El tribunal abre la puerta a que Ignacio González testifique en Gürtel
La sala accede a que declaren altos cargos de la Comunidad de Madrid por los eventos de Aguirre
El tribunal que enjuicia la trama central del caso Gürtel de corrupción ha abierto este miércoles la puerta a que el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González sea interrogado como testigo en la vista oral que se celebra desde el 4 de octubre en la Audiencia Nacional. La sala ha aceptado parcialmente la petición del PSOE madrileño de que declaren altos cargos del Gobierno regional en relación con los contratos de celebración de eventos del gobierno regional durante la presidencia de Esperanza Aguirre. La decisión llega después de que en las jornadas anteriores la gestora de las empresas de la trama Isabel Jordán declarara que la Comunidad les exigía trocear las facturas que se giraban por estos eventos.
El tribunal presidido por el magistrado Ángel Hurtado ha accedido a que diez de estos altos cargos autonómicos puedan ser interrogados en relación con el fraccionamiento de las facturas abonadas por la Comunidad para estos eventos, aunque ha rechazado que sean 60 las personas vinculadas al Gobierno regional las que comparezcan, como reclamaba el PSOE, que ejerce la acusación popular.
Será el propio partido el que decidirá a qué altos cargos cita. En el listado que manejaba el PSOE figuran la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre -que ya está citada a declarar-, su sucesor, Ignacio González, y otras personas con cargos de responsabilidad como el exconsejero Juan José Güemes.
En este sentido, el presidente del tribunal, Ángel Hurtado, ha afirmado que parece "razonable" aceptar dicha testifical para que aclaren quiénes participaron directamente en el fraccionamiento. Aún así, ha pedido a la acusación que acote el listado a tan sólo 10 testigos, ya que, a su juicio, "son muchísimos" y con la decena ya es un "muestreo suficiente".
La decimoséptima jornada del juicio del caso Gürtel se reanudó este miércoles tras doce días de parón en la sede de la Audiencia Nacional de San Fernando de Henares (Madrid). En el bunker judicial declara Alicia Mínguez, trabajadora del cerebro confeso de la trama corrupta, Francisco Correa, y que supuestamente se encargó de elaborar las facturas falsas y las llamadas hojas de coste en las que se anotaban los gastos de la organización de los eventos que la Comunidad de Madrid adjudicaba a las empresas del entramado. Según la fiscalía, en estas hojas de coste Mínguez consignó, además de los gastos ordinarios, los porcentajes de comisión que se llevaba Alberto López Viejo, exviceconsejero del Gobierno regional con Esperanza Aguirre.
Mínguez se enfrenta a una petición de la fiscalía del 19 años de prisión por asociación ilícita, cohecho activo continuado, continuado de fraude y exacciones legales a las Administraciones Públicas, malversación de caudales públicos continuada y falsedad de documento mercantil continuada. Sin embargo, los cabecillas de la trama, en especial Correa y su número dos Pablo Crespo, la describieron en sus declaraciones ante el tribunal como una mera administrativa con nula capacidad de decisión.
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