El PP retrocede a su posición previa a Aznar sobre el Poder Judicial
El pacto con Ciudadanos prevé la elección corporativa de los vocales a la que renunciaron los populares en 2000 y que garantiza una mayoría conservadora permanente
Ninguna institución constitucional ha sido objeto de tanta polémica sobre la forma de elección de sus miembros como el Consejo General del Poder Judicial. Sobre ninguna otra se han probado tantos modelos, ni han hecho que los partidos cambien sus posiciones con el paso del tiempo. Con su acuerdo con Ciudadanos, el PP retrocede más de 16 años en su posición, después de que José María Aznar aceptara la elección parlamentaria en 2000. El partido de Albert Rivera ya ha cambiado al menos tres veces de posición en menos de un año.
La suma de los diputados de PP y Ciudadanos es insuficiente en todo caso para modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial para volver al sistema de elección corporativa. Necesitarían 176 diputados (suman 169) y ni PSOE ni Podemos defiende el cambio de modelo, aunque mantengan posiciones diferentes, por lo que el acuerdo entre Mariano Rajoy y Albert Rivera no podrá aplicarse.
Un extremo es el de los que defienden el sistema de elección corporativa de la mayoría de los miembros del Consejo General del Poder Judicial (12 de 20), es decir, entre los propios jueces y magistrados, y el otro el de los que sostienen que debe ser designación parlamentaria para reflejar la pluralidad de la sociedad. Con el primero, se asegura una clara mayoría conservadora permanentemente para el Consejo por el comprobado sesgo ideológico de la carrera judicial y con el segundo, se somete a la institución a tensiones políticas.
La Constitución no establece ningún sistema
La Constitución se remite a la ley orgánica y no especifica el sistema de elección, solo los 20 miembros del Consejo General del Poder Judicial se elegirán "doce entre Jueces y Magistrados de todas las categorías judiciales, en los términos que establezca la ley orgánica; cuatro a propuesta del Congreso de los Diputados, y cuatro a propuesta del Senado, elegidos en ambos casos por mayoría de tres quintos de sus miembros, entre abogados y otros juristas, todos ellos de reconocida competencia y con más de quince años de ejercicio en su profesión".
La Constitución no concreta el sistema de elección y el PSOE y el PP han enfocado su política judicial más como control de un poder que como servicio público y, por ejemplo, han designado como vocales a exdiputados y ha habido un funcionamiento en bloques. El PP (antes AP) ha cambiado sucesivamente de posición y ahora vuelve al que mantuvo antes de su Pacto de Estado sobre Justicia con el PSOE firmado en 2001 y ratificado en varias renovaciones.
Entre 1980 y 1985 funcionó el mismo modelo que el PP y Ciudadanos han pactado ahora, aunque los dos partidos no suman la mayoría absoluta necesaria para cambiar la ley. Los 12 vocales de origen judicial eran elegidos por y entre los jueces con sistema mayoritario y listas abiertas.
En 1985, la mayoría absoluta del PSOE cambió radicalmente el sistema para que el Congreso y el Senado eligieran libremente a todos los vocales, sin propuesta ajena alguna. El Tribunal Constitucional ratificó el modelo, tras el recurso de AP, por entender que no contravenía la ley fundamental.
La derecha mantuvo la crítica al modelo, hasta que el PP aceptó la designación parlamentaria en 2001. José María Aznar, pese a tener mayoría absoluta, renunció a la elección corporativa y firmó el Pacto de la Justicia con el PSOE que establecía un sistema mixto, de elección parlamentaria pero con una doble legitimidad en el que las asociaciones de jueces y magistrados proponen a 36 candidatos y las Cámaras eligen a 12.
Ese sistema se mantiene aunque sufrió cambios para limitar el poder de las asociaciones y el PP lo ha mantenido incluso con mayoría absoluta entre 2011 y 2015. Lo que sí hizo el Gobierno de Mariano Rajoy fue limitar competencias del Consejo, diferenciar vocales con dedicación exclusiva y sin ella y eliminar las mayorías cualificadas para sus decisiones, lo que reduce las exigencias de consensos internos.
Giro de Ciudadanos
Ciudadanos ha vivido ese mismo viraje acelerado y ha defendido tres propuestas distintas en menos de un año. En noviembre de 2015 presentó una propuesta novedosa que reducía el Consejo a solo un presidente y dos adjuntos. Tras las unánimes críticas recibidas, hizo en su programa una propuesta de elección corporativa de 12 miembros, pero luego en el pacto con el PSOE aceptó la elección parlamentaria, aunque con un filtro de un Consejo Asesor y convocatoria pública de vacantes. Ahora el partido de Rivera rectifica otra vez y lleva al PP a recuperar su modelo de antes del año 2000.
Podemos defiende “la elección directa por parte de la ciudadanía de los 15 miembros del CGPJ, quienes serán elegidos entre jueces y magistrados, fiscales, secretarios judiciales y juristas de reconocido prestigio con al menos 10 años de experiencia profesional y que, asimismo, hayan sido avalados por asociaciones, sindicatos o plataformas ciudadanas”.
