La fiscalía ve imposible acusar de homicidio imprudente al embajador en Kabul por el ataque de 2015

La Fiscalía de la Audiencia Nacional considera que no es posible imputar por homicidio imprudente al embajador de España en Kabul, Emilio Pérez de Ágreda, y a su segundo, Oriol Solá, por los fallos de seguridad que pudieron facilitar el atentado contra la Embajada en Afganistán perpetrado por cuatro talibanes el 11 de diciembre de 2015. En el ataque murieron dos policías españoles —Jorge García Tudela e Isidro Gabino San Martín— y seis personas de nacionalidad afgana —dos funcionarios y cuatro agentes de seguridad—. El pasado 2 de noviembre, el juez Santiago Pedraz admitió a trámite una querella contra ambos diplomáticos interpuesta por la familia de uno de los agentes fallecidos y de otros siete policías españoles que resultaron heridos en el atentado.

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En un escrito remitido al juez Pedraz, la fiscal Dolores Delgado considera que la calificación de homicidio imprudente recogida en esa denuncia de las víctimas es "incompatible" con el delito de terrorismo con el que el ministerio público califica los hechos. Es precisamente la calificación de terrorismo la que justifica la competencia de la justicia española para investigarlos por el principio de justicia universal.

Según el criterio de la fiscalía, "el atentado terrorista solo puede atribuirse a los miembros del grupo yihadista fallecidos en la misma acción". El hecho de que el ataque fuera cometido de forma "dolosa e intencional" implica "la imposibilidad de establecer responsabilidades por imprudencia en su ejecución". La fiscalía recuerda que el Código Penal no prevé la comisión por imprudencia de los delitos de terrorismo.

Pese a no ver en principio posible abrir la vía penal contra los dos principales responsables de la Embajada en Kabul, fuentes de la Fiscalía consideran que los fallos de seguridad pueden derivar en responsabilidad patrimonial de la Administración.

Cuatro informes en el aire

En su escrito, de siete páginas, la fiscal Delgado realiza un relato pormenorizado del ataque talibán sobre la base de los informes recabados durante la investigación abierta en diciembre de 2015. La fiscal subraya que el responsable del equipo de seguridad de la embajada emitió cuatro informes entre el 23 de agosto de 2014 y el 15 de agosto de 2015 en los que alertaba de las deficiencias de seguridad de las instalaciones de la legación. En la querella de las víctimas se recoge que el edificio contaba con garitas de paja, ventanas de plástico y puertas de madera, que solo fueron cambiadas por otras de latón en 2011 con una partida presupuestaria de 5.000 euros.

Los informes del jefe de seguridad fueron remitidos al embajador Pérez de Agreda y al encargado de negocios Solá para que ellos lo comunicaran al Ministerio de Asuntos Exteriores. Sin embargo, según informa la Cadena SER, ni en el departamento dirigido ahora por Alfonso Dastis ni en la Oficina de Información Diplomática hay constancia de que estos cuatro informes hayan sido recibidos.

La querella pone de relieve que el embajador "nunca atendió" las peticiones y recomendaciones de seguridad de los funcionarios policiales. Ni hizo caso a las advertencias sobre la estructura del edificio, ni sobre las rutas y horarios del personal.

Respecto a Solá, que ya no está destinado en Kabul, la querella señala que "ponía constantemente en riesgo la seguridad del edificio". Según la denuncia, "permitía el trasiego de mercaderes que paseaban por la embajada" y "consentía la entrada de coches, furgonetas y camiones, con joyas, alfombras y otros enseres". El número dos de la legación permitía estas entradas, según la querella, "sin avisar con el tiempo suficiente a los equipos de custodia y seguridad para la identificación de personas y cosas".

Además de los policías Gabino Sanmartín y Jorge García Tudela, en el ataque murieron seis ciudadanos afganos que velaban por la seguridad de la embajada. Según la querella, la misma mañana del 11 de diciembre, los servicios secretos franceses alertaron del riesgo de atentado en la legación española, pese a lo que no se tomaron medidas extraordinarias de seguridad. La fiscalía, en su informe a Pedraz, asegura que la comunicación francesa alertaba de la posibilidad de un ataque contra alguna sede diplomática, pero no específicamente contra la española. Esta información, recibida por el agregado de Defensa de la embajada, fue remitida al jefe del Centro Nacional de Inteligencia en Kabul y a Solá, pero los agentes de la Policía Nacional encargados de la seguridad no tuvieron conocimiento de ella hasta que fueron trasladados a España tras el atentado.

El ataque se inició alrededor de las 18.00, hora local, cuando un coche bomba conducido por un talibán suicida abrió un cráter de 30 metros en los muros de la embajada y no terminó hasta el amanecer del día 12, cuando los otros tres terroristas, armados con fusiles de asalto y granadas, fueron abatidos por fuerzas estadounidenses. Dos días antes, un vehículo desconocido había realizado un seguimiento "constante" al coche oficial del embajador Pérez de Agreda. Según la fiscalía, esta acción buscaba "comprobar la accesibilidad de los vehículos" al recinto de la embajada y las "medidas de control".