Las autonomías gastaron 1.578 millones en política exterior en plena crisis
El Tribunal de Cuentas cuestiona el control de las comunidades a las ayudas a ONG
La factura de la política exterior de las autonomías sumó 1.578 millones de euros entre 2011 y 2014. Andalucía (449,7 millones), País Vasco (247,7) y Cataluña (202) encabezaron las comunidades que más gastaron en este periodo en delegaciones comerciales en el extranjero y subvenciones a la cooperación internacional, según un informe del Tribunal de Cuentas al que ha tenido acceso EL PAÍS. El primer puesto de Andalucía responde a la inversión en políticas de cooperación al desarrollo y promoción comercial, según fuentes del organismo.
El mayor dispendio del gasto en proyección exterior y ayudas llegó el cuarto año de la crisis, 2012. Fue el ejercicio de los hombres de negro: España pidió un auxilio bancario a Europa de 100.000 millones. Y la Comunidad Valenciana, Región de Murcia y Cataluña solicitaron el rescate al Gobierno. En paralelo, el presupuesto de las 17 autonomías para venderse y potenciar su imagen de marca fuera del territorio sumó ese año 1.050 millones, según el fiscalizador.
El Tribunal de Cuentas destaca que las delegaciones en el exterior costaron al erario público 50,7 millones entre 2011 y 2014. Cataluña concentró la mitad de estas instalaciones (25) seguida del País Vasco (7).
Navarra no colabora con el Tribunal de Cuentas
“La Comunidad Foral de Navarra se ha negado a facilitar la información y la documentación requerida”. El Tribunal de Cuentas se despacha en estos términos sobre la postura de la autonomía de no proveer al organismo fiscalizador los datos para su informe sobre los fondos destinados a la internacionalización de empresas entre 2011 y 2014. Yolanda Barcina, de Unión del Pueblo Navarro (UPN), presidía entonces la autonomía.
El Tribunal de Cuentas advierte de que avisará del comportamiento de Navarra al Congreso de los Diputados y al Senado. “El incumplimiento del deber de colaboración se pondrá en conocimiento de las Cortes Generales […], sin perjuicio de la posible responsabilidad penal por delito de desobediencia prevista, igualmente, en el artículo 30.5”.
El supervisor arremete contra los sistemas de control autonómicos de las ayudas a la cooperación internacional. Las comunidades reservaron a esta partida entre 2011 y 2014 un total de 648,6 millones. El 87 % del dinero fue a parar a organizaciones no gubernamentales (ONG), “sin que conste en el proyecto que se haya realizado comprobación alguna sobre la concesión y justificación de las subvenciones”, se queja el Tribunal de Cuentas.
El organismo subraya la paradoja de que, en la mayoría de los casos, la red exterior de las comunidades se solapa con la Administración General del Estado. Cataluña (29) encabezó las delegaciones comerciales en el exterior seguida del País Vasco (13) entre 2011 y 2014.
El Tribunal de Cuentas denuncia que ocho comunidades autónomas -que no identifica- carecían de plan estratégico de subvenciones para empresas que salen al exterior. Y aprecia “justificación insuficiente” en ayudas en esta área concedidas por Canarias, Cataluña, País Vasco y Región de Murcia.
El fiscalizador reconoce que no detecta “deficiencias significativas” en las subvenciones firmadas entre 2011 y 2014 por Aragón, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla-León, Extremadura, Galicia, Baleares, La Rioja, Asturias y Comunidad Valenciana.
La institución incide en clave política en que las autonomías “deben respetar los principios de unidad de acción en el exterior, lealtad institucional y coordinación”. Y advierte de que las comunidades no pueden obstruir la política exterior del Gobierno.
