Convergència pierde más de tres millones de euros en asignaciones
La formación verá limitado su derecho a contratar personal remunerado por la Cámara baja
La pérdida de grupo propio en el Congreso tiene para la antigua Convergència, ahora Partit Demòcrata Català, consecuencias no solo políticas. La formación nacionalista perderá más de tres millones de euros en asignaciones y verá limitado su derecho a contratar personal remunerado por la Cámara baja, que en la pasada legislatura fueron seis asistentes. La situación supone un golpe para las finanzas de CDC, que acaba de mudarse de sede y está en pleno divorcio con Unió.
El reglamento del Congreso establece, desde el presupuesto aprobado en 2010, que a cada grupo parlamentario le corresponden 28.597 euros mensuales y una cuantía variable que depende del número de diputados. Convergència, con ocho representantes, hubiera percibido 1.645 euros mensuales por cada uno de ellos.
La suma de esas cantidades supera los 500.000 anuales. Es decir, en una legislatura de cuatro años el partido encabezado en Madrid por Francesc Homs hubiera obtenido más de dos millones de euros. A esa cifra hay que añadirle la subvención electoral que el Estado solo concede a las formaciones que logren formar grupo parlamentario en el Congreso y en el Senado para compensar el mailing. Se trata de una asignación que, partiendo de la base de los votantes que Convergència logró en las elecciones del pasado 26 de junio, rondaría el millón de euros.
La formación perderá también peso político al no poder recurrir a todas las prerrogativas a las que tienen derecho los grupos: iniciativas, proyección y tiempo en los debates importantes o un puesto asegurado en la Junta de Portavoces. Homs aceptó que la decisión es dura porque a su juicio tiene la intención de limitar la actividad parlamentaria de ocho diputados. Pero avisó de que son escaños clave.
La decisión supone un varapalo para las finanzas de Convergència, que acaba de vender su histórica sede de la calle de Còrsega de Barcelona para mudarse a otra más discreta y más funcional de la calle de Provença de la ciudad. La venta se realizó para sanear sus finanzas hipotecadas, además, por el embargo de varias sedes por el caso Palau de la Música.
Según el último informe del Tribunal de Cuentas, de 2013, Convergència debe a los bancos 4,4 millones de euros, muy lejos, en todo caso, de los 64 millones que debe el PSOE, los 40 del PP; los 21 del PNV, 17 de Unió o los 13 del PSC, que acaba de vender su sede. Pero la cifra de 4,4 millones puede parecer maquillada sino le suma la cifra de 9 millones que debía CiU.
Divorcio de Unió
Precisamente, el divorcio entre Unió y Convergència también ha tenido repercusión en la deuda. La separación no está siendo nada fácil. Unió ya se vio abocada la semana pasada al concurso de acreedores al no llegar a un acuerdo sobre sus deudas. Los convergentes les reclaman, además, 1,8 millones de euros en concepto del gasto de la campaña de las municipales de 2015, la última en la que concurrieron unidos.
Los democristianos, que recibieron un requerimiento notarial para que cancelaran el pago, no reconocen esa deuda. Convergència decidió hace meses renunciar a las donaciones privadas después de haberse visto envuelta en múltiples casos de irregularidades de empresas que habían recibido contratos públicos a cambios de aportaciones a las fundaciones del partido. Y eso también le ha privado de nuevos ingresos que se añaden a la decisión del Congreso y a la situación en el mismo Parlament donde tiene que compartir los emolumentos en Junts pel Sí.
