Condenado a 10 años por narcotráfico un exjefe de la Guardia Civil de Málaga
La Audiencia Provincial pena a otras 26 personas y absuelve a cuatro agentes
Valentín F., exjefe del Equipo contra la Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA) en Málaga, ha sido condenado a 10 años y medio de cárcel por la Audiencia Provincial por falsedad documental y dos delitos contra la salud pública por favorecer en 2010 sendas operaciones de tráfico de droga en una playa de Marbella y en Melilla. El agente, teniente cuando ocurrieron los hechos delictivos, ha sido absuelto de otros cargos por los que había sido acusado, entre ellos, revelación de secretos, conspiración y malversación de fondos públicos.
La sentencia contra este guardia civil se produce en el conocido como caso EDOA, en el que han sido condenadas en total 27 personas a 102 años de prisión y a una multa de 53 millones de euros. El fallo no es firme y se puede recurrir en casación ante el Tribunal Supremo. En el banquillo se han sentado 35 personas, de las que ocho han sido absueltas, incluidos cuatro guardias civiles sospechosos de delitos contra la salud pública y cohecho. La acusación del procedimiento la han ejercido la fiscalía y la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC).
Uno de los casos por los que ha sido condenado Valentín F. se centra en el desembarco de 2.168 kilogramos de hachís en la playa de Cabopino, en Marbella, en febrero de 2010. El teniente, como mando del EDOA, coordinó la operación para localizar el alijo y, según la sentencia, conocía gracias a su relación con un confidente policial que la droga iba a ser interceptada después por unos “falsos policías”. Después de este golpe, el informador tenía la intención de quedarse con una parte de la mercancía. El tribunal descarta que el guardia civil tuviera intención de sacar beneficio de la apropiación de estos fardos.
El fallo judicial indica que el exjefe antidroga estaba “al tanto” de los planes de su confidente y permitió que este "organizara un operativo para apoderarse de una parte del alijo, como contraprestación a la información facilitada y con el fin de obtener él éxito en su carrera profesional”. A la conducta del mando policial, sostiene el tribunal, “no puede aplicársele la doctrina del acto neutral” o una relación “normal” dentro de una operación de las Fuerzas de Seguridad del Estado, como alegó su defensa.
Por el mismo motivo es condenado también por otro delito contra la salud pública, por una operación que inicialmente planeaba introducir desde Melilla, en octubre de 2010, una furgoneta cargada con unos 1.000 kilos de hachís. La droga procedía de Marruecos y su destino final era Francia. “En este caso se confirma el patrón de conducta del acusado Valentín F. con los confidentes de los que recibe información”, subraya la sentencia. O sea, “incautar una parte [de la droga]” y arrestar a algunos de los implicados, pero no “investigar, intervenir y detener” otra parte de la sustancia y de sospechosos.
Su intervención “fue más allá de dar instrucciones a J. A. [su informador] en la operación de tráfico, pues también realizó actos de favorecimiento y facilitación de la misma”, afirma la Sección Segunda de la Audiencia de Málaga sobre este caso. Con relación a esta operación ilícita también ha sido condenado a tres años de cárcel por un delito contra la salud pública Manuel Alonso, exculpado en julio pasado del presunto homicidio de su exmujer, Lucía Garrido, la joven asesinada en una finca de Alhaurín de la Torre en abril de 2008.
Hay otro agente implicado, Juan Francisco O., presuntamente la persona con un papel más activo en estos actos delictivos, que huyó justo antes de que comenzara el juicio en noviembre de 2015. Fue arrestado a finales de agosto en el aeropuerto de Madrid cuando llegó de un vuelo procedente de México. Ahora mismo está pendiente de juicio.
