El año de Cataluña
Rajoy puede pagar su resistencia a reconocer el soberanismo.
Rajoy veía delante de él un panorama muy despejado: el PSOE vive sometido a su chantaje —o me das lo que necesito o vamos a las urnas—, mientras su gestora, en modo prefecto de colegio religioso de los años cincuenta, castiga a los que han osado tener opinión propia y premia a los conversos. Podemos sigue en el proceso de reencontrarse a sí mismo y coser un patchwork de mil colores. Y Ciudadanos continúa perdido en la confusión después de que su singladura renovadora encallara en la investidura y blanqueo de Rajoy.
Sabe que los demás pueden unirse para un No —frenar el despliegue la ley de educación— pero que raramente se pondrá de acuerdo en un 'Sí'. Pero no ha contado con la competencia entre sus adversarios. El PSOE ha tenido que rectificar porque el poco crédito que le queda se iba por los aires si dejaba vía libre al reprobado Fernández Díaz. Y Rajoy tendrá que recolocar a su amigo. La oposición difícilmente podrá cambiar el rumbo de sus políticas, pero si podrá complicar la vida al presidente si se desliza por la vía del abuso de poder.
En este contexto, 2017 será el año de Cataluña. En unos meses llegaran al Parlamento catalán las leyes de desconexión, simultáneamente seguirá la escalada judicial contra promotores del proceso soberanista, y en el horizonte el anunciado —aunque pocos creen que llegue a realizarse— referéndum de otoño. Durante cuatro años ha funcionado una coincidencia implícita de intereses. La negación mutua de reconocimiento era útil a ambas partes mientras el conflicto se mantuviera en baja intensidad. El Gobierno español creía que con el tiempo la tempestad acabaría escampando. Y el independentismo avanzaba en la acumulación de capital electoral y en dar perfil a la utopía.
Pero estos falsos equilibrios, fruto de la incapacidad de las partes para inclinar la balanza de su lado, no son sostenibles indefinidamente. Los protagonistas no pueden seguir dándose la espalda y negando la realidad. Y esta dice que hoy el independentismo es el proyecto político con más apoyo en Cataluña, pero carece de capacidad coercitiva para imponerse.
Rajoy ha puesto el conflicto en manos de una genuina representante de la cultura del imperio de la ley, Sáenz de Santamaría. Su empeño en transferir un problema que es político al terreno judicial, puede amargarle la legislatura. El gobierno catalán está multiplicando las demandas de diálogo, sin modificar su hoja de ruta, pero consciente de la dificultad de cumplirla. ¿Acumulación de fuerzas para encarar un pacto o choque inminente que podría llevar a la suspensión de la autonomía? Rajoy puede pagar su resistencia a reconocer al soberanismo. Sin reconocimiento no hay acuerdo posible. Si el conflicto se encona y se impone la vía represiva, ciertamente Cataluña es la parte débil. Pero nadie saldrá impune.
