Las vacaciones del Constitucional frenan la actividad del Congreso
El tribunal no estudiará el recurso de las Cortes hasta finales de septiembre
La previsión de que la próxima semana resulte fallida la investidura de Mariano Rajoy abre de nuevo el debate que se produjo en la pasada legislatura sobre la posibilidad de que el Congreso inicie su actividad plena, especialmente la de control al Gobierno en funciones. Y el debate y las dudas se prolongarán por falta de nuevo de pautas y precedentes.
En todo caso, la actividad del Congreso, en el periodo de vacío institucional por falta de Gobierno, quedará frenada por las vacaciones del Tribunal Constitucional. Hasta la última semana del mes de septiembre no está previsto que los magistrados se reúnan en pleno para estudiar el recurso que presentó el Congreso contra la decisión del Gobierno de Rajoy de negarse a someterse al control parlamentario que fue admitido a trámite el 13 de junio. Y, sin sentencia, la actual presidenta del Congreso, Ana Pastor, y los representantes del PP en la Mesa no pondrán en marcha la actividad plena de la Cámara.
De hecho, los demás grupos ni siquiera han presentado esta vez tantas iniciativas de control al Gobierno, a la espera de que el Constitucional resuelva el embrollo.
Legislatura a cámara lenta
La actividad del Congreso avanza a cámara lenta, incluso en comparación con la anterior legislatura. Este juevs se reunirá la Mesa para cerrar la distribución de escaños y para ordenar y convocar oficialmente el debate de investidura de la semana próxima. Empezará el martes por la mañana con la intervención de Mariano Rajoy y por la tarde el resto de grupos de mayor a menor para que se vote el miércoles a mediodía.
No está previsto que se califiquen aún las iniciativas de los grupos y todas tendrán que esperar a dentro de dos semanas, como mínimo, tras la investidura fallida. Entre las que esperan ese trámite de calificación se encuentra la petición del PSOE para crear una comisión de investigación sobre el caso Gürtel, similar a la que Ciudadanos ha pactado con el PP.
El artículo 75 de la ley del tribunal establece que el Constitucional “resolverá dentro del mes siguiente a la expiración del plazo de alegaciones”. Ese plazo termina a finales de agosto, porque el propio tribunal habilitó este mes en una providencia a efectos de cómputo de plazos y de registro, como consecuencia del conflicto con el Parlament de Cataluña y el proceso soberanista.
A pesar de eso, fuentes oficiales del Tribunal Constitucional dan por hecho que ese plazo de un mes no se va a cumplir en este caso. La consecuencia es que el bloqueo del Parlamento se extenderá al menos durante ese tiempo y, de hecho, el Gobierno en funciones prolongará su posición de negarse a ser sometido a control, sea cual sea la sentencia. El calendario y la casualidad de que coincida con agosto, mes de vacaciones de los magistrados del Constitucional, prolonga el bloqueo y favorece al Gobierno en funciones.
La decisión de llevar este asunto al Constitucional fue adoptada la pasada legislatura por todos los partidos, salvo el PP, después de que media docena de ministros, encabezados por el presidente del Gobierno, dieran sucesivos plantones al Congreso y a las peticiones de comparecencia. Ahora la diferencia es que ya está planteado el conflicto y, por tanto, es necesario esperar a la resolución en el Constitucional. Y, además, la presidencia del Congreso está en manos del PP y no del PSOE como antes. Por tanto, el partido del Gobierno tiene cierto margen de maniobra para ralentizar la actividad de la Cámara.
De hecho, aún no se han constituido las comisiones parlamentarias, a diferencia de lo que ocurrió en la pasada legislatura cuando no se esperó al debate de investidura que luego resultó fallido.
El pasado mes de julio el Constitucional recibió las alegaciones del Congreso, del Senado y del Gobierno. El Ejecutivo en funciones sostenía que no puede responder ante un Parlamento que no es el que le ha elegido y que, por tanto, no debe someterse a su control.
El Congreso y el Senado coincidían, pese a que la Cámara Alta está en manos del PP, en que el Gobierno en funciones puede ser controlado en las decisiones que adopte en esa condición y con esas limitaciones legales en sus competencias.
