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Demasiado viejos para servir a la Patria

El Ejército 'prejubilará' a mil soldados anualmente a partir de 2018 por cumplir 45 años

El exmilitar Andrés Merino, a la izquierda con gorra, ante la sede del Ministerio de Defensa, al que exige que ejecute su sentencia. KIKE PARAVídeo: QUALITY
Miguel González

Demasiado viejos para servir a la patria. En 2017, unos 400 soldados y marineros profesionales perderán su empleo por cumplir 45 años. A partir de 2018 serán un millar al año y, a lo largo de la próxima década, entre 2.400 y 3.300 anuales, según un estudio de la AUME (Asociación Unificada de Militares Españoles). Todos ellos pasarán a ser reservistas de especial disponibilidad y cobrarán 600 euros mensuales a cambio de estar listos para reincorporarse en cualquier momento a filas si son llamados. La creación de este Ejército de “prejubilados” es consecuencia de la Ley de Tropa y Marinería de 2006 que, junto al compromiso inicial de hasta seis años, introdujo el de larga duración, que permitía a los soldados profesionales prolongar su permanencia en las Fuerzas Armadas hasta cumplir los 45 de edad.

Según reconocen fuentes del Ministerio de Defensa, la ley se aprobó en unas circunstancias muy diferentes a las actuales: en una época de bonanza económica en que los ejércitos no conseguían atraer suficientes soldados, por lo que hubo que idear incentivos para evitar que quebrara el modelo por falta de reclutas. La firma de un contrato de más de 25 años de duración resultaba atractiva en un mercado laboral cada vez más precario y los veinteañeros que ingresaban en el Ejército no pensaban en el momento en que peinarían canas.

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Pero el momento ha llegado y lo que parecía entonces una idea brillante revela ahora todas sus sombras. Primero, su alto coste para el presupuesto de Defensa: los alrededor de 1.500 soldados prejubilados costarán unos 10 millones en 2018, pero la cifra ira subiendo hasta rondar los 300 millones anuales cuando cumplan 45 los 53.000 militares que tienen firmado un compromiso de larga duración. Y eso durante dos décadas, hasta que se jubilen definitivamente. Además, habrá que pagar a los reclutas que les sustituyan en filas.

La batalla judicial de un veterano de Afganistán

M. G.

“Mi situación económica no es mala, es mucho peor”. Andres Merino, un exmilitar de 40 años que se lesionó en Afganistán en noviembre de 2004, al caerse de un camión mientras preparaba el repliegue del contingente español, se ha plantado ante el Ministerio de Defensa para exigir que se ejecute ya la sentencia dictada el pasado 18 de mayo por el Tribunal Superior de Justicia de Murcia.

Tras un lago pleito, el antiguo paracaidista consiguió que la Justicia reconociera que la lesión que le ha dejado cojo y le ha llevado repetidamente al quirófano para insertar seis tornillos de titanio en su columna, se la produjo en acto servicio, en contra de lo que sostenía Defensa, que lo licenció en 2013 sin indemnización alguna por pérdida de condiciones psicofísicas.

El tribunal dictó el pasado 18 de noviembre una diligencia en que daba a Defensa un plazo de 20 días para que acredite que ha cumplido la sentencia o, en caso contrario, explique por qué no lo ha hecho. El Abogado del Estado ha pedido ahora, sin embargo, una aclaración al tribunal, alegando que la sentencia le ordena pagar una pensión mientras que por su grado de discapacidad (16%) solo le corresponde indemnización. La abogada del exmilitar, Laura Pérez, cree que es una maniobra dilatoria y no tiene duda de que a su cliente le corresponde cobrar mensualmente el 140% de su salario con carácter retroactivo.

Andrés, que perdió su casa por no poder pagar la hipoteca y vive ahora en la de sus padres en un pueblo de Burgos con sus cuatro hijos menores sin más ingreso que una ayuda social de 400 euros, alega que no puede seguir esperando. La batalla más dura, la que comenzó a su vuelta de Afganistán, aún no ha terminado.

Pero los principales afectados son los propios soldados: la paga de 600 euros no llega al ya paupérrimo salario mínimo (655,20) y, aunque la asignación es compatible con cualquier trabajo en el sector privado, resulta una hazaña encontrar empleo con 45 años, sobre todo cuando su única experiencia laboral ha sido el Ejército. Fuentes de Defensa recuerdan que cuando los soldados ahora veteranos ingresaron en filas ya sabían lo que les esperaba y que en estos años han tenido ocasión de prepararse para su reinserción profesional. Han podido acceder por promoción interna a la categoría de oficial (65 plazas en 2016) o suboficial (737 plazas), así como a la condición de tropa permanente. Sin embargo, solo el 14% de los 75.000 soldados y marineros son permanentes; es decir, pueden seguir en activo hasta los 58 años, como la mayoría de los mandos.

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El Ministerio de Defensa puso en marcha hace tres años el Sistema de Aprovechamiento de Capacidades Profesionales de Personal Militar (SAPROMIL), un programa para facilitar la reinserción laboral de los exsoldados. En los últimos cuatro años, un total de 845 han obtenido el título de bachillerato y 477 el de ESO.

AUME denuncia que los soldados, sometidos a múltiples guardias y servicios, no pueden seguir los cursos que se ofertan, mientras que Defensa alega que los mandos dan todo tipo de facilidades a quienes se esfuerzan. Lo cierto es que el sistema no acaba de funcionar, como demuestra que, en la última convocatoria de ingreso en la Guardia Civil, 219 plazas reservadas para soldados y marineros quedaran vacantes. Para paliar esta falta de preparación, el Ejército de Tierra pondrá en marcha como experiencia piloto un curso intensivo de cuatro semanas para sus aspirantes a ingresar en la Guardia Civil. Otras vías de salida, como el acceso a policías locales o personal civil del Ministerio de Defensa y de otros departamentos están prácticamente inéditas, dada la congelación del empleo público en los últimos años.

La AUME ha convocado una concentración este sábado ante el Defensor del Pueblo, al que entregarán sus quejas por la situación de los militares temporales, no solo los soldados y marineros, sino también los más de 1.000 oficiales de complemento que, como ellos, se irán al paro al cumplir los 45 años, pese a contar con título universitario y estar en la cúspide de su carrera profesional. Allí estarán Fernando Tello y David Rodríguez, dos exmilitares que han realizado una marcha reivindicativa a pie de 400 kilómetros desde Badajoz. Si Soledad Becerril no les escucha sí lo hará el Parlamento: la Comisión de Defensa del Congreso aprobó el jueves por unanimidad la creación de una subcomisión para estudiar y mejorar la situación de la tropa. Hasta el portavoz del PP, Jaime Mateo Istúriz, reconoció que la ley de 2006 ha quedado obsoleta. 

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Sobre la firma

Miguel González
Responsable de la información sobre diplomacia y política de defensa, Casa del Rey y Vox en EL PAÍS. Licenciado en Periodismo por la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) en 1982. Trabajó también en El Noticiero Universal, La Vanguardia y El Periódico de Cataluña. Experto en aprender.

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