de Trump, pero después aplicamos el mismo modus operandi para hacer operaciones que escapan al sentido común”, ha protestado este lunes Noriega al conocer la noticia.

Su regreso es, no obstante, complicado. La madre baraja la posibilidad de interponer un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Provincial de A Coruña pero el procedimiento retrasaría considerablemente el posible regreso de su hijo en el caso de que el fallo fuera favorable a su permanencia en España.

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