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Nueve meses sin una sola ley

El Congreso sufre la parálisis más larga de la democracia. Los expertos advierten del incumplimiento constitucional que supone bloquear uno de los tres poderes del Estado

El salón de pasos perdidos del Congreso, vacío estos días. EL PAÍS VÍDEO

El poder legislativo sufre la parálisis más larga de la democracia. El Congreso de los Diputados no ha aprobado una ley desde hace nueve meses, y el Gobierno no se somete al control del Parlamento desde hace casi 10. Más de 2.500 preguntas de los diputados al Ejecutivo permanecen sin respuesta. Los expertos advierten del incumplimiento constitucional que supone bloquear uno de los tres poderes del Estado, que no está en funciones, y alertan de que pasará factura.

La última ley aprobada en el Congreso fue la de los Presupuestos generales para este año. La norma recibió el aval del Parlamento el 29 de octubre de 2015, hace ya algo más de nueve meses. Por primera vez desde la Transición, durante nueve meses no se ha aprobado una sola ley, el periodo más largo en la etapa democrática reciente. En el mismo tiempo —una semana más— el poder ejecutivo ha estado funcionado, aun en funciones, sin el control del legislativo. El 21 de octubre de 2015 se celebró la última sesión de control. El Gobierno de Mariano Rajoy se ha negado a someterse a la vigilancia del Congreso, provocando un conflicto institucional que tendrá que dirimir el Tribunal Constitucional. ¿Puede estar paralizado uno de los tres poderes?

La Constitución define que las Cortes representan al pueblo español, ejercen la potestad legislativa del Estado, aprueban sus Presupuestos y controlan la acción del Gobierno. Al menos tres funciones no se están cumpliendo.

“Es un incumplimiento constitucional”, sostiene con firmeza uno de los letrados del Congreso, Manuel Fernández Fontecha, jurista de la Cámara desde la legislatura constituyente, en 1977. “Las Cortes tienen todos sus poderes intactos. De otra forma, implicaría que como el Gobierno está en funciones, las Cortes están en funciones, y eso es totalmente erróneo”, subraya a EL PAÍS. “El artículo 66 de la Constitución no dice que las Cortes ejercerán la potestad legislativa cuando exista un Gobierno pleno; esa tesis no está en la Constitución”.

En la pasada legislatura, la Mesa del Congreso decidió que el Parlamento funcionara con algunas limitaciones, con el aval de un informe de los letrados de la Cámara. No obstante, el Gobierno de Rajoy rechazó someterse a todo control. Ni sus ministros ni sus altos cargos comparecieron a pesar de las reiteradas peticiones.Los expertos discrepan. “Es indiscutible. Usted está en funciones pero es Gobierno, tiene que dar explicaciones de lo que está haciendo”, considera el catedrático de Derecho Constitucional Javier Pérez Royo.

Al mismo tiempo, el Parlamento está ciego ante la acción del Gobierno en funciones más largo de la democracia. En lo que llevamos de parálisis los diputados han presentado más de 2.500 preguntas al Ejecutivo, que permanecen sin respuesta. En la web del Congreso pueden consultarse las archivadas, junto a las que aparece el término de “caducado”

El cambio político no se materializa

En las dos elecciones generales de diciembre y junio las urnas han elegido una mayoría parlamentaria nueva, por primera vez sin dominio del bipartidismo. Podemos y Ciudadanos irrumpieron en el Congreso, pero ninguna de las dos formaciones ha logrado aún cambios materiales de calado, porque el sistema ha entrado en una crisis que les ha impedido hacerlo. “La nueva mayoría en el Parlamento no se ha hecho patente por la falta de capacidad legislativa del Congreso”, lamenta Manuel Fernádez Fontecha, letrado del Congreso. La nueva realidad social que representan los dos partidos no se materializa: “El tiempo pasa y las circunstancias van cambiando, y el país real se queda fuera”.

¿Qué significa esta parálisis? “Es una situación constitucionalmente mucho más preocupante de lo que parece”, sostiene el letrado de las Cortes. “Estamos sentando el precedente de que porque haya un Gobierno en funciones queda en suspenso el orden constitucional de competencias, las funciones constitucionales clave”, alerta. “En la práctica estamos en una democracia que no está completa. Para nada es el paradigma europeo. Hay una descompensación en el sistema de equilibrios del Estado si el Gobierno no está controlado, un desequilibrio entre el ejecutivo y el legislativo”, reflexiona.

Los efectos jurídicos son claros, pero también los sociales. “La Cámara no ha estado en condiciones de elaborar leyes que son necesarias”, considera Alberto López Basaguren, catedrático de Derecho Constitucional. “El sistema político español tiene tres grandes problemas: la corrupción, que es posible por un entorno normativo determinado; el desprestigio institucional, con el nombramiento en los órganos de control de personalidades cuya cualidad es la fidelidad política; y la cuestión catalana, a la que no afronta más allá del límite de la legalidad desde 2012, y que exige profundas reformas del sistema autonómico. En este ámbito la parálisis de la Cámara es muy preocupante y muy grave. En al menos dos de estos grandes problemas son necesarias medidas legislativas”.

No hay nuevas leyes y tampoco es posible modificar las anteriores. “A mi juicio hace falta corregir parte de la actividad legislativa de periodo anterior, como la Ley mordaza, la de la justicia universal o la reforma del Código Penal con la prisión permanente revisable”, apunta el juez Ignacio González Vega, portavoz de la Asociación de Jueces para la democracia.

Los efectos más importantes, creen los expertos, se percibirán a medio plazo. “Las consecuencias de un sistema en estado de congelación en un país que tiene problemas tan importantes van a ser muy graves”, advierte el constitucionalista Basaguren. “No es cierto que se pueda estar sin Gobierno. Los efectos se notan a medio plazo y cuando se notan son irreversibles. El sistema económico belga cambió y lo que supuso esos casi dos años fue terrorífico. En España este periodo lo vamos a pagar”, concluye.