La cúpula policial, aliviada con la jubilación del comisario Villarejo
Los agentes esperasn que se ponga fin a la llamada "guerra de comisarios" en los tribunales
La jubilación del comisario José Manuel Villarejo —que está siendo investigado por su relación con una grabación a policías y agentes del CNI en una pieza derivada del caso del pequeño Nicolás— ha sido acogida con alivio por la cúpula policial. Los agentes aún miran con preocupación la "guerra de comisarios" que se dirime en los tribunales y de la que temen que pueda tener su traslación al Congreso de los Diputados.
La retirada de la primera línea de Villarejo este 4 de agosto se une a la de otros altos mandos de la policía, como el exdirector adjunto Operativo (DAO) Eugenio Pino o el exresponsable de la Policía Judicial José Santiago Sánchez Aparicio, en ambos casos hombres de la máxima confianza del ministro del Interior en funciones, Jorge Fernández Díaz. A todos ellos se los considera miembros de la llamada "policía patriótica", un grupo de agentes presuntamente al servicio de los intereses políticos del Gobierno de turno.
El estamento policial espera cerrar una etapa en la que son conscientes de que se ha vivido una "progresiva politización" que ha afectado a su imagen de profesionalidad y lamentan la circulación de informes extrajudiciales y la creación de bandos, informa Europa Press.
Con las jubilaciones de Villarejo y otros veteranos, la policía guarda la esperanza de abrir una nueva etapa cuando se forme Gobierno, aunque la mayoría de los sindicatos policiales mantienen su escepticismo atendiendo a la asignación de comisarios principales y la "excesiva opacidad" en la elección de la escala superior, ya que consideran que debe ser elegida por criterios "estrictamente profesionales".
La sombra de Villarejo se proyecta sobre las idas y venidas entre su servicio público como "agente encubierto", según su propia definición, y sus actividades privadas. El juez Arturo Zamarriego, que instruye el caso Nicolay reclamó a la Dirección General de la Policía que le informara sobre si este comisario se encuentra "en el régimen de clases pasivas del Estado y desde qué fecha".
En 2015, EL PAÍS desveló que Villarejo se había granjeado una fortuna gracias a sus participaciones en doce sociedades con un capital de al menos 16 millones de euros, lo que derivó en una investigación sobre una posible incompatibilidad con el régimen disciplinario.
Poco después se filtró una grabación de un encuentro con el entonces presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, con quien trató sobre cuestiones relacionadas con un ático que disfrutaba este dirigente del PP en Estepona (Málaga). El nombre de Villarejo también apareció en la disputa judicial entre la doctora Elisa Pinto y el empresario Javier López Madrid.
Defendido por diferentes Gobiernos, Villarejo ha contado también con el respaldo público de Fernández Díaz, que se mostró convencido de que actuaba de acuerdo a la legalidad. "El comisario Villarejo ha prestado relevantes servicios, y es mi obligación decirlo, en la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado y eso no se puede olvidar en ningún momento", subrayó el ministro.
