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Los conflictos de interés del Gobierno Rajoy

Santamaría, Guindos y Morenés son los ministros que más han tenido que abstenerse por incompatibilidades

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Los ministros de Mariano Rajoy se han levantado de la mesa del Consejo de Ministros en al menos 56 ocasiones desde que este asumió la presidencia, en diciembre de 2011, para evitar tomar decisiones que afectan a empresas en las que han trabajado o en las que tienen intereses sus cónyuges o familiares. Los ministros que más veces se han abstenido en la discusión de proyectos de ley, informes o acuerdos ministeriales son Soraya Sáenz de Santamaría, con 22 inhibiciones, Luis de Guindos, con 14, y Pedro Morenés, con ocho.

Once de los 17 ministros que han formado parte del gabinete de Rajoy han tenido que inhibirse al menos una vez porque su presencia en el órgano de decisión suponía algún conflicto de interés. Las deliberaciones del Consejo de Ministros se consideran secretas por ley y las actas no se publican. EL PAÍS obtuvo los datos tras una petición de información pública en virtud de la Ley de Transparencia formulada el 22 de julio pasado.

Desde que Rajoy accedió a la presidencia los ministros han decidido sobre algo más de 8.000 asuntos –desde proyectos de ley a subvenciones o informes pasando por condecoraciones-- en 200 consejos que se celebran todos los viernes. En un periodo de tiempo similar, entre abril de 2006 y diciembre de 2011, los miembros del anterior Ejecutivo socialista que tuvieron que abstenerse fueron dos, la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega, en 21 ocasiones, todas relacionadas con el sector eléctrico (su familia era propietaria de Hidroeléctrica Vega), y Cristina Garmendia, en una, según una respuesta del Gobierno enviada en 2013 al diputado popular Rafael Merino a la que ha tenido acceso este diario.

Hasta el año pasado, el deber de abstención de los ministros y los altos cargos estaba recogido en la Ley de Conflictos de Intereses, de 2006, que señala que deben inhibirse de asuntos relativos a empresas en las que hayan participado ellos, sus cónyuges o sus familiares, en los dos años anteriores a su toma de posesión como cargo público. Una nueva norma, la Ley del Alto Cargo, derogó la anterior en marzo de 2015, pero mantiene la misma definición de lo que es un conflicto de interés: cuando la decisión que vaya a adoptar “pueda afectar a sus intereses personales, de naturaleza económica o profesional, por suponer un beneficio o un perjuicio a los mismos”.

La ley obliga a que los altos cargos presenten ante la Oficina de Conflictos de Interés una declaración de actividades cuando toman posesión. Esas declaraciones no son públicas, a diferencia de otros países, como Francia, donde están colgadas en internet. Allí el código penal prevé condenas de hasta cinco años de prisión por omitir información. También en el Reino Unido se puede consultar en internet si el cónyuge o la familia de un ministro tiene intereses empresariales o de cualquier otro tipo. En Alemania, en cambio, no es obligatorio presentar estas declaraciones.

En el Reino Unido los ciudadanos pueden consultar los conflictos de interés de sus ministros en una página web

En México, todos los servidores públicos presentan una declaración de conflicto de interés, que es obligatoria, pero no pública. Si el funcionario decide que lo sea, aparece en un portal web y cualquier ciudadano puede consultarla. La legislación chilena también obliga a realizar una declaración al asumir el cargo, que es pública, y las abstenciones en decisiones que afectan a los conflictos de interés de los ministros pueden solicitarse por la Ley de Transparencia.

Cuestiones como la publicación del listado de abstenciones “tocan en el corazón de la transparencia y rendición de cuentas sobre la toma de decisiones, que es donde enfocamos el trabajo desde Access Info”, asegura Alba Gutiérrez, portavoz de esta ONG que defiende el acceso a la información en Europa. “En la mayoría de países las deliberaciones de estos órganos ejecutivos están exentas del derecho a información, al considerar que las reuniones necesitan de ‘espacio para deliberar’. Esto limita el acceso a la información sobre las abstenciones, y no tenemos ejemplos de buenas prácticas en otros lugares”.

Fernando González Botija, profesor de derecho administrativo de la Universidad Complutense especializado en transparencia, recuerda que el secreto de las deliberaciones de los consejos de ministros “es un tabú al que nadie se atreve a meterle mano”. Pero opina que ese secreto no debería ser aplicable a las abstenciones, puesto que por la Ley de altos cargos estos están obligados a informar de sus incompatibilidades.

“Parece de libro que si un ministro se abstiene, todos los ciudadanos tenemos derecho a saber que se ha abstenido porque de eso depende con quién tiene intereses. Para eso está la transparencia”, asegura Juan Mestre, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Valencia. “La primera guía es la declaración de intereses, con qué empresas se ha relacionado el alto cargo y su pareja. Eso tiene que ser público. Si ahora no lo es, estoy seguro de que lo veremos dentro de poco, porque es una cuestión de cultura democrática”, añade.

Santamaría y Telefónica

Sáenz de Santamaría se ha abstenido en decisiones que afectan a Telefónica, empresa en la que trabaja su marido Iván Rosa, abogado del Estado como ella. La compañía le fichó como asesor tres meses después de que ella accediera al cargo de vicepresidenta y ministra de la Presidencia, lo que ocasionó una polémica que Santamaría zanjó anunciando que se abstendría de todas las decisiones relacionadas con la empresa de telecomunicaciones.

Así lo ha hecho, a juzgar por las 22 veces que se ha levantado de la mesa. Lo ha hecho en acuerdos sobre ayudas de extensión de la banda ancha, préstamos a empresas tecnológicas, indemnizaciones por responsabilidad patrimonial solicitadas por Telefónica al Estado, e incluso en indemnizaciones formuladas por empresas que son competencia directa, como Vodafone.

Guindos y Endesa

Las abstenciones del ministro de Economía, Luis de Guindos, están relacionadas con su actividad profesional previa al cargo de ministro. El año anterior a su toma de posesión formaba parte del consejo de administración de Endesa y del Banco Mare Nostrum, entre otros. También trabajó para la consultora PricewaterhouseCoopers, que le fichó como responsable del sector financiero en España unos años después de haber sido secretario de Estado de Economía (2002-2004).

El ministro se ha inhibido en 14 ocasiones, todas relacionadas con el mercado eléctrico, salvo en una sanción a la exdirectora general del ICO, porque uno de los contratos que motivaron la sanción fueron adjudicados a PwC. No lo ha hecho en ninguna decisión relacionada con el sector bancario. En el listado conseguido gracias a la Ley de Transparencia (que recoge los consejos hasta agosto pasado) solo aparecen 10 abstenciones, pero un portavoz del Ministerio de Economía asegura, a preguntas de EL PAÍS, que en total son 14. No facilita fechas, por lo que no se puede saber si corresponden a consejos de ministros celebrados después de agosto.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica solo una mínima parte de las abstenciones y, en muchos casos, además ni siquiera aclara si el ministro en cuestión se ha inhibido de forma voluntaria o si ha sido recusado, es decir, si se le ha exigido. El BOE solo recoge los decretos de sustitución, es decir, cuando un ministro reemplaza a otro en una decisión, como cuando en junio pasado la vicepresidenta sustituyó a Guindos en la aprobación de una nueva norma eléctrica.

En este caso, Guindos no se abstuvo como ministro de Economía, sino como titular de Industria, cartera que asumió en abril pasado tras la dimisión de José Manuel Soria. Desde entonces, por tanto, se suman las inhibiciones en materia de energía eléctrica por haber trabajado para Endesa a las de sus funciones en Economía.

El secretismo sobre las abstenciones por conflicto de interés de los ministros es tal que ni siquiera el Congreso tiene acceso a un listado. La diputada de Izquierda Plural Laia Ortiz solicitó el número de inhibiciones en 2013. Entonces eran 12, protagonizadas por cinco ministros, según la respuesta escrita que recibió, en la que el Gobierno evitaba dar los motivos.

Morenés y la industria armamentística

Una de las abstenciones que sí publicó el BOE data de octubre de 2015, cuando un Real Decreto dispuso que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, sustituía al de Defensa, Pedro Morenés, en el acuerdo ministerial sobre el contrato de las futuras fragatas españolas F-110. Una vez más, no especificaba el motivo, y ahora el Ministerio también ha rechazado dar explicaciones a EL PAÍS.

Morenés se ha abstenido en ocho ocasiones desde que tomó posesión en diciembre de 2011. Por ejemplo, no participó en la votación sobre el anteproyecto de Ley de Seguridad Privada en 2013. Según acredita el Registro Mercantil, Morenés fue consejero y presidente de Segur Ibérica, S. A., empresa que se dedica a la seguridad privada, hasta que fue nombrado ministro, es decir, dentro de los dos años previos al acceso al cargo, lo que le obliga a inhibirse.

En otras cinco ocasiones, el ministro de Defensa se abstuvo en acuerdos sobre construcción naval y la prohibición total de minas antipersona y otras armas. La explicación hay que buscarla en los puestos que Morenés ocupó en empresas dedicadas a la fabricación de armas y municiones, como Instalaza, que es proveedora habitual de Defensa, y de construcción de barcos, como Iniciativas Navales del Norte. Morenés fue asimismo director general de MBDA, el consorcio europeo fabricante de misiles. Las nuevas fragatas F-110 podrían acabar siendo equipadas con el armamento que comercializa esta compañía; de ahí su abstención.

El ministro en funciones también se abstuvo en una decisión sobre la candidatura de España para acoger la competición Ryder Cup de golf en 2022. La explicación es que fue presidente del exclusivo club Puerta de Hierro de Madrid hasta ser nombrado ministro.

Báñez y los negocios familiares

Los negocios familiares han motivado otras de las abstenciones de los ministros de Rajoy. Fátima Báñez, titular de Empleo y Seguridad Social, evitó en dos ocasiones participar en decisiones sobre la nueva norma de calidad para la carne, el jamón, la paleta y la caña de lomo ibérico. El motivo, del que su departamento no hizo comentarios, es que su familia posee el conglomerado empresarial Grupo Báñez García S. L., con intereses, entre otras, en la industria cárnica.

Las dos abstenciones de José Manuel García-Margallo, aparentemente muy alejadas de su trayectoria profesional y de su cartera de Exteriores, se produjeron durante la elaboración de la nueva legislación de la actividad sanitaria de los servicios de prevención. Su hermana Teresa García-Margallo, médica del trabajo, es directora en Cualtis, la antigua sociedad de prevención de Ibermutuamur, y ha ocupado cargos directivos en el sector. Tanto ella como el ministerio rehusaron comentarlo.

Cañete y una petrolera

Las relaciones familiares también explican las abstenciones de Miguel Arias Cañete, exministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Se inhibió en enero de 2012 en un informe sobre la situación jurídica de la central nuclear de Garoña. Lo hizo porque su hermano, Alfonso Arias Cañete, fue director de Energía Nuclear de Endesa, propietaria al 50% de la planta. También evitó pillarse los dedos en la puerta giratoria en la declaración de Zona Especial de Conservación del Estrecho de Gibraltar en noviembre de 2012, en esta ocasión por sus intereses en la empresa petrolífera familiar Ducar, con sede en Ceuta.

Tejerina y Fertiberia

Su antiguo ministerio rechazó responder a este diario sobre los motivos de las inhibiciones y también confirmar posibles abstenciones de la actual ministra, Isabel García Tejerina. Lo cierto es que, pese a que no aparece en el listado obtenido por EL PAÍS gracias a la Ley de Transparencia, Tejerina fue sustituida por el entonces titular de Sanidad, Alfonso Alonso, en la aprobación de una orden ministerial sobre productos fertilizantes. Así se publicó en el BOE en noviembre de 2015.

Tejerina fue directiva de la empresa de fertilizantes y productos químicos Fertiberia entre septiembre de 2004 y febrero de 2012. Esta empresa, propiedad del grupo Villar Mir, fue responsable de un vertido tóxico en Huelva. La ministra también fue consejera, hasta la misma fecha, de Fertial SPA, mercantil argelina de fabricación de fertilizantes.

La Oficina de Conflictos de Interés aseguró que no es responsable de haber omitido este hecho, ya que se limita a recopilar la información que recibe de los ministerios.

Las abstenciones de Soria

El exministro de Industria, José Manuel Soria, tiene dos abstenciones, y ninguna parece estar relacionada con los negocios familiares por los que dimitió en abril pasado. Se inhibió en en anteproyecto de ley de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil y en el reglamento sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales.

En lugar de explicar los motivos, una portavoz del Ministerio de Industria aseguró que en el primer caso se abstuvo “sin que exista causa legal para ello”. En el segundo, por algún conflicto de interés, sin especificar. La mujer de Soria, Carmen Benítez, es procuradora y ha llevado casos de grandes empresas reguladas por Industria, como Endesa, según adelantó Cuarto Poder y se puede comprobar en la base de datos del Consejo General del Poder Judicial.

Condecorados a sí mismos

Además del informe sobre Garoña, el único asunto en el que se han abstenido dos ministros es un real decreto por el que, en febrero de 2012, se concedió la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil a varias personas. La información del Ministerio de Presidencia no especifica, pero una sencilla comprobación permite ver que los ministros que se abstuvieron, Jorge Fernández Díaz y Ana Pastor, estaban entre los condecorados.

Los ministros no la recibieron por su cargo actual, sino por haber sido miembros de la Mesa del Congreso en la IX legislatura (2008-2011), explicó un portavoz de Pastor, y confirmó el Ministerio de Exteriores, que es el que concede estas condecoraciones.

Méndez de Vigo y el Colegio de Europa

Íñigo Méndez de Vigo, ministro de Educación, Cultura y Deporte, se abstuvo una sola vez, en noviembre de 2015, en el acuerdo para entregar una “contribución voluntaria” de 40.000 euros al Colegio de Europa, una institución de enseñanza privada con sede en Brujas y Varsovia donde cursar un año académico cuesta 24.000 euros. Méndez de Vigo es presidente del consejo de Administración del Colegio de Europa.

Un portavoz del ministerio explicó que la contribución al Colegio de Europa es un acuerdo de los países miembros, que se hace cada año y que los cargos son compatibles puesto que el ministro no cobra ninguna retribución por su trabajo en la institución. “Decidió abstenerse por coherencia; le pareció la postura más adecuada”, añadió.

*Con información de Carlos Yárnoz (París), Rocío Montes (Santiago), Zorayda Gallegos (Ciudad de México) y Luis Doncel (Berlín).

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