Juristas creen que ninguna de las partes respeta los estatutos

El conflicto en el seno del PSOE está teniendo como caballo de batalla también la interpretación que uno y otro sector hacen de los estatutos del partido, la norma que regula el funcionamiento interno del PSOE. Las dos partes los utilizan como arma arrojadiza cuando el problema debe solucionarse políticamente, estiman juristas consultados por EL PAÍS. “Cuando un partido político, en un problema de estas dimensiones, tiene que recurrir a la aplicación de los estatutos, es que no hay sensatez política. No hay sensatez política por parte de un secretario general al que le dimite la mitad de la ejecutiva y sigue pretendiendo funcionar y tomar decisiones como si eso no hubiera pasado. Pero bueno, en todo caso, los estatutos están ahí”, asegura el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad del País Vasco Alberto López Basaguren.

La Constitución subraya en su artículo 6 que la estructura interna y el funcionamiento de los partidos “deberán ser democráticos”, esto es, las organizaciones políticas están obligadas a respetar sus propias reglas. Como la ley fundamental configura a los partidos como órganos de relevancia constitucional, la interpretación de los estatutos del partido se debe hacer con criterios que se deduzcan de la propia Constitución. Dos catedráticos de Derecho Constitucional los analizan a petición de este periódico.

El constitucionalista López Basaguren afirma que al secretario general del PSOE, al que eligen los militantes, “solo le puede cesar el comité federal a través de la presentación de una moción de censura”. “Esta debe ser aprobada por la mayoría absoluta de los miembros del comité federal”. Según su interpretación, la dimisión de 17 miembros de la comisión ejecutiva que la ha reducido a menos de la mitad de sus miembros (porque había además tres vacantes anteriores) no significa que el secretario general haya cesado, pero sí que la dirección ha cesado. “En estos momentos tenemos secretario general pero no tenemos comisión ejecutiva, porque cuando un órgano colegiado se queda con menos de la mitad de sus miembros no puede tomar decisiones formalmente, porque ya ha dejado de existir como órgano”, explica. “Eso es un principio general de los órganos colegiados”, incide.

Enrique Álvarez Conde, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, estima, por su parte, que la vía para remover al secretario general es “un congreso, que es el que lo eligió. Y en su caso, si se hace por primarias, los militantes”. El jurista considera que en estos momentos el secretario general del PSOE “continúa siendo el actual, el señor [Pedro] Sánchez, porque la dimisión de la mitad de la comisión ejecutiva [dirección] no conlleva necesariamente la pérdida de condición de la secretaria general”. “No hay ningún precepto en los estatutos que diga que la pérdida de condición de la mitad de la comisión ejecutiva conlleve la pérdida del secretario general. Ni siquiera se prevé la constitución de una comisión gestora a nivel federal”, apunta. “La solución hay que interpretarla con arreglo a la Constitución. Imaginemos que al presidente del Gobierno le presenta la dimisión la mitad de los ministros: ¿estaría obligado a dimitir, jurídicamente, no ética o políticamente? No”. Para el catedrático, Sánchez es ahora mismo “un secretario general en funciones, hasta que otro tome posesión de ese cargo”. La vía para remover al secretario general es “un congreso, que es el que lo eligió. Y en su caso, si se hace por primarias, los militantes”, señala.

Álvarez Conde –que subraya que su opinión no es en favor de ninguna de las dos partes- apunta a que ninguno de los dos sectores está obrando adecuadamente. “Ante un conflicto provocado o instado por los críticos, se responde con respuestas semejantes. Cuando el conflicto es político, hay que solucionarlo en sede política, que es el comité federal”, estima.

La gestora federal hasta ese congreso, aun no estando recogida expresamente en los estatutos del PSOE, sí sería una solución adecuada para López Basaguren. “El comité federal tiene la obligación de convocar un congreso extraordinario según los estatutos. Si además el comité federal censurase al secretario general, yo entiendo que la secretaría general quedaría vacante. Por tanto, previamente a ese congreso extraordinario habría que convocar las elecciones para que todos los militantes pudiesen elegir al secretario general que establecen los estatutos. Son acciones muy complejas que requieren tiempo. A mi juicio, el comité federal, a la vista de esas condiciones extraordinarias y del tiempo y la complejidad del proceso, podría nombrar una comisión gestora para que actúe como dirección del partido en todo ese proceso”, señala.

¿Es correcto atenerse a la costumbre anterior en el partido, aunque no esté recogida en los estatutos? “Una convención no es nada despreciable, pero la lectura de los estatutos nos lleva a la solución”, contesta este jurista. “Al no existir un órgano esencial para la estructura del partido, la comisión ejecutiva, eso legitima que el comité federal decida que exista un órgano que actúe, y eso es una comisión gestora. Si además se añadiese que el comité federal censurase al secretario general, con mucha mayor razón. Un partido no puede estar sin comisión ejecutiva y sin secretario general, tiene que haber una gestora para que el congreso extraordinario se convoque dentro de los plazos sensatos y razonables. Y, mientras tanto, alguien tiene que dirigir el partido”.