Multa de 25 millones al ‘rey de la mina’ por destruir un yacimiento neolítico

"Nunca sabremos lo que se ha perdido en Chaves", aseguró durante el juicio Juan Luis Arsuaga, codirector del yacimiento de Atapuerca y premio Príncipe de Asturias. En 2008 se descubrió que la Cueva de Chaves, un yacimiento arqueológico aún poco estudiado situado en Casbas (Huesca), había sido destruido para construir abrevaderos para cabras en un coto de caza relacionado con el magnate minero Victorino Alonso. El daño en uno de los yacimientos neolíticos más importantes de la Península Ibérica era incalculable.

Nueve años después y tras una larga y complicada instrucción, un juzgado acaba de dictar una sentencia histórica para la protección del patrimonio: condena a Victorino a dos años y medio de cárcel y a pagar una indemnización de 25,5 millones de euros.

El magistrado del Juzgado de lo Penal número 1 de Huesca considera al empresario leonés autor penalmente responsable de un delito contra el patrimonio histórico por haber causado graves daños al yacimiento y le condena a indemnizar al Gobierno de Aragón con 25.490.805 euros. De esa cantidad debe responder de forma subsidiaria la empresa Fimbas S.A., propietaria de la finca, además de pagar las costas del proceso, según la sentencia dictada este viernes. Alonso también estaba acusado de un delito contra el medio ambiente, del que ha sido absuelto.

El yacimiento de la Cueva de Chaves, de unos 3.000 metros cuadrados de superficie, fue descubierto en los años 70 y, desde entonces, solo una pequeña zona de unos 110 metros cuadrados había sido estudiada en campañas arqueológicas todos los veranos. Era difícil avanzar más por la presencia de grandes y pesadas losas que suponían un peligro para los investigadores.

En octubre de 2007, sin que nadie se enterara, ni la Dirección General de Patrimonio Cultural de Aragón ni ningún arqueólogo, Alonso ordenó a los operarios que vaciaran las losas y los sedimentos de la cueva, que nivelaran el suelo y que colocaran comederos y abrevaderos para la cría de cabras. Una enorme retroexcavadora empezó a vaciar la zona de la cueva en la que se veían perfectamente los restos de las excavaciones arqueológicas. Alonso también dio instrucciones, según los hechos probados de la sentencia, para que con el material extraído se construyera un dique de contención de aguas cercano a la cueva.

La destrucción de la cueva "obedeció a un plan preconcebido", dice el juez

En junio de 2009 la Fiscalía interpuso una denuncia al conocer lo que había sucedido en la cueva, situada dentro de la finca llamada Bastarás, en el Parque Natural de la Sierra y Cañones de Guara. Durante estos años las acusaciones han tratado de demostrar que fue Alonso el que dio la orden y que lo hizo siendo consciente de lo que estaba destruyendo. La sentencia les da ahora la razón. Alonso "tomó la decisión de vaciar la Cueva de Chaves con el fin de utilizarla para el interés de la empresa y la explotación del coto de caza", señala el magistrado. Una obra que, en contra de lo que alegaba la defensa, "obedeció a un plan preconcebido y no como consecuencia de una acción involuntaria de arrastrar la tierra al sacar las losas".

"Es una sentencia muy importante porque es de las pocas que valora los bienes arqueológicos como lo que son y no como meros objetos. Se ha valorado el contexto y la relevancia de lo destruido, la pérdida de conocimiento de la historia que supone. Es por lo que hemos estado luchando todo este tiempo", dice Pilar Villellas, abogada de la asociación Acción Pública para la  Defensa del Patrimonio (APUDEPA).

Cabras, paja y excrementos en el yacimiento

Los agentes de la Guardia Civil que llegaron a la cueva en 2009 para documentar el estado del yacimiento se encontraron con una "penosa y grotesca imagen", señala el magistrado en el fallo. En el reportaje fotográfico que acompañaba a su atestado se veía cómo se habían colocado comederos y abrevaderos y se habían introducido cabras para ser criadas. A la espera de soltarlas el día de caza, estaban encerradas dentro de una verja, pero se movían libremente por toda la cueva, incluso en la zona de intervención arqueológica más visible. "Había paja, orines y excrementos por toda la cueva, además de consiguiente riesgo de que los animales pudieran causar nuevos desperfectos", afirma el fallo.

Las acusaciones solicitaban el doble de la indemnización que finalmente ha acordado el magistrado. Un peritaje de Vicente Baldellou, antiguo responsable de la excavación y exdirector del Museo de Huesca, había valorado los daños en 50,9 millones de euros. La defensa de Alonso únicamente reconocía unos 810.000 euros.

El polémico empresario leonés siempre defendió que no fue él quien ordenó vaciar la cueva, pero el magistrado no ha tenido dudas de que era "la persona que mandaba en la finca por encima de cualquier otra". Alonso nunca figuró como administrador de Fimbas, S. A., la empresa propietaria de la finca, pero cuando la retroexcavadora entró en el yacimiento, Alonso era administrador único de Maderas Bodelón S. L., firma que a su vez era accionista mayoritaria de Fimbas.

Además, la declaración de un testigo fue clave para corroborar de dónde partió la orden. Alejandro Millet, trabajador de Fimbas y encargado de la finca, relató ante el juez que presenció el momento en el que Alonso ordenó al encargado de la empresa que tenía subcontratadas las obras, Ferpi, el vaciado de la cueva.

Arsuaga: "Enorme pérdida"

Juan Luis Arsuaga contó al magistrado durante el juicio que la destrucción de Chaves supone una enorme pérdida para el estudio de la evolución de especies como el lince ibérico y el bucardo, ya extinguido. Allí se encontraron, según relató el experto, registros antiguos de ambas especies que se usaron para escribir tesis doctorales. Tras escuchar a Arsuaga y a otros especialistas, el magistrado escribe en la sentencia que "no existe duda que la Cueva de Chaves era considerada no sólo como un yacimiento arqueológico sino también como el más espectacular asentamiento neolítico puro de todo Aragón y un yacimiento de referencia en la Península Ibérica y en Europa".

El Gobierno de Aragón, que ha rehusado comentar el fallo, ha estado personado en el juicio como acusación. La finca está incluida en el Parque Natural de la Sierra y Cañones de Guara, y por tanto dentro de la Red Natura 2000. Además, está declarada como zona de especial protección para las aves, para la recuperación del quebrantahuesos y del cangrejo común.

Sin embargo, la cueva no estaba lo suficiente protegida por el Gobierno de Aragón, tal y como recuerda el fallo, que señala el "escaso impulso institucional"  --"quizás por razones presupuestarias", apunta-- , que impidió que hubiera un plan integral de actuación sobre el yacimiento más de 30 años después de ser descubierto y a pesar de su gran valor. El Gobierno de Aragón no respondió a las preguntas de EL PAÍS sobre el estado actual de la cueva ni sobre los planes de actuación previstos.