Hacienda lastra la investigación de la venta de miles de viviendas públicas a un fondo buitre
La fiscalía reprocha desde hace un año a la Agencia Tributaria que no nombre a dos peritos para aclarar si el Gobierno de Ignacio González cometió malversación de caudales
La investigación judicial que indaga si la Comunidad de Madrid cometió durante el mandato de Ignacio González (PP) malversación de caudales y prevaricación al permitir que 2.935 viviendas públicas acabaran en manos de un fondo buitre se ha topado con un muro. La Oficina Nacional de Investigación del Fraude (Onif), un organismo dependiente de la Agencia Tributaria, lleva un año sin nombrar a los dos peritos que deben colaborar con el Juzgado de Instrucción número 48 de Madrid, instructor de esta causa que requiere del análisis de centenares de documentos financieros.
Las casas afectadas por la operación inmobiliaria pertenecían al Instituto de la Vivienda de Madrid (Ivima) y estaban alquiladas a familias con bajos recursos antes de caer en 2013 en manos de Goldman Sachs. La operación que permitió el cambio de titularidad fue considerada fraudulenta por los inquilinos.
La fiscalía ha pedido por segunda vez en un año a la Onif que designe a los funcionarios que deben colaborar con la investigación. Desde que se produjo el primer requerimiento, en octubre de 2015, “ninguna contestación se ha recibido”, según el Ministerio Público. La única respuesta –precisa la fiscalía- ha llegado de un departamento de Hacienda “distinto”.
Un portavoz de la Agencia Tributaria ha justificado que los funcionarios no se pusieron a trabajar para el juzgado al considerar que Hacienda ya cumplió con su obligación al enviar el pasado 2 de marzo un informe al instructor de la causa. El organismo ha declinado dar detalles sobre un documento que el fiscal considera insuficiente para avanzar en la alambicada investigación.
La causa judicial rastrea los presuntos delitos de malversación de caudales y prevaricación vinculados a una operación que permitió al fondo Azora Goldman-Sachs hacerse en 2013 por 201 millones de euros con 32 promociones procedentes de la Comunidad de Madrid. Desde que pasaron a manos privadas, las 2.935 familias afectadas siguen pagando el mismo alquiler (370-520 euros al mes), pero ahora se incluye en su factura el IBI y la tasa de basuras que no abonaban por el riesgo de exclusión. La Cámara de Cuentas de Madrid estimó que si las viviendas se hubieran vendido por lotes, la Comunidad habría ingresado el doble.
El exgerente del Ivima y exdirector de Arquitectura y Vivienda del Ministerio de Fomento Juan Van-Halen Rodríguez está imputado en la causa.
Ana Botella
La controvertida operación del Ivima es similar a la ejecutada por el Ayuntamiento de Madrid con las viviendas gestionadas por la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (Emvs) durante el mandato de Ana Botella (PP). Su Consistorio vendió en 2013 un total de 1.860 viviendas y 3.366 garajes a un fondo buitre del grupo Blackstone. El negocio causó un “quebranto millonario” a las arcas municipales y se benefició de información privilegiada, ausencia de publicidad y transparencia, según la Cámara de Cuentas de Madrid. El fondo pagó por las casas 128,5 millones de euros, 32 menos de su valor, según este fiscalizador.
El fondo Blackstone, tras hacerse con el paquete inmobiliario, encareció los arrendamientos hasta en un 43 %, según los afectados. Decenas de inquilinos fueron desahuciados al no poder asumir las nuevas condiciones.
La Cámara de Cuentas de Madrid reveló que las propiedades –distribuidas en 18 promociones- se vendieron en bloque y vulnerando la ley. Además, no se dio la oportunidad a los inquilinos de ejercer una opción de compra. El equipo de Gobierno de Ana Botella (2011-2015) justificó la venta en un intento de equilibrar las cuentas de la Emvs.
El organismo fiscalizador instó a Botella y al que fuera gerente del Emvs, Fermín Oslé, a dar explicaciones. La exalcaldesa se sumó a las alegaciones presentadas por los miembros de su equipo de gobierno.
Tras hacerse con la propiedad de los inmuebles, los afectados por el Emvs acudieron a los tribunales. El Juzgado de Instrucción número 38 de Madrid archivó provisionalmente los hechos sin practicar las pruebas. Los inquilinos denunciaban un presunto trato de favor municipal. A través de una madeja societaria, aseguraron, había vínculos con empresas relacionadas con el hijo mayor de la exalcaldesa, José María Aznar Botella.
Cronología del caso de las '1.860 viviendas' del EMVS
Julio 2013: La Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS) vendió 18 promociones de viviendas —un total de 1.860 — por 128,5 millones a la empresa Magic Real Estate-Blackstone Group International Partners. Las viviendas (1.208 de alquiler y 652 de alquiler con opción de compra) están situadas en los distritos de Carabanchel, Centro, Villa de Vallecas y Villaverde. El alquiler de dichos pisos se encuentra dentro del programa de ayuda a jóvenes sin vivienda y familias con recursos limitados.
Diciembre 2015: El PSOE aprobó en la comisión de presupuesto de la Asamblea de Madrid una enmienda parcial a la Ley de Acompañamiento para que las viviendas con protección pública en régimen de alquiler o de alquiler con opción a compra sólo puedan venderse a sus inquilinos o a empresas "con fines sociales" y no a los denominados "fondos buitre". Ciudadanos se abstuvo en aquella votación y el PP votó en contra.
Abril 2016: La Cámara de Cuentas descubrió graves irregularidades en la venta de las 1.860 viviendas. El informe, al que tuvo acceso a EL PAÍS, destacaba entre otras anomalías que la operación se cerró —bajo el mandato de Ana Botella— por debajo de su coste real (unos 32 millones de euros menos de lo estipulado). Las conclusiones del informe manifestaron también que la EMVS no podía vender las 18 promociones al contravenir el Reglamento de Adjudicación de Viviendas de protección pública, aprobado por el Consistorio en 2008.
Agosto 2016: El Ayuntamiento de Madrid anunció que ejercerá acciones legales contra el antiguo consejo de administración de la EMVS por la venta de pisos a los denominados fondos buitre entre 2012 y 2013. El Consistorio también se personará en la querella presentada por los afectados en esta operación. En esos años, el Ayuntamiento cedió a los fondos de inversión 6.844 inmuebles, de los que 2.956 eran viviendas.
Septiembre 2016: En la actualidad, los llamados "fondos buitre" siguen adquiriendo viviendas protegidas en Madrid. De las 31.100 pisos con estas características edificados en los últimos 12 años, sólo 1.100 mantienen titularidad pública. Los demás se encuentran en manos privadas.
