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El fraude masivo de las falsas mudanzas de pilotos militares se salda con multas

La Fiscalía Militar acuerda con los acusados sanciones de unos 5.000 euros y evita penas de cárcel

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Un F-18 del Ejército despega de la base canaria de Gando. EFE

El fraude masivo al Ejército del Aire protagonizado por casi un centenar de pilotos —que aportaron falsas facturas de mudanzas para cobrar la indemnización por cambio de residencia— se está saldando sin penas de cárcel y con la imposición de multas de unos 5.000 euros, gracias al pacto al que ha llegado la Fiscalía Militar con los acusados. En algunos casos ni siquiera eso, pues los tribunales castrenses dan por prescritos los delitos de hace más de cinco años.

El sargento M. A. ha reconocido que cobró en 2012 una Indemnización por Traslado de Residencia (ITR) de 3.150 euros tras aportar una factura falsa de la empresa Mudanzas Gil. El fiscal pidió para el suboficial una condena de dos meses y 15 días de prisión, frente a la pena mínima de tres meses y un día y máxima de 10 años de cárcel prevista en el artículo 81 del Código Penal Militar para los delitos contra el patrimonio militar, agravada si existe lucro personal. Para justificar tal rebaja el fiscal adujo que el suboficial reparó el daño, pues devolvió el dinero antes de la celebración del juicio oral (aunque después de que se abriera la investigación), y le aplicó también la atenuante de dilación indebida del procedimiento, pues este se inició en agosto de 2012 y duró cuatro años.

Antes del juicio, celebrado en julio pasado en Barcelona, el fiscal y la defensa llegaron a un pacto en virtud del cual el primero cambió su petición de prisión para el suboficial por una multa de 150 días, con una cuota de 31 euros diarios: 4.650 euros en total.

En su sentencia, el Tribunal Militar Territorial Tercero considera probado que el suboficial se “inventó necesidades del servicio que no existen, en este caso un traslado de enseres inexistente que ha de ser sufragado por el erario público”; y que puso en marcha, “mediante la solicitud y ulterior firma del certificado de recepción, el mecanismo preciso para la asignación de un crédito presupuestario dirigido a indemnizar los supuestos gastos derivados del [falso] traslado de residencia”. Pero agrega que no tiene más remedio que asumir el pacto entre fiscal y defensa.

El caso de M. A. no es excepcional. El mismo tribunal condenó el pasado 28 de julio, por los mismos hechos, al capitán S. A. a pagar una multa de 5.100 euros; y al sargento F. J. a 4.050. El pago de una multa es la sanción impuesta a la mayoría de los pilotos implicados. No a todos, porque algunos han salido incluso mejor parados; como una capitán cuyo caso sobreseyó definitivamente en agosto el Tribunal Militar Territorial Primero, con el argumento de que el delito está prescrito al haber transcurrido más de cinco años desde que supuestamente cobró la indemnización irregular.

La entrada en vigor del nuevo Código Penal Militar, en enero de 2016, ha sido decisiva, pues permite por vez primera que los tribunales castrenses impongan penas alternativas a la prisión, como la multa, y suspendan condicionalmente la condena. Hasta ahora, los militares condenados a una pena privativa de libertad debían cumplirla, por corta que fuera.

El escándalo de las falsas mudanzas estalló en septiembre de 2014, cuando el Juzgado Togado Central número 2 procesó a 45 militares y un civil, lo que provocó un verdadero terremoto en el Ejército del Aire, ante la posibilidad de tener que enfrentarse a un macroproceso con decenas de mandos en el banquillo. Sin embargo, el Tribunal Militar Central decidió en febrero de 2015 revocar dicho procesamiento y trocear el sumario en al menos ocho procedimientos repartidos por distintos juzgados. A partir de entonces, aunque la cifra de imputados continuó aumentando hasta rondar el centenar, la causa se fue diluyendo para concluir ahora con la imposición de módicas multas y sobreseimientos.

Sin castigo

La solución deja, sin embargo, cabos sueltos: la impunidad de las empresas de mudanzas que facilitaron las falsas facturas; el escaso castigo para el cerebro de la trama, un teniente que cobraba una comisión del 25%; o la posibilidad de que aquellos para los que el delito ha prescrito no tengan que devolver el dinero.

Antonio Suárez-Valdés, defensor de más de 30 imputados, cree que el pacto es un avance, ya que “el Código Penal Militar permite aplicar por vez primera a la jurisdicción castrense medidas previstas en la ordinaria”. Para el Ejército del Aire es un alivio, pues el ingreso en prisión de decenas de mandos no solo habría dañado su imagen sino también vaciado de pilotos algunas unidades.