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El 50% de los internos en los CIE tiene antecedentes policiales

El sindicato policial mayoritario denuncia que los agentes se ven incapaces de garantizar la seguridad por falta de medios

Inmigrantes atrincherados en la azotea del CIE de Aluche.
Inmigrantes atrincherados en la azotea del CIE de Aluche.

Cada uno de los aproximadamente 1.200 internos que se encuentran en los ocho Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) de España —según datos del Ministerio del Interior— ha conllevado un expediente de expulsión, un paso por comisaría y una decisión judicial de internamiento por un máximo de 60 días. Según Interior, el tiempo medio de estancia en los CIE en 2015 es de 27,2 días. Y un informe reciente del Defensor del Pueblo señala que ingresaron 6.930 en 2015. “Lo normal es que los jueces manden al CIE a todos aquellos que no tienen domicilio conocido y sí algún antecedente policial o penal”, coinciden distintas fuentes policiales. “El resultado es que una gran mayoría de los internos, entre el 50% y el 60%, son delincuentes”, añaden.

El origen de estos centros data de 2000, con las primeras leyes de Extranjería. Su razón de ser era “adoptar medidas cautelares [excepcionales] que asegurasen la efectividad de una decisión de la expulsión del territorio nacional, respondiendo a un imperativo de la Unión Europea y del ordenamiento jurídico español”, según Interior. Sin embargo, el uso de antiguas cárceles o cuarteles abandonados para ubicarlos, poner a la policía a custodiarlos “sin dotarlos suficientemente de medios materiales ni humanos” —según denuncian los sindicatos— les ha convertido en una especie de inseguras prisiones camufladas, en las que conviven personas recién llegadas a España de manera clandestina y que no han cometido ningún delito junto a delincuentes comunes. “Muchas veces son los internos buenos los que nos advierten de lo que van a hacer los otros”, cuenta un agente destinado en un CIE. “Nadie quiere venir aquí, no podemos garantizar la seguridad ni de los internos, ni de los visitantes ni la nuestra propia, somos seis para controlar a 200, si los arcos de metales no funcionan y las visitas son abiertas, les intervenimos de todo, drogas, cuchillos, la tensión es máxima en los momentos de tránsito interno”, añade.

Mientras se concreta la expulsión —en vuelos fletados “si hay dinero” y cuando les reconocen sus países de origen— se suceden las fugas y los motines en Barcelona —donde la alcaldesa reclamó su cierre—, en Murcia —el delegado del Gobierno aseguró que mejorarían sus condiciones—, en Canarias (tres), en Algeciras —el más grande— y este miércoles en Madrid.

Todo ello ha llevado a políticos de la oposición, sindicatos policiales y no policiales y ONG a cuestionar su existencia. “No existe margen de discrecionalidad sobre la existencia de estos centros para cumplir la legislación comunitaria (directiva 2008/115) y nacional (artículo 62 de la Ley Orgánica 4/2000)”, dicen en Interior. “Ni el Gobierno ni ninguna Administración pueden decidir si existen o no, es una ley orgánica”. El SUP, sindicato policial mayoritario responde: “O se cumple la norma que garantiza la convivencia y la seguridad o se cierran los CIE”.