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Tuits que disparan balas

Las amenazas de muerte sufridas por el portavoz de Ciudadanos en Twitter provocan que los partidos reabran el debate sobre el acoso en las redes

Juan José Mateo
Juan Carlos Girauta y Albert Rivera, en una imagen de archivo.
Juan Carlos Girauta y Albert Rivera, en una imagen de archivo. J. J. Guillén (EFE)

“Lamento decirle que será usted una víctima, tiene sus horas contadas”. Juan Carlos Girauta, portavoz de Ciudadanos, es la última figura pública amenazada con anónimos en las redes sociales. Una pistola ilustraba el primer mensaje. Al segundo le acompañaban varios insultos. Ni siquiera el anuncio de sendas denuncias ante la Policía y la Guardia Civil detuvo al acosador: “Ya estoy cerca”, contestó, acompañando el aviso con la foto de un fusil. Los partidos sostienen que las amenazas que sufren sus representantes han aumentado a raíz del bloqueo en las negociaciones para formar gobierno; plantean la necesidad de impartir “ética digital” en los colegios; y reflexionan sobre si hay que impulsar un organismo supranacional en Europa que permita dialogar con las compañías internacionales de Internet, que no siempre proporcionan de inmediato los datos de los clientes que se esconden tras los seudónimos que insultan.

“La impunidad es aparente, por el anonimato que permiten las redes sociales, pero hay posibilidad de actuar”, valora José Manuel Villegas, vicesecretario general de Ciudadanos. “Nosotros ponemos esto en manos de quien tiene mecanismos para investigar y evitar esa impunidad, que es la Guardia civil y la Policía, con equipos especializados”, sigue. "Lo que hay que hacer es agilizar esos mecanismos y asegurarnos de que las compañías colaboran con las autoridades", añade. "Las redes sociales son un mundo global, y los organismos que tienen que velar por el cumplimiento de las leyes son locales. Hay que buscar organismos supranacionales para realizar estas gestiones y resolver con cierta agilidad las diferencias en el caso de que las haya".

“En todo lo que tiene que ver con lo digital creemos que tiene que haber un mercado único: de derechos, de ciberseguridad…”, coincide María González Veracruz, Secretaria de Ciencia, Participación y Política en Red del PSOE. “Tiene que haber medidas globales a nivel europeo, y poco a poco a nivel mundial”, subraya. “También hay que abordar en una reforma judicial los ritmos [de instrucción] que tienen que tener en cuenta el nuevo paradigma digital”.

La Policía reconoce que es difícil perseguir estos delitos. Más de 50 personas han sido detenidas en España por apología del terrorismo en las redes, pero las detenciones por amenazas y acoso se enfrenta a un problema de carácter temporal. Cuando el mensaje va dirigido a un personaje público, suele tener repercusión. El autor reacciona borrándolo. Y sin una copia, o pantallazo, no hay prueba. Las compañías, además, no siempre colaboran en la identificación de los autores. Una vez presentada la denuncia, el proceso se puede alargar durante meses, con comisiones rogatorias de tribunales españoles dirigidas a jueces estadounidenses para tener acceso a los datos de las cuentas desde las que se lanzan los ataques.

“Disponemos de los instrumentos legales, pero la colaboración de Estados Unidos y las empresas de internet no es fácil”, dice el magistrado Ignacio González Vega, portavoz de Jueces para la democracia. “A veces no colaboran de buena gana”, añade “Hay muchos casos que quedan en nada: crean una cuenta, inmediatamente la borran, y el seguimiento de esos perfiles resulta complicado”, sigue. Y recuerda: “Si esto fuera una intervención de un teléfono, como era lo clásico… ahora es identificar una IP a través de una empresa que está en EEUU. Es la complejidad del mundo actual”.

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“La gente debería poder expresar opiniones y creencias diversas en Twitter, y estamos comprometidos con dejar que fluyan los tuits, pero nadie se merece ser sometido a abuso online. Nuestras reglas prohíben incitar o participar del abuso o acoso a otras personas”, opina una portavoz de esta compañía. “Estamos invirtiendo en nuestras herramientas y sistemas para mejorar nuestra capacidad de identificar y actuar más rápidamente sobre esos abusos, e impedir la reincidencia”.

En 2015, las autoridades españolas realizaron 125 peticiones de datos a Twitter, según el Informe de Transparencia de la compañía par España. Esta empresa dio algún tipo de información en el 50% de los casos. En España no abundan los casos de identificaciones positivas por amenazas a personajes públicos, aunque los ha habido. Por ejemplo, en 2014 hubo al menos tres detenidos por amenazas a políticos a través de Twitter, incluido uno que celebraba el asesinato de Isabel Carrasco, presidenta de la Diputación de León, y pedía “¡Más tiros a la cabeza de PPeros [sic]!”. También ha habido detenidos por acosar a periodistas y presentadoras de televisión.

¿Cómo solucionar el problema a largo plazo? “Probablemente sea una cuestión que empiece en la educación”, contesta Pablo Casado, vicesecretario de Comunicación del PP. “El nivel de crispación social, sobre todo en lo referido a la política, es irrespirable. El grado de insulto, de spam y automatización hace imposible que (la conversación) sea audible”, sigue. “Esa crispación se amplifica en la red por el anonimato”, añade.

El PP, el PSOE, Podemos y Ciudadanos coinciden en que hay que atacar el problema en la raíz. Combatirlo en las aulas. Borrar la frontera entre lo virtual y lo real para acabar con la ilusión de que insultar y amenazar con un tuit es menos grave que hacerlo a través de una carta. Luchar contra la despersonalización del otro que provoca la pantalla. En definitiva, aplicar a Internet las mismas reglas sociales que rigen fuera.

“Si las redes sociales son un nuevo escenario de relaciones sociales, hay que tomárselo en serio y hay que exigir el mismo respeto que en cualquier otro”, razona Clara Serra, responsable de Igualdad y diputada en Madrid de Podemos, que denuncia el acoso machista al que son sometidas muchas políticas en las redes. “Iría por el lado cultural y el educativo, por una educación para todos que haga que nos avergoncemos colectivamente de determinadas actitudes”, añade. “No se trata tanto de prohibir como de buscar soluciones. Hay leyes para denunciar estas cosas, que tienen su cauce, pero hay una cuestión cultural fundamental. Los políticos podemos trabajar en esta línea, la del rechazo social, oponiéndonos de forma colectiva a determinadas actitudes”.

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Sobre la firma

Juan José Mateo
Es redactor de la sección de Madrid y está especializado en información política. Trabaja en el EL PAÍS desde 2005. Es licenciado en Historia por la Universidad Complutense de Madrid y Máster en Periodismo por la Escuela UAM / EL PAÍS.

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