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El Gobierno usará al Constitucional para limitar la actividad del Congreso

El Ejecutivo da un paso para llevar al Tribunal su capacidad de veto a iniciativas de la oposición

El Gobierno utilizará el Tribunal Constitucional para intentar limitar la actividad legislativa del Congreso, es decir, para que la mayoría de la Cámara no pueda aprobar proposiciones de ley en contra del PP. El Ejecutivo planteará un conflicto de competencias contra el Congreso para hacer valer el artículo de la Constitución que le permite vetar proposiciones de ley de la oposición que supongan desajustes en los Presupuestos. La Moncloa considera que la Mesa del Congreso no tiene capacidad legal para rechazar esos vetos y se tiene que limitar a tramitarlos.

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El ministro de Cultura y portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, este viernes. EFE

Está en juego el desarrollo de toda la legislatura y la primacía del poder legislativo sobre el ejecutivo que pretenden los partidos de la oposición. El Consejo de Ministros ha acordado dar el primer paso para plantear un conflicto de competencias contra el Congreso ante el Tribunal Constitucional. Se trata de evitar que sea el Parlamento el que de forma efectiva modifique las leyes, especialmente, las aprobadas durante el periodo de mayoría absoluta del PP, en contra del Gobierno.

El Gobierno vetó en octubre diez iniciativas de la oposición. Para ello esgrimió el artículo 134.6 de la Constitución que asegura que las proposiciones de ley de los grupos parlamentarios necesitan el visto bueno del Gobierno si afectan a los Presupuestos. Entre ellas había una del PSOE que paralizaba el calendario de aplicación de la LOMCE (Ley Orgánica de Mejora de la Calidad de la Enseñanza). La Mesa, en contra del PP, decidió que los vetos no estaban justificados. De hecho, la proposición sobre la LOMCE fue admitida a trámite el martes en el pleno del Congreso, con el voto de todos los grupos, salvo el PP.

Pero el Gobierno no se da por vencido y el Consejo de Ministros ha acordado dirigirse a la Mesa del Congreso para que reconsidere su decisión de levantar el veto del Gobierno a esa proposición de ley sobre la LOMCE y a otra de modificación del Estatuto de los Trabajadores que aún no se ha votado.

Lo normal es que la Mesa, con idéntica mayoría (PSOE, Podemos y Ciudadanos), rechace el requerimiento del Gobierno. Entonces el Ejecutivo podrá ya presentar el conflicto de competencias ante el Constitucional, porque este paso es imprescindible para que pueda hacerlo. El Ejecutivo cuestiona la capacidad de la Mesa del Congreso para levantar vetos, es decir, la posibilidad de que el Gobierno en minoría pueda controlar la actividad legislativa.

El Constitucional tiene mayoría de magistrados de procedencia conservadora. Tiene pendiente resolver si el Gobierno en funciones debe someterse al control del Congreso, pero esa decisión ya no tendrá efectos tras la investidura de Mariano Rajoy.

 

El Ejecutivo quiere anular la paralización de la LOMCE

El Gobierno argumenta que la suspensión del calendario de la LOMCE conllevaría pérdidas de ayudas del Fondo Social Europeo por valor estimado de 615 millones de euros, y una caída de los ingresos de 43 millones por la reforma del Estatuto de los Trabajadores.

Por el contrario, todos los demás partidos entendieron infundada esa valoración que hace La Moncloa para poder esgrimir el artículo de la Constitución que asegura que “toda proposición o enmienda que suponga aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios requerirá la conformidad del Gobierno para su tramitación”.

La proposición de ley sobre la LOMCE irá ahora a comisión para la presentación de enmiendas parciales. Nunca se ha parado una proposición ya votada en el pleno por un veto del Gobierno.

Sí hay sentencias del Constitucional sobre decisiones de parlamentos autonómicos que permiten a las mesas de esas asambleas valorar la idoneidad de los vetos del Ejecutivo.

En todo caso, el Congreso mantendrá el trámite de la proposición, aunque el Gobierno recurra.

La iniciativa frena las reválidas totalmente, mientras que el Gobierno lo que hará con un decreto es quitarles valor académico.

Si la proposición culminara su trámite y entrara en vigor, no antes de cuatro meses, una futura sentencia a favor del Gobierno la anularía.

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