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O más impuestos o más recortes

El reto del Gobierno es fabricar presupuestos fiables para ciudadanos y socios europeos. Así, deberá aplicar un ajuste: subiendo ingresos impositivos o recortando gastos sociales

El ministro de Economía, Luis de Guindos. Ampliar foto
El ministro de Economía, Luis de Guindos. EFE

O más impuestos o más recortes sociales. España debe resolver ese dilema en un mes para honrar sus promesas de agosto, que le evitaron una dura sanción europea... Y no volver a las andadas. Todo ello sin olvidar la necesidad de corregir el daño hecho al Estado de bienestar en seis duros años de austeridad, con fuertes recortes en sanidad, educación y protección social.

El primer compromiso es acabar 2016 con un déficit del 4,6% del PIB. Bruselas quiere garantías, escéptica como el Banco de España. El Gobierno tendrá que concretarlas. El otro es finalizar 2017 con un desequilibrio ingresos-gastos del 3,1%. El titular de Economía, Luis de Guindos, presentó en octubre unas medidas de ajuste adicionales al Presupuesto prorrogado: mantener el impuesto sobre el Patrimonio, subir el IBI, pagos fraccionados de sociedades... Pero le faltan aún 5.500 millones de euros, aunque ahora alega que serán menos, porque creceremos más de lo previsto.

Si se incumple, el riesgo es doble: congelación de ayudas europeas (1.200 millones) y una multa sideral. Y crecería el desprestigio de España. Ya agudo, pues el mandato Rajoy I nunca cumplió (ni con Bruselas ni con sus promesas a los españoles). Contra la propaganda: cada uno de los cuatro años desbordó el objetivo pactado.

Pese a ello, Bruselas no actuó como madrastra, aunque el búnker alemán presionaba. Comprendió los esfuerzos de los españoles. Relajó la austeridad. Rebajó entre 2013 y 2015 los objetivos iniciales de déficit en 11,5 puntos del PIB: casi 120.000 millones extras para el gasto público dinamizador de la demanda (Recuperación y persistencia de fragilidades, Josep Oliver, EuropeG, 15/12/2015).

Y eso que, de nuevo contra la retórica oficial, ha sido la Administración central —y no las autonomías— la gran culpable del déficit. Estas gestionan un tercio del gasto. Se les autorizó un desfase máximo de un quinto del total.

Además, el Gobierno falló cuando menos debía: el peor desvío de lo pactado (5,1% en vez de 4,2%) se dio en 2015, justo el año en que el PIB creció espectacularmente al 3,2%. Creciendo tanto, ¿por qué no hacen los deberes?, inquirían en la UE.

Porque, además, el crecimiento fue muy impulsado por Europa. Obedeció en parte a factores internos, como el efecto rebote sobre las caídas anteriores, la habilidad de los agentes privados, alguna de las reformas internas. Pero en gran medida —hasta la mitad del aumento total, según el Centro de Predicción Económica (Ceprede)— a los vientos de cola externos. Al desplome del precio del petróleo y a la política monetaria expansiva del BCE: el bajo tipo de cambio del euro que espolea exportaciones; el leve tipo de interés que reactiva el crédito y reduce la factura de la deuda.

Incluso si se mantiene esa favorable conjunción astral, el ajuste resulta imperativo. Está comprometido, claro. Pero también porque el crecimiento y el empleo futuros peligran si no se sujeta el déficit. Este alimenta un endeudamiento público que roza el 100% del PIB, frente al récord del 36,1% en 2007. Esa carga detrae de fines más productivos la factura de unos 30.000 millones de euros anuales en intereses de la deuda.

¿Cómo diseñar ese ajuste? Todo empuja a aumentar ciertos ingresos más que a recortar gastos. La reciente contrarreforma fiscal ha actuado como una tijera: en un filo, los recortes sociales a los más necesitados; en el otro, la mayor carga fiscal a trabajadores cualificados y clases medias. Ha generado ira. Y una enorme resistencia, sobre todo, a desarbolar más el Estado de bienestar.

También gastaremos más para atender a los arrinconados por la gestión de la crisis. Y para rellenar la hucha menguante de la Seguridad Social. Y porque los márgenes de las autonomías se secaron. Y porque lo prescribe el pacto Ciudadanos-PP de gasto social adicional, 28.500 millones en cuatro años (5.000 en 2017). Y porque el Congreso aprieta con nuevas facturas por 8.000 millones…

Será difícil que los recursos generados por el crecimiento basten para sufragar todo eso. Así que el pacto Ciudadanos-PP se cumplirá casi seguro para subir el IVA, pero más difícilmente para rebajar dos puntos del IRPF. Y es que el sistema impositivo español está hecho unos zorros. La crisis hundió la recaudación en 40.000 millones de 2007 a 2011.

Así que el Rajoy I incumplió sus promesas de rebajar globalmente los impuestos. E incumplirá, para sobrevivir, las de la campaña del 20-D, reiteradas el 2 de junio: “Sería un enorme error no bajar los impuestos”. E incluyó esta promesa, matizada, en el acuerdo con Ciudadanos, fiando la rebaja del IRPF al momento en que se alcance el déficit del 3%.

Al contrario, aumentó la presión fiscal. Pese a que quede como herencia de la crisis —y de su gestión— el desplome del impuesto de sociedades (IS), que aún recauda menos de la mitad que en 2007. Sigue aquejado de desgravaciones y exenciones, de agujeros negros que lo desnaturalizan: la gran empresa cotiza a un tipo efectivo del 6,9%, frente al tipo efectivo medio del 21,3%.

En cambio, se recuperó el IRPF, el impuesto más redistributivo pues sigue una escala progresiva (IS e IVA son proporcionales): a más ingresos, tipos crecientes. Y que además mima las rentas del capital y no las del trabajo. Así que estas son “las únicas que tributan efectivamente a tipos progresivos contribuyendo de forma efectiva a la redistribución de la riqueza” (Reflexiones y alternativas en torno a un modelo fiscal agotado, Antoni Durán-Sindreu, Reial Acadèmia de Doctors, 2016).

Y aumentó sustancialmente la aportación del IVA, gracias, sobre todo, a sus alzas de 2010 y 2012. El IVA es un gran recaudador. Y aunque sus tipos son similares a los de la mayoría de socios europeos, rastrilla menos porque sus tipos reducidos se aplican a mayor número de artículos. Recauda y aún podría recaudar más, pero es antigualitario, al gravar artículos y servicios que castigan más a quienes consumen mayor parte de su renta: los contribuyentes de menores ingresos.

El sesgo antirredistributivo del sistema se completa y agudiza por la levedad de los impuestos sobre la riqueza (patrimonio, sucesiones y donaciones), de efecto menor a la media europea.

Por el lado del gasto, la mochila de recortes sociales es de arduo (e injusto) aumento. Entre 2009 y 2014, el gasto en bienestar ya se sajó duramente: 10% en sanidad, 19,4% en educación y 13% en protección social, justo cuando más se necesitaba. Rebajas muy superiores a la media europea (Recortes durante la crisis, FEDEA, 2016). Solo entre 2012 y 2015 el gasto social para dependencia y similares se redujo en 11.000 millones, un 13% entre las tres Administraciones. Y no hablemos de las becas.

Algo aún más tajante ocurre con la inversión pública, reducida de 58.891 millones desde su pico en 2009 a 26.996 en 2015 (datos de Seopan), sobre todo en equipos e instalaciones defensivas y… sanitarias y educativas. Lo que se prevé constreñir aún más (parece indoloro) en los papeles ya enviados por el Gobierno a Bruselas.

Y en cambio, ante el exceso de burocracia prescindible, el trato fue débil. Cierto que a final de 2015 se habían suprimido 2.305 entes públicos, pero muchos ya no operativos; en su mayoría locales (1.436) o autonómicos (754). Y solo en un 5%, de la Administración central: 115, solo con un caso significativo, el organismo autónomo Cría Caballar de las Fuerzas Armadas. Ni secretarías de Estado, ni ministerios sobrantes por carecer de competencias.

Así que sigue pendiente una reforma fiscal a fondo, del ingreso y del gasto. Pero hoy lo más urgente es debatir el formato y pactar el alcance del ajuste.

Algunas pistas consensuables serían recuperar la potencia impositiva previa a la crisis; incrementar más allá la recaudación para digerir sus efectos sociales no superados. Y combinar eficacia y equidad. Si es inevitable un alza de impuestos muy capaces pero no redistributivos (IVA) cabe compensarla recuperando cierta imposición sobre la riqueza.

¿Cómo? Con mínimos en patrimonio, sucesiones y donaciones; vigilancia de grandes fortunas elusoras; mayor dotación e independencia de la Agencia Tributaria; pago de la parte pendiente (2.800 millones) de los beneficiarios de la amnistía fiscal. Así como replantear la fiscalidad medioambiental; dotar de ingresos suficientes a las autonomías; y eliminar duplicidades administrativas, también las centrales. Al menos.

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