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Debate de investidura
Análisis
Exposición didáctica de ideas, conjeturas o hipótesis, a partir de unos hechos de actualidad comprobados —no necesariamente del día— que se reflejan en el propio texto. Excluye los juicios de valor y se aproxima más al género de opinión, pero se diferencia de él en que no juzga ni pronostica, sino que sólo formula hipótesis, ofrece explicaciones argumentadas y pone en relación datos dispersos

¿Rebus sic stantibus?

Dice el derecho romano, y todos los sistemas jurídicos que desde él se desarrollan, que los contratos están sujetos a la cláusula rebus sic stantibus. Cláusula que en roman paladinoquiere decir: todo esto si se mantienen las circunstancias para las que están pactadas. Por ejemplo, sí, como dice el anexo de dotación presupuestaria del documento firmado por el PP y Ciudadanos, se cumplen los presupuestos de ingresos.

Ingresos que suponen: a) aumentos en los impuestos de sociedades de 3.000 millones de euros en el 2017 y de 4.000 en los años siguientes; b) que con lucha contra el fraude se ingresen 1.000 millones en 2017 y 2.000 en los siguientes; y c) disminución de gastos al eliminar duplicidades administrativas, 1.000 millones en 2017 y 2.000 en los siguientes. Como se ve, cifras redondas. Tan redondas que da la impresión que son más un deseo que el fruto de un estudio concienzudo. ¿Por qué no 5.000 millones de lucha contra el fraude? ¿o 10.000? Seguro que la izquierda radical estaría más contenta con estas cifras, porque lo de eliminar duplicidades eso sí que es utopía. ¿Y si no se cumplen estos presupuestos de ingresos? Pues rebus sic stántibus; habría que renegociar todo el acuerdo.

Esta es la primera circunstancia que debía mantenerse para cumplir el acuerdo. Para ello además de los firmantes debería creerse las cifras la Comisión Europea, con la que tenemos un acuerdo. Ya lo dice el documento de PP y Ciudadanos: las dotaciones presupuestarias anteriores se adoptarán respetando la senda de objetivos de estabilidad presupuestaria comprometidos por el Reino de España. O sea, que los compromisos deben respetar el déficit acordado con la UE, de manera que si no se cumplieran los ingresos habría que renegociar todo el acuerdo con el comisario de Economía. ¿Quiénes? el Gobierno de España y, al no estar dentro de él, sus socios de investidura. Un lío a tres. ¿De dónde quitarían gastos para cubrir, por ejemplo, el complemento salarial garantizado (1.300 millones en 2017 y 2.100 los siguientes)? ¿De las comunidades autónomas (sanidad, educación…)?

Cómo se ve hay más buena voluntad que realidad en el acuerdo económico. Pero, de momento, poco importa, porque antes que la UE debe pasar por el Parlamento español y ahí no es un problema económico (que siempre se puede solventar). Es un tema político y ese está en manos de los “dioses de la política”, que, como decían los griegos, ciegan a los que quieren perder.

J. R. Pin Arboledas es profesor del IESE.

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