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La Comunidad de Madrid admite el espionaje a políticos durante la etapa de Esperanza Aguirre

Los abogados regionales reconocen que hubo seguimiento y control de personalidades durante 2008

Esperanza Aguirre, el pasado día 11 en Valencia.
Esperanza Aguirre, el pasado día 11 en Valencia.Kai Försterling (EFE)

La Comunidad de Madrid ha admitido ante el juez que investiga el caso del espionaje a políticos regionales que empleados a sueldo del Gobierno de Esperanza Aguirre participaron en "tareas de seguimiento y control" irregular de políticos del PP, según ha adelantado la Cadena SER. El escrito de calificación enviado a los juzgados por los letrados del Ejecutivo regional, presidido por Cristina Cifuentes, da por acreditados los seguimientos ilegales que reveló EL PAÍS, el uso de fondos y materiales públicos y que los espías actuaron "cumpliendo órdenes".

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El caso espionaje, ordenado supuestamente por el Gobierno de Esperanza Aguirre contra los adversarios de la presidenta dentro del propio PP, ha sido sistemáticamente negado por la Comunidad de Madrid, que hasta ahora lo ha calificado de montaje. Pero el escrito de los letrados da un giro inesperado al caso, en el que seis personas están imputadas por un delito malversación de fondos públicos.

“Tal y como ha quedado acreditado, durante los meses de marzo a mayo de 2008 se llevó a cabo una actividad por parte de personas vinculadas a la Administración Regional de la Comunidad de Madrid que se separó objetivamente de las legítimas atribuciones y competencias que les correspondían”, dice el escrito de los abogados de la Comunidad de Madrid que detalla la SER. 

Los abogados afirman que los guardias civiles y policías implicados en el caso "cumplieron las órdenes dadas por su superior" [Sergio Gamón, de la confianza de Esperanza Aguirre] y emplearon "vehículos y móviles corporativos" para llevar a cabo "una operativa antijurídica".

El supuesto espionaje a Alfredo Prada (entonces consejero de Justicia) y Manuel Cobo (entonces vicealcalde de Madrid) se produjo entre abril y mayo de 2008, en plena batalla por el poder dentro del PP tras la segunda derrota consecutiva de Mariano Rajoy en las elecciones generales. Prada y Cobo se habían alineado con Rajoy en la disputa silenciosa que mantenía el presidente del PP con Esperanza Aguirre, quien coqueteaba entonces con la idea de presentar su candidatura a liderar el partido.

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En junio del año pasado, la Audiencia de Madrid ordenó reabrir el caso de supuesto espionaje en el PP al considerar que hay indicios de delito de malversación de caudales públicos por parte de los funcionarios de la Comunidad Sergio Gamón, José Manuel Pinto y Miguel Castaño, así como de los guardias civiles José Oreja, José Luis Caro y Antonio Coronado.

Todos ellos están acusados de utilizar teléfonos y vehículos que tenían para desarrollar su cargo para espiar a Manuel Cobo y Alfredo Prada, entre otros políticos madrileños, en 2008 y 2009.

El pasado 4 de marzo, tres de los acusados por el espionaje a políticos regionales (dos ex guardias civiles y un técnico regional), implicaron a los expresidentes Esperanza Aguirre e Ignacio González en la trama. También apuntaron al exconsejero de Presidencia, Francisco Granados. 

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