El Congreso busca los últimos acuerdos para echar a andar
La Cámara aborda la ubicación de los grupos y la composición de la Diputación Permanente
El Congreso de los Diputados buscará este martes los últimos acuerdos para ponerse en marcha aun con un Gobierno en funciones. La Mesa y la Junta de Portavoces de la Cámara baja tienen previsto pronunciarse sobre algunas cuestiones de funcionamiento del Parlamento que en la pasada legislatura provocaron sonados enfrentamientos, por ejemplo, entre el PSOE y Podemos. Estos órganos están llamados a decidir sobre la ubicación de los diputados en las bancadas del hemiciclo, el reparto de las oficinas o la composición de la Diputación Permanente.
El presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, todavía no tiene fecha de investidura ni ha aclarado si, finalmente, se someterá al examen del Parlamento. Pero, al igual que en la anterior legislatura, el Congreso tiene las facultades para echar a andar aun con funciones limitadas. En cualquier caso, antes de nada debe resolver algunos asuntos de organización interna, necesarios para el desarrollo del trabajo parlamentario. Desde cuestiones logísticas como la distribución de los despachos y de las dependencias de los grupos hasta decisiones de importancia simbólica como los escaños en los que se sientan los diputados. En enero, los socialistas y Podemos protagonizaron un agrio choque porque inicialmente la Mesa, donde el PSOE y Ciudadanos tenían mayoría, envió al partido de Pablo Iglesias al gallinero,a partir de la cuarta fila, aunque finalmente el órgano rector de la Cámara rectificó.
Ahora el motivo de conflicto puede ser otro. Esta legislatura tiene un grupo menos que la anterior. La semana pasada el Congreso rechazó las alegaciones de la antigua Convergència y dejó a la formación independentista sin grupo. Sus ocho diputados pasaron al Grupo Mixto y, salvo que la Mesa decida lo contrario, dejarán un hueco en la tercera fila de la bancada central, en un lugar con mucha visibilidad entre los escaños que ocupaban Podemos y Ciudadanos. Además. Esquerra Republicana de Catalunya, con un grupo de nueve parlamentarios sentados en la misma fila, también aspira a mejorar su presencia en el hemiciclo.
Un recurso antes de ir al Constitucional
La Mesa del Congreso de los Diputados analizará en las próximas semanas el recurso anunciado por la antigua Convergència —ahora, Partit Demòcrata Català— después de que el órgano rector de la Cámara baja le negara la semana pasada, con el único voto en contra de Ciudadanos, constituirse en grupo parlamentario propio.
Tras el último dictamen de la Mesa, la formación independentista catalana llevará la defensa de su demanda hasta el Tribunal Constitucional. Lo mismo hará en el caso del Senado, donde tampoco tendrá grupo por primera vez desde las Cortes Constituyentes.
La Mesa establecerá también la composición de la Diputación Permanente y de las comisiones. Este órgano es necesario para que el Congreso comience a trabajar porque sustituye al Pleno cuando no se reúne en los periodos ordinarios de sesiones. La formarán al menos 21 diputados y estará presidida por Ana Pastor, presidenta de la Cámara baja.
“El tiempo del diálogo”
La exministra de Fomento está a la espera de que Rajoy avance en las negociaciones para tratar de formar Gobierno. “Este es el tiempo de que el candidato dialogue con el resto de los partidos para que pueda haber Gobierno lo antes posible”, señaló. Esta circunstancia y los vetos de las distintas formaciones prolongan el bloqueo institucional en el que se encuentra el Parlamento desde hace un año. En cualquier caso, algunos partidos tratan de dar una imagen de proactividad con la presentación de iniciativas parlamentarias.
Ayer mismo, el PSOE presentó 16 nuevas medidas —en total ha alcanzado 134 proposiciones y solicitudes en 20 días, situándose por delante de las demás fuerzas— que se quedarán en agua de borrajas si finalmente no hay Gobierno. Entre las propuestas socialistas presentadas figuran iniciativas dirigidas a revertir algunas reformas aprobadas por el PP, como la ley de tasas judiciales y la limitación de la justicia universal. El PSOE pide además abordar una reforma de la regulación del Gobierno en funciones para definir su alcance “con el fin de saber lo que puede y no puede hacer y cómo debe someterse a control”.
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