Todas las autonomías abogan por que el Gobierno mantenga la Selectividad
Las 17 regiones, incluidas las cinco del PP, quieren que el Ministerio de Educación aparque la reválida de Bachillerato al menos durante este curso
Las 17 comunidades autónomas, incluidas las cinco del PP, son partidarias de que el Ministerio de Educación aparque al menos un año la reválida de Bachillerato. Con el curso ya empezado y con un Ejecutivo en funciones, ven más útil mantener la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU). También le piden al ministerio que establezca mecanismos legales para garantizar que se respeta el distrito único.
Los directores generales de Universidades, dependientes de las comunidades autónomas, están elaborando una carta para el Ministerio de Educación con esta petición, a cuyo borrador ha tenido acceso EL PAÍS. Se reunieron el pasado martes en Valladolid ante la incertidumbre de la reválida de Bachillerato que sustituye a la Selectividad y que este curso deben hacer los alumnos de segundo curso. En el escrito piden la prórroga de al menos un curso académico. Recuerdan que, en este primer curso, la ley educativa da un carácter transitorio a este examen, que no tendrá efectos académicos ni sirve todavía para obtener el título de Bachillerato.
Los directores generales, que están por debajo de consejeros y viceconsejeros de Educación, quieren que su decisión se interprete como una cuestión técnica y quede al margen del conflicto político y de las valoraciones sobre la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE). Es la primera vez que todas rechazan una medida de la reforma educativa del PP aunque puede que no todas reciban el respaldo de sus consejeros, según una fuente conocedora de la negociación.
Los altos cargos regionales acordaron además en su reunión mantener el distrito único, es decir, que la nota del examen de cualquier alumno sirva en todo el territorio español independientemente de dónde lo realice. Consideran que de este modo se evitará “la duplicidad de pruebas” que permite la actual normativa. La Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) da la opción a cada Universidad de hacer su propio proceso de selección.
Más dinero para la prueba
En caso de que el Ministerio de Educación mantenga la reválida para este curso tal como prevé la LOMCE, las comunidades le reclaman que garantice la “viabilidad económica” para ponerla en marcha. Consideran que la logística es más compleja y que será más cara, dado que a la Selectividad solo se presentan los estudiantes que quieren ir a la Universidad y la reválida tendrán que hacerla todos los que quieran tener el título de Bachillerato, así como los de cuarto de la ESO (15 y 16 años). La financiación, añaden, recae sobre las comunidades sin que el ministerio haya previsto una partida extra.
También piden que les aclaren si deben establecer una tasa para los alumnos en una prueba que todavía no es obligatoria, puesto que hasta 2018 los alumnos no tendrán que aprobarla para obtener un título. Y reclaman al ministerio que explicite si este curso solo deben hacerlo quienes quieren ir a la Universidad o todos los estudiantes.
Las autonomías piden al ministerio que establezca mecanismos para garantizar ese distrito único, ya que nada impide a ningún campus apostar por esas pruebas propias a pesar del acuerdo al que han llegado y aunque la conferencia de rectores españoles, la CRUE (en la que está representado el grueso de las Universidades públicas y privadas), comparte que se mantenga un único examen.
El ministro de Educación en funciones, Íñigo Méndez de Vigo, ha reiterado esta misma semana que la reválida de Bachillerato “se va a parecer mucho a la Selectividad”. Las comunidades le piden directamente que mantenga la prueba anterior en lugar de hacer un cambio del que se desconocen aún muchos detalles con el curso ya en marcha.
Lo cierto es que el ministerio ha ido modificando a lo largo del último año este examen, que el exministro de Educación José Ignacio Wert llegó a plantear como una prueba tipo test con 350 preguntas. El resultado es bastante más parecido a la Selectividad de lo que pretendía Wert, aunque incluye más exámenes (siete asignaturas obligatorias frente a cuatro) y dura un día más (cuatro en lugar de tres), según quedó reflejado en el real decreto que la regula, publicado en julio.
El ministerio tiene que aprobar antes del 30 de noviembre la orden con los detalles de la prueba. Los partidos de la oposición, representantes de los directores de instituto y sindicatos docentes han criticado, entre otras cuestiones, que los alumnos han iniciado el curso sin saber cómo van a ser esos exámenes con los que se juegan su futuro académico.
Varapalo del Congreso
El pleno del Congreso de los Diputados dio también el martes un varapalo a las reválidas, una de las medidas más controvertidas de la reforma educativa, que este año ha completado su implantación en todos los cursos. Se aprobó con 175 votos a favor, 133 en contra y 34 abstenciones que se retire el decreto que regula las reválidas educativas, aprobada el pasado julio.
La iniciativa parlamentaria, de la antigua Convergència Democràtica de Catalunya, exigía la derogación de la LOMCE y del real decreto de reválidas. Los diputados de Ciudadanos se abstuvieron porque no comparten la paralización de la reforma educativa sin negociar antes una ley que la sustituya. Pero el partido de Albert Rivera sí quiso dejar claro que comparte el rechazo del resto de la Cámara baja (excepto el PP) a que se pongan en marcha estas pruebas.
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