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Los españoles suspenden al Gobierno en su lucha contra la corrupción

El 80% cree que tiene una mala actitud ante esta lacra, según Transparencia Internacional

Juan José Mateo
Mariano Rajoy, durante su visita oficial a Marruecos.
Mariano Rajoy, durante su visita oficial a Marruecos. MARISCAL (EFE)
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Spaniards flunk politicians on fight against corruption

El 80% de los españoles cree que el Gobierno está haciendo un mal trabajo en la lucha contra la corrupción, según el barómetro global que este miércoles ha presentado Transparencia Internacional. Ningún otro país de la Unión Europea registra índices tan altos de reprobación ciudadana a la actitud del Ejecutivo. En la España de los casos Púnica, Taula, Bárcenas o Gürtel, los encuestados acusan a los políticos españoles de estar en el epicentro de esta lacra: el 55% cree que la mayor parte de los miembros del Consejo de Ministros están implicados en estas actividades ilegales y el 37%, que también lo están algunos de los 350 diputados del Congreso.

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"La percepción de la corrupción es extraordinariamente elevada en España, donde los ciudadanos creen que es política y están indignados: creen que se puede y debe luchar contra la corrupción, que se necesita apoyo a los denunciantes", ha resumido este miércoles Manuel Villoria, catedrático de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad Rey Juan Carlos. "El Gobierno ha suspendido claramente en la percepción ciudadana de su lucha contra la corrupción. Deberá evaluarlo. Hemos hablado con el ministro de Justicia [Rafael Catalá] y es consciente de ello, porque los datos son muy, muy negativos".

"Somos el país de Europa con mayor percepción de que la corrupción es un problema, solo por detrás de Moldavia y Kosovo", ha subrayado el abogado Jesús Sánchez Lambas. "Esa percepción está totalmente disparada".

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Los españoles colocan a la corrupción como el segundo gran problema del país tanto en el informe de Transparencia Internacional como en el CIS, donde esta cuestión ha pasado de preocupar al 9,5% de los encuestados (noviembre de 2012) a ser señalado por el 37,6% (octubre de 2016). Aunque esa repulsa no se ha traducido aún en votos y resultados electorales que afecten al Ejecutivo, los ciudadanos exigen a los políticos cambios para combatir este problema. Así, el 35% alerta del "miedo" que deben superar los ciudadanos para convertirse en denunciantes de corrupción y pide medidas. Además, el 17% propone como solución "partidos que prometan una eficaz lucha contra la corrupción", superando en el apartado a cualquiera de los otros 41 países encuestados.

¿Y qué proponen los partidos? Las cuatro principales formaciones se han comprometido en sus programas a legislar para sacar a España del grupo de los siete países de la UE que menos ayudan a los denunciantes, según Transparencia Internacional. El PSOE, Podemos y Ciudadanos han prometido impulsar una ley de protección basada en las peticiones de la Plataforma por la honestidad, un lobby nacido a raíz de las dificultades vividas por Ana Garrido, denunciante del caso Gürtel. Por su parte, el PP recoge en su programa que adoptará medidas para "proteger a aquellos cuya información haya sido relevante para destapar actividades ilícitas" y se ha comprometido en el pacto de investidura que ha firmado con Ciudadanos a "aprobar una Ley de Protección de los Denunciantes de Corrupción". Además, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, pidió el lunes a los dirigentes del PP (partido que está imputado por corrupción) que esta lacra que "ha vivido el partido termine convirtiéndose en historia".

Los datos del informe de Transparencia Internacional reflejan que los ciudadanos están listos para que esas medidas se tomen cuanto antes: el 28% de los encuestados asegura que el nivel de corrupción de España "ha aumentado mucho" en el último año.

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Sobre la firma

Juan José Mateo
Es redactor de la sección de Madrid y está especializado en información política. Trabaja en el EL PAÍS desde 2005. Es licenciado en Historia por la Universidad Complutense de Madrid y Máster en Periodismo por la Escuela UAM / EL PAÍS.

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