Una juez avisa a Morenes del “grave riesgo” de volar algunos cazas F-5
Defensa pide aclaraciones al Ejército del Aire e insta a "extremar las medidas de seguridad"
La titular del juzgado militar territorial número 12 ha advertido al ministro de Defensa, Pedro Morenés, del “grave riesgo que pudiera existir” al mantener en vuelo cazas F-5 cuyas turbinas llevan discos que han superado ya su vida útil. La juez investiga el accidente de un F-5 en noviembre de 2012 en Talavera la Real (Badajoz) debido a la rotura de un disco que sufría “fatiga de material”. Defensa ha pedido un informe aclaratorio al Ejército del Aire y le ha instado a que, mientras tanto, adopte las “máximas precauciones” para garantizar la seguridad de los vuelos.
En un auto dictado el pasado día 7, la juez Patricia Moncada advierte de que un disco de turbina, “al parecer instalado y operando en la actualidad” en un caza F-5, “podría haber superado su límite de vida” útil; y de que otros cinco, todos identificados por su numeración, “aunque no habrían superado dicho límite”, tendrían una vida útil muy inferior a la oficialmente registrada. Es decir, podrían romperse en pleno vuelo y provocar un accidente como el que costó la vida al comandante Ángel Álvarez Raigada y heridas gravísimas al alférez Sergio Santamaría.
A la vista de ello, la juez acuerda pedir al Mando Logístico del Ejército del Aire que designe a dos peritos para verificar las horas de funcionamiento de los discos de turbina de los F-5 y opta por informar directamente al ministro de Defensa “del grave riesgo que pudiera existir” si se mantienen los vuelos.
La multinacional General Electric, ni perito ni parte
El Abogado del Estado se ha opuesto a que General Electric, la empresa fabricante del disco cuya rotura causó el accidente del F-5 de 2012, actúe como perito en el proceso. Alega que no es imparcial, pues tiene interés de parte. Lo cierto es el Abogado del Estado no ha acusado a la firma estadounidense, que no se ha personado en la causa, y que el INTA (Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial) se remitió a ella para explicar las fisuras. Tras la rotura del segundo disco, General Electric redujo su vida útil de 3.000 a solo 1.600 ciclos.
El accidente que investiga la juez se produjo por la rotura de un disco del motor izquierdo debido a las fisuras causadas por la “fatiga de material”. El Ejército del Aire informó de que el disco tenía en el momento del siniestro 2.884 ciclos, por debajo de los 3.000 fijados por la empresa fabricante, General Electric. En agosto de 2013, durante un ensayo, se rompió otro disco idéntico al anterior, a pesar de que entonces solo tenía 2.690 ciclos.
El problema es cómo se cuentan los ciclos. Los jefes de taller de las bases aéreas que han declarado en el juzgado explicaron que el factor de severidad que se aplica es de un ciclo por cada hora de vuelo en bases operativas, como Morón de la Frontera (Sevilla) y Gando (Gran Canaria), y de 0,8 por hora de vuelo en Talavera, dedicada a la formación de pilotos de caza. En caso de duda, debe aplicarse el factor de severidad mayor. Los F-5 que están ahora en Talavera pasaron antes por Gando y Morón y, aunque no se conserva el historial de los discos, la acusación particular ha logrado reconstruirlos a través del de los motores. En un minucioso y exhaustivo informe explica que los dos discos que se rompieron —el del accidente y el del banco de pruebas— habían superado ya su vida útil según los parámetros explicados a la juez por los jefes de taller.
Lo mismo ocurría en el momento del siniestro con otros 30 discos, el 70% de los del mismo modelo. Además, el estudio concluye que, de los que siguen operativos —los del primer escalón de turbina, ya que los de segundo escalón fueron reemplazados—, uno habría superado su vida útil en diciembre de 2014, y a otros cinco les quedaría en esa fecha un remanente de horas muy inferior al que consta en la documentación oficial.
Consultado el Ministerio de Defensa, un portavoz explicó que, cuando se recibió el auto, el ministro pidió al Ejército del Aire que “con la mayor celeridad” verificase los datos aportados por la juez y le remitiese un informe. Dicho informe se recibió este martes pero, al parecer, no fue totalmente satisfactorio, pues la subsecretaria, Irene Domínguez-Alcahud, en nombre del ministro, ha pedido nuevas aclaraciones e instado a la Fuerza Aérea a que, mientras se despejan las dudas, “se extremen las medidas para garantizar la seguridad de los vuelos”.
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