Correa ofrece “gestos de buena voluntad” para atenuar una condena
La mayoría de los abogados defiende que se anule la causa
El juicio de la trama central del caso Gürtel de corrupción en el PP se ha iniciado este martes en la sede de la Audiencia Nacional de San Fernando de Henares (Madrid) con una sorpresa. Carlos Navarro, abogado del supuesto cerebro de la organización, el empresario Francisco Correa, ha renunciado a plantear al tribunal cuestiones de nulidad de la causa, como ha hecho gran parte del resto de los letrados que intervinieron. La defensa del principal acusado ha explicado que este está ofreciendo “gestos de buena voluntad” para atenuar una posible condena, como adelantó EL PAÍS. Sin embargo, ha descartado de plano que exista un pacto con la Fiscalía Anticorrupción.
El macrojuicio de la llamada Época I del caso Gürtel, la trama de sobornos de las empresas del grupo Correa a políticos del PP en diferentes Administraciones Públicas entre 1995 y 2009, que cuenta con 37 acusados, ha arrancado este martes con el trámite de cuestiones previas. En esta fase preliminar, que se extenderá hasta el próximo jueves, las partes exponen al tribunal alegatos sobre el desarrollo de la vista oral, como la aportación de nuevas pruebas o testigos, o la posibilidad de ausentarse de un juicio que puede durar hasta el verano de 2017, según las previsiones de las partes. También se plantean posibles razones de nulidad del juicio o de la investigación previa. La mayor parte de los abogados que han tomado la palabra este martes ante la Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia no han dejado pasar la oportunidad de plantear al tribunal motivos por los que, en su opinión, el juicio debe anularse.
Casi todas ellas tenían que ver con supuestas irregularidades cometidas por el primer juez instructor del caso, Baltasar Garzón, en las diversas resoluciones dictadas antes de que estallara el caso el 6 de febrero de 2009, y, especialmente, con las escuchas a la que el magistrado sometió a abogados con sus clientes en la prisión de Soto del Real. Esta intervención ilegal de las comunicaciones costó a Garzón una condena por inhabilitación y su apartamiento de la carrera judicial. Sin embargo, el primero de los defensores en intervenir, el de Francisco Correa, se ha desmarcado del resto de sus compañeros. “Este parte renuncia a plantear cuestiones previas”, se ha limitado a manifestar Carlos Navarro, el letrado del supuesto cerebro de la trama.
Fuentes de la defensa han explicado que el empresario está ofreciendo “gestos de buena voluntad” para lograr que se le apliquen atenuantes ante una petición de la fiscalía contra él de 125 años y un mes de prisión. Entre estos gestos, la defensa de Correa ha citado dos: la petición de que se desbloqueen 2,2 millones de euros que ocultaba en una cuenta en Suiza embargada por la Audiencia. Con estos fondos, Correa pretende hacer frente a las responsabilidades civiles, y optar así a la atenuante de reparación del daño. La segunda muestra de colaboración, según la defensa de Correa, ha sido la decisión de no adherirse a la petición de que uno de los tres magistrados que integran el tribunal, José Ricardo de Prada, de talante progresista, sea apartado de la causa, como solicitaron otros procesados, como Luis Bárcenas o Pablo Crespo.
Confesión, no pacto
El tercer gesto de buena voluntad ha sido la renuncia a plantear cuestiones previas. Esta decisión avanza la posibilidad de que Correa confiese que el relato de hechos que realiza la fiscalía, y por el que le solicita una pena tan abultada, es cierto. Fuentes de la defensa de Correa han advertido, sin embargo, de que en este momento “no existe ningún pacto” de conformidad con la acusación pública. Fuentes de Anticorrupción descartan también que haya habido ningún acuerdo con Correa.
El cerebro de la trama no ha sido el único que ha renunciado a las cuestiones previas. Carmen Rodríguez Quijano, exesposa de Correa, los empresarios Alfonso García-Pozuelo y Jacobo Gordon y el exconcejal de Hacienda de Pozuelo de Alarcón (Madrid) Roberto Fernández tampoco las han planteado. Previsiblemente, todos ellos declararán antes que Correa, y puede que también opten por confesar delitos, según fuentes jurídicas.
Las acusaciones también plantearon sus propias cuestiones previas. Las acusaciones populares de la Asociación de Abogados Demócratas de Europa (ADADE) y del PSOE solicitaron al tribunal que cite como testigo en el juicio al presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy. Las razonessuficientes que nos exigía la sala para acreditar laprocedencia de la citación como testigo del señor Rajoyestán acreditadas. El señor Rajoy fue vicesecretario del PP entre 1990-2003, secretario general entre 2003 y 2004 y presidente desde entonces.Se le llama no por lo que es hoy, sino por lo que fue,que sea presidente del Gobierno en funciones es hoy irrelevante", sostuvo el abogado de ADADE, José Mariano Benítez de Lugo.
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